Izquierda-Ezkerra (IE) ha presentado alegaciones contra la instalación de una gasolinera en en la calle tudelana de las Alhemas. La coalición asegura que basa su argumentación "en criterios de seguridad ambiental, seguridad viaria, accesibilidad y derechos de los consumidores, su negativa a la instalación de esta gasolinera dentro del entorno urbano".
La portavoz de Olga Risueño en el Ayuntamiento de Tudela considera "que en primer lugar no existe actualmente una necesidad de nuevas gasolineras en la ciudad y que en cualquier caso, de haberlas, existen otras ubicaciones de mayor idoneidad, tanto por la cercanía de multitud de casas de vecinos, de un parque infantil, por el incremento de tránsito de vehículos pesados que genera o por el riesgo de trasiego de materiales combustibles para el vecindario próximo. Ya existe incluso un informe de policía municipal desaconsejando la ubicación planteada".
Enfado por la ubicación
Risueño dice que "la propia legislación estatal habla de los principios de necesidad y proporcionalidad para la instalación de estas dotaciones, si bien remite a la potestad de los ayuntamientos para su ubicación que han de ser recogidas en sus planes generales. El principio de proporcionalidad hoy en día no tiene sólo un sustento jurisprudencial constitucional, sino que además de tipo normativo. Y es que el año 2000 la Carta de los derechos fundamentales de la UE recogió en su artículo 52.1 el principio de proporcionalidad como mecanismo de resguardo de los derechos y libertades, tal y como lo había hecho anteriormente la jurisprudencia del TJ".
"Esta norma señala que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Carta podría limitarse siempre y cuando las limitaciones "sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás”. Añadido a ello, IE alega que estas gasolineras tipo “desatendidas” vulneran numerosos derechos de los consumidores, tanto en lo relativo a los derechos de las personas con movilidad reducida, como en lo tocante a posibles reclamaciones, seguridad en el repostaje y la descarga de carburante así como en cuanto a la seguridad pública puesto que pueden favorecer situaciones de riesgo (robos, atracos, incendios, etc.)", añade.
Falta de requisitos
Risueño recuerda que "la Comunidad Foral de Navarra, el Decreto Foral 217/2019, de 11 de septiembre, por el que se deroga el Decreto Foral 182/1997, de 30 de junio, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público (BON de 26 de septiembre de 2019), establece determinados requisitos para el ejercicio de la actividad que no se ajustan a las exigencias de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, siendo suficientemente tutelados los derechos de los consumidores y usuarios por la normativa general de protección al consumidor".
Y añade: "La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha establecido que todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio deberán ajustarse, entre otros, a los criterios de justificación por una razón imperiosa de interés general y proporcionalidad en relación con la misma".
Sospechoso silencio
IE por último "lamenta que, teniendo conocimiento el Ayuntamiento de Tudela de la solicitud de la instalación de la citada gasolinera en el pasado mes de marzo, NA+ no haya informado al resto de grupos ni de vecinos hasta casi medio año después de la misma".
La gasolina 'desatendida' (sin personal para cobrar o echar gasoil y gasolina) ha provocado que un grupo de vecinos de Tudela esté recabando firmas contra la misma en la plataforma Peticion.es y exigen al Ayuntamiento de la capital ribera que "no permita que se sitúen nuevas estaciones de servicio a menos de 200 metros de distancia de los núcleos urbanos", tal y como sucede en otros municipios del Estado.
El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el concejal de Urbanismo de la ciudad, Zeus Pérez, guardan silencio sobre un controvertido proyecto que comenzó a tramitarse en una de las fechas más duras de la crisis sanitaria provocada por la COVID19: el 30 de marzo de 2020. Y desde el consistorio han explicado a la Cadena SER sobre el proyecto que "aún no se ha autorizado la instalación, se está tramitando la licencia y por el momento no tiene informe favorable".
E-RIBERA
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