Si algo quedó claro ayer tras la comparecencia del alcalde de Olite, Fran Legaz (UPN), en la comisión de Fomento del Parlamento de Navarra es que ni el Consistorio ni los parlamentarios son capaces de hallar una solución que zanje los problemas derivados de la construcción de la urbanización conocida popularmente como La Moraleja.
El conflicto entre Ayun-tamiento y una veintena de propietarios se remonta seis años atrás, cuando la entonces alcaldesa y actual parlamentaria del PSN, María del Carmen Ochoa Canela, optó por acometer la obra, con el apoyo de UPN y NaBai, mediante el sistema de cooperación, una fórmula por la que la administración ejecuta la urbanización con cargo a los propietarios, a quienes convierte en promotores a la fuerza. Los vecinos, al no poder hacer frente a las obligaciones de pago, han trasladado el problema al Ayuntamiento, que tiene una deuda de 5,3 millones de euros (dos a causa de La Moraleja) que no saldará hasta 2035. Aunque los afectados proponen que les "expropien las tierras a un precio justo y nos liberen de este atropello", el primer edil no lo ve "viable". Pese a entender a los propietarios, quienes "sin comerlo ni beberlo" se han visto abocados a esta situación, Legaz reconoció que no tiene "una varita mágica" para solucionar el conflicto. "Es una decisión que se tomó y, acertada o no acertada, ahí está. Si pudiéramos volver a 2006 igual no se haría" confesó.
Dada la envergadura del problema, que afecta gravemente a las arcas municipales, pidió a los grupos parlamentarios "alguna fórmula" para acabar con esta "lacra". Asimismo, añadió que "si los propietarios tienen interés en llegar a una solución, el Ayuntamiento no se interpondrá, pero en una negociación deben ceder las dos partes". "A futuro", concluyó, "puede ser una buena oportunidad para los propietarios, no me queda la menor duda, pero hay que soportar el tirón".
Aunque todos los grupos parlamentarios, sin excepción, se mostraron cooperadores y animaron a las partes a que se sienten a negociar, ninguno aportó ideas concretas. María Vitoria Castillo (UPN), propuso "aplazar los pagos", a lo que Legaz le contestó que para ello los propietarios "tienen que asumir la deuda". Maite Esporrín (PSN), admitió que "a día de hoy no se percibe con claridad cuál puede ser la solución". Koldo Amezketa (Bildu) explicó que "todo es consecuencia de la especulación inmobiliaria" y que "aquí lo que ha pasado es que había un lucro esperado que no ha llegado porque ha cambiado el mercado".
Txentxo Jiménez (Aralar), subrayó que el Ayuntamiento, como responsable político de la gestión municipal, no puede mirar para el otro lado cuando "se embarcó en una aventura arrastrando forzadamente a los vecinos". Eloy Villanueva (PPN) defendió que el "problema lo ha creado una institución y es justo que sea ella quien lo resuelva". Por último Txema Mauleón (I-E), criticó el sistema utilizado y tildó de "fracaso" el estudio de viabilidad del proyecto.
Los vecinos han recurrido, precisamente, esta cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y están a la espera de juicio. Creen que el proyecto "carecía de un estudio económico consistente".
Diario de Noticias
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