Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento foral concluye que el Gobierno de Navarra no puede escudarse en algo "fácilmente remediable" como es la vulneración de la Ley de Protección de Datos para no cumplir con el derecho a la información y documentación de los parlamentarios forales.
Así lo recoge el informe jurídico elaborado a petición de Bildu, después de que el Gobierno foral se negara a facilitar la información relacionada con el contrato suscrito por el Ejecutivo con la empresa Los Arcos Motorsport para el arrendamiento del Circuito de Los Arcos.
El parlamentario Koldo Amezketa había solicitado información al Gobierno de Navarra sobre el precontrato y contrato de arrendamiento del Circuito de Los Arcos suscrito con la empresa Los Arcos Motorsport, información que el Gobierno no facilitó por "imposibilidad legal" de atender la petición.
La razón esgrimida por el Gobierno fue que en el precontrato y en el contrato de arrendamiento había "un compromiso de confidencialidad de los citados documentos que afecta a las partes que formalizaron el documento".
El informe conocido hoy por la Junta de Portavoces del Parlamento concluye que "respecto a la denegación de la solicitud de información, al amparo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, formalmente y aunque sea escuetamente, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.3 del Reglamento del Parlamento, al expresarse 'las razones fundadas en Derecho' que justifican la denegación de la información".
Sin embargo, sostiene que "no cabe oponer como óbice legal la protección de datos de carácter personal, según lo expuesto en las consideraciones del informe, por considerar que es posible la transmisión de información de datos personales a los parlamentarios en respuesta al ejercicio de su derecho a la información y documentación garantizado constitucional y legalmente, sin el consentimiento de sus titulares".
En este sentido, señala que la discrepancia jurídica entre el Parlamento y el Gobierno respecto al necesario consentimiento previo a la cesión de datos "resulta estéril cuando es fácilmente remediable mediante la despersonalización de la información, omitiendo datos personales del precontrato y su entrega al Parlamentario Foral con plena satisfacción de su derecho".
El contrato de arrendamiento contenía una cláusula de confidencialidad, en relación con la cual el informe jurídico concluye que no puede considerarse una razón fundada en derecho por no tener amparo legal en los supuestos examinados de confidencialidad para la protección de intereses económicos, técnicos industriales o comerciales.
Y es que, según añade, se funda "exclusivamente en la libre voluntad contractual de las partes, que no cabe oponer frente al derecho a la información y documentación de los parlamentarios forales".
Tras conocer el informe la portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, ha sostenido que es el segundo informe que "en una semana saca los colores al Gobierno".
Ruiz, quien ha remarcado que "no cabe oponer el derecho a la información cuando se habla de interés público con una cláusula de confidencialidad", ha concluido que "una vez más falta transparencia".
Este es "un intento claro de ocultación a las operaciones que realiza el Gobierno", según Ruiz, quien ha pedido que "nadie se lleve las manos a la cabeza cuando oye hablar de amiguismo y clientelismo".
Diario de Noticias
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