Lo camuflen como lo camuflen, lo sucedido con la Aguirre y los policías madrileños que fueron a multarla, convertido en repugnante sainete castizo, invita no ya a la sospecha, sino a afirmar con rotundidad que en este país hace mucho que la ley dejó de ser igual para todos. Tal vez no lo fue nunca y esa conquista social sigue pendiente. Mientras tanto nadie nos puede convencer de que la exigencia del cumplimiento de las leyes es igual para todos.
El juez encargado de valorar la chulería taurina y plenamente española de la condesa de Murillo, dice que son constitutivos de una falta penal, no de un delito, antes incluso de recabar, reunir y valorar todos los testimonios de unos hechos que todavía anda reclamando sin que sepa con qué objeto preciso. Una falta. Sin más.
La benevolencia de este magistrado resulta asombrosa, sobre todo cuando el ciudadano ha tenido en los últimos años reiteradas ocasiones de comprobar con qué extrema dureza se tratan sus encontronazos, verdaderos o falsos, con esa misma policía que la política del Partido Popular ha burlado en las calles madrileñas y desde el interior de su casa palaciega.
El juez puede decir lo que quiera, que para eso sacó unas oposiciones, lleva toga y está provisto de una autoridad legal que debemos temer (el respeto es otra cosa); pero a estas alturas no hay quien no piense que si él fuera el autor del atropello, hace mucho que habría sido denunciado y procesado por ese mismo juez benévolo y castizo, y probablemente condenado de inmediato por la serie de delitos habituales con los que se agasaja a la ciudadanía que tiene el capricho de reclamar sus derechos: resistencia, desobediencia y atentado... a la autoridad. Delitos por cierto que tras unos sonrojantes juicios rápidos dejan antecedentes, multas cuantiosas, y entre medio muy probablemente malos tratos de los que acaba de denunciar Amnistía Internacional y que ni siquiera se investigan creando un estado de impunidad autoritaria y abuso al ciudadano: miedo.
En su informe España: El derecho a protestar, amenazado, Amnistía Internacional acaba de acusar al Gobierno español de utilizar a su Policía y a un sistema legal hecho sobre la marcha y a la medida de su voluntad autoritaria, para limitar de muy seria manera libertades y derechos individuales, protegidos, por otra parte, por la Constitución, haciendo de esta papel mojado, algo inservible, un sarcasmo. Amnistía Internacional acusa en la práctica al Gobierno del Partido Popular de instaurar un régimen policiaco cada vez menos encubierto que protege no intereses gene-rales, sino un mundo económico y financiero de amos y de siervos, un auténtico coso en el que el ciudadano que no se deja torear con gusto y rejonear para capricho del tendido, es un mal español.
Amnistía Internacional deja constancia de algo que es del dominio público, tanto para aquella parte de la ciudadanía que lo aplaude con fervor como para aquella otra que lo padece impotente, atemorizada, inerme: el alarmante aumento de las multas indiscriminadas y arbitrarias, y de las denuncias falsas contra manifestantes que no siempre los jueces advierten. Y junto a lo anterior, los abusos policiales que no se investigan ni tienen consecuencia alguna porque gozan de cobertura judicial y mediática. Claro que esto lo denuncia Amnistía Internacional y estos ya se sabe: rojos, separatistas, etarras, antisistema... etcétera.
Este es el clima adverso en el que el ciudadano vive y va viendo, con más impotencia que alarma, cómo casos flagrantes de abusos cometidos por miembros de la casta dirigente quedan impunes o castigados de manera simbólica; o como se procesa a jueces con el testimonio de quienes deberían ser severamente castigados por la gravedad de los hechos cometido, como sucede con Blesa, el banquero ful, y sus preferentes. No es que haya que hablar de una justicia de dos velocidades, sino de auténtica impunidad de casta y clase, de todo un sistema, pensado y organizado con minucia, para que la criminalización y el castigo caiga sobre una clase social menos favorecida económicamente, menos poderosa, a la que, encima, se le arrebata el derecho a la protesta. Algo más, desde luego, que una grosera desigualdad ante la ley, ya vieja, milenaria llevada desde antiguo al escenario del guiñol burlesco.
Miguel Sánchez-Ostiz, en Diario de Noticias
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