domingo, 29 de junio de 2014

400 CASOS SERÁN EVALUADOS POR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA TORTURA EN EUSKADI

El Proyecto de Investigación de la Tortura en Euskadi entre los años 1960 y 2010 que pretende dar voz a las víctimas de los malos tratos está a las puertas de empezar a tomar cuerpo. La investigación es una de las iniciativas del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco que pretende “la clarificación del pasado” y que defiende que “no se puede construir el futuro como si nada hubiera ocurrido en el pasado”.Tras anunciar el pasado mes de marzo la Dirección de Víctimas del ejecutivo de Lakua que encargaría a un grupo de profesionales independientes la elaboración de un estudio riguroso sobre los casos de torturas que se han producido en este país durante medio siglo, el equipo liderado por el reputado forense Francisco Etxeberria ha presentado esta semana la metodología con la que va a trabajar a la Secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo de Urkullu. El trabajo estará completado para la segunda mitad de 2016 y del mismo se desprenderá la incidencia real de la tortura en Euskadi durante los años postreros del franquismo, la Transición y la democracia. A partir de ahí, se establecerán las conclusiones en materia de reconocimiento y reparación de los casos pasados y prevención de los futuros.

El estudio se concretará en primer lugar en un censo en el que se incluirán el número de casos de tortura que se han producido desde 1960 y hasta prácticamente la fecha del anuncio de ETA de que ponía fin a su actividad armada. El listado se desgranará por sexo, edad, territorio de la detención del supuesto torturado, motivo del arresto, situación legal tras la detención y cuerpo policial que la practicó.

De ese listado se pondrá la lupa sobre varios casos -entre doscientos y cuatrocientos- seleccionados “de forma representativa de entre las denuncias recogidas”. Estos casos serán objeto de análisis minucioso y permitirán su esclarecimiento en el mejor de las casos, así como extraer las primeras grandes conclusiones. Esta parte del trabajo se hará a través de entrevistas que proporcionarán información sobre el grado de consistencia de los testimonios, otras pruebas documentales y el examen médico o psicológico de las secuelas y los relatos.

Adicionalmente, de ese grupo se hará un estudio cualitativo y específico de entre 30 y 50 denuncias registradas para conocer la “experiencia humana de las víctimas, las consecuencias sufridas, las respuestas sociales e institucionales recibidas y el impacto en la vida de las víctimas”. Se trata de uno de los aspectos más complicados del estudio ya que la cuestión de la tortura, en el caso de los detenidos de ETA, siempre se ha prestado a la controversia, ya que los militantes de la banda han recibido la consigna de denunciar torturas durante su paso por las dependencias policiales, lo que unido al régimen de incomunicación que se les imponía y la opacidad policial ha dificultado en la mayoría de los casos reconocer la veracidad de la denuncia.

Con todas estas investigaciones se redactará el informe final con unas conclusiones y recomendaciones basadas en los estándares internacionales en vigor en materia de tortura y malos tratos. Básicamente se apoya en una metodología de evaluación pericial descrita en el denominado Protocolo de Estambul, avalado por las Naciones Unidas, que proporciona directrices reconocidas internacionalmente por los expertos médicos y legales sobre cómo determinar si una persona ha sido torturada.

Además de Etxeberria, el equipo investigador está formado por Benito Moretin, también médico especialista en medicina legal y forense; Carlos Martín Beristain, médico especialista en psicología de la salud; y Laura Pego, investigadora del Instituto Vasco de Criminología, entidad que respalda el proyecto. El presupuesto destinado a esta investigación es de 42.000 euros. El documento que contiene el proyecto de investigación fue remitido ayer a los grupos parlamentarios y también se ha dirigido al Comité de Prevención contra la Tortura del Consejo de Europa. El Gobierno Vasco encargó este estudio para cuantificar las denuncias por torturas realizadas por ciudadanos vascos y medir su incidencia y credibilidad.

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