sábado, 9 de abril de 2016

EL PREOCUPANTE PROYECTO DE MINA DE GEOALCALI

Geoalcali, la filial española de la multinacional australiana Highfield, proyecta implantar una mina de potasa en los términos Sangüesa, Javier (ambos en Navarra), Undués de Lerda y Urriés (Aragón). Este proyecto de mina es competencia de tres administraciones, al afectar a tres permisos de investigación (PI), cada uno competencia de una de ellas: "Goyo" (Navarra) "Muga" (Aragón) "Fronterizo" (Ministerio de Industria). Por cada PI se da una Concesión de Explotación (CE) por la administración competente. Al pedir los tres permisos de explotación en un único proyecto de mina, la tramitación se ha complicado y las tres Administraciones han decidido que Madrid tramite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) conjunta y luego cada administración otorga la CE de su parte.
El proyecto de mina en nuestra Comunidad tiene unos impactos ambientales, económicos y sociales impresionantes, ya que no se trata solamente de la zona de Sangüesa. La mina “Muga” es solo uno de los cinco proyectos mineros que Geocaldi tienen en marcha, todos ellos en la parte alta de la cuenca del Ebro y en territorio fronterizo navarro aragonés.  En abril de 2015 Geoalcali solicitó permiso para el proyecto Izaga, una mina que afectaría un área de 100 kilómetros cuadrados entre Lumbier y Monreal. A su vez, la empresa consiguió otros permisos de investigación para el proyecto Vipasca, que aglutina tres espacios que sumarían 120 kilómetros cuadrados y que se solaparían con los proyectos Muga e Izaga. El área potencial de exploración para éste  proyecto comprende el área de Rocaforte, el cual cubre aproximadamente 60km2; y la zona de Oskia, la cual cubre un área de aproximadamente 31km2. Todos estos proyectos estarían conectados entre sí. Algo más alejado estaría el proyecto de la Sierra del Perdón, entre Noaín y Puente la Reina de Navarra. En Zaragoza en toda la zona sur del Pantano de Yesa, Undués, Lobera, Pintanos, hasta Bailo. Unos 70 km de largo y 550 km2 de superficie afectada. Más de 40.000 habitantes potencialmente afectados en casi un centenar de pueblos. 
Naturalmente ante la envergadura de desemejante proyecto minero, todo tipo de medidas y precauciones previas serían pocas, dada su potencial capacidad destructiva. Además ya que se están generando muchas expectativas de puestos de trabajo y otros negocios especulativos colaterales en la zona. Lo que en principio se puede contemplar como algo económicamente deseable, pudiera terminar ocasionando grandes problemas imprevisibles de todo tipo al conjunto de la sociedad navarra.
De entrada el Gobierno de UPN hizo dejación de sus competencias al delegar en el Ministerio de Industria por medio de  la "Encomienda de Gestión" sus atribuciones para que desde Navarra se tramitara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Creemos que todavía se puede recuperar esa competencia, que sería sin duda mucho más objetiva que la que venga de Madrid. De haberse gestionado la DIA desde Navarra, naturalmente habría contado con un proceso de participación e información ciudadana, con los informes preceptivos del Consejo Navarro de Medio Ambiente, al ser un proyecto de amplias afecciones medioambientales y territoriales. Este proceso se nos ha hurtado.
Sobre los problemas que la instalación de la mina puede provocar están: el aumento de la sismicidad. Riesgos de hundimientos del terreno que afectan a las localidades, vías de comunicación y amplias zonas rústicas. Contaminación salina de cauces y acuíferos. Desmedida carga de transporte, cifrada anualmente en 102.500 (205.000 ida y vuelta) camiones pesados en las carreteras hasta el puerto de Bilbao, puesto que no se ha conseguido transporte por ferrocarril. Excesivo consumo de agua, casi 1 Hm3 anual (819.784 m3 en concreto equivalente al suministro de una ciudad de 16.500 habitantes). La actividad planteada puede suponer la generación de terremotos inducidos o anticipados. Las vibraciones por la actividad, el uso de explosivos y el cambio de los niveles freáticos de la zona puede generar terremotos en las proximidades de una falla de actividad sísmica conocida como es la Falla de Loiti o la actividad sísmica registrada en el entorno de Undués de Lerda y Javier. No podemos olvidar que el embalse de Yesa también podría ser afectado por su proximidad con la mina.
Resulta enternecedora la propuesta de la Consejera Isabel Elizalde de pedir a la empresa Geoalcali un proceso de participación ciudadana. Esta empresa minera tiene muy claros cuáles son sus objetivos, que no son otros que el beneficio económico y si le dejásemos hacer, pasaría por encima de los intereses colectivos referidos al medio ambiente, sostenibilidad, impactos de todo tipo, etc. 
Estamos en un momento en que la ciudadanía mayoritariamente no se ha enterado de lo que nos viene encima y generalmente cuando se entera está "todo el pescado vendido". Por tanto, exigimos al Departamento de Medio Ambiente un proceso de información y participación ciudadana ¡ya! que nos clarifique el verdadero impacto que la mina de Geoalcali tendría en nuestras vidas y las de nuestros descendientes. 
Los supuestos puestos de trabajo nunca deberían justificar los graves deterioros ambientales y sociales.
Juan del Barrio, miembro del Consejo Navarro de Medio Ambiente