Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) mercenario es aquel “que percibe un salario o una paga por sus servicios”. Dicho esto, y sin ánimo de acritud, dejo constancia del estupor que produce saber que los guardias jurados podrán actuar como policías. No exactamente, pero muy parecido.
La Ley de Seguridad Privada, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular con el apoyo de CiU, deja en manos de mercenarios privados funciones para las que en absoluto están preparados. De alguna manera esta ley complementa la también contestada Ley de Seguridad Ciudadana. Es el otro lado de la teneza ideada para reprimir cualquier tipo de rebeldía. El particular sello de un Partido Popular que quiere tomar la calle al modo y manera de un Fraga Iribarne cuando dijo: "la calle es mía".
Jorge Fernández Díaz, además de pasar a la historia como ministro de Interior, dejará su huella como el represor por excelencia. A la ley mordaza, que deja a los pies de los caballos a quien hace de la protesta un gesto desafiante hacia el gobierno, se une esta otra señal que da luz a un indudable despropósito que solo tiene sentido si se observa desde un doble punto de vista.
El primero de esos puntos de vista es que el ratio de mercenarios por habitante se va a elevar a igual ritmo que ceden nuestras libertades. A la presencia de los agentes de la Policía Nacional se unirá un ejército de 80.000 vigilantes que están mal pagados, tienen sus derechos laborales más que limitados y están sujetos a horarios laborales.
El siguiente paso será el recorte de los mercenarios públicos y engordar las arcas de esas 1.400 empresas de seguridad que esperan hambrientas que la ley salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que en junio disfrutemos del nuevo paisaje.
Los mercenarios que asoman por la proa podrán desempeñar actuaciones hasta ahora propias de los agentes (pedir documentación, vigilar determinados espacios, actuar contra manifestaciones convocadas, por ejemplo ante un comercio que trafica con trabajadores asiáticos para obtener pingües beneficios).
A estas alturas de la madrugada tengo la curiosidad de cuál puede ser la reacción de esos 1.700 agentes desplegados en Madrid con motivo de la Marcha de la Dignidad. Porque el destino de muchos de ellos es el paro. Si. Al puto paro porque la seguridad pública seguirá el mismo camino que la enseñanza, la sanidad, etc. La seguridad privada es ya un chollo para empresarios y adinerados como Bill Gates. Hace un par de semanas el simpático mecenas invirtió en Prosegur y se hizo con el 3% del empresariado.
Otra curiosidad sobrevenida, si se manifiestan los mercenarios de azul en defensa de sus puestos de trabajo ¿serán los seguratas quienes tengan que disolverlos?
Manu Larramendi, en El Sillón Informativo
No hay comentarios:
Publicar un comentario