RESISTENCIAS EN RENFE OPERADORA Y ADIF CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO

Desde que en enero de 2005 el gobierno segregara la antigua empresa pública integrada Renfe en dos empresas distintas (la operadora y la administradora de la infraestructura), tanto las condiciones laborales como el propio servicio prestado a la sociedad han sufrido un deterioro importante.

La segregación formaba parte de las políticas de destrucción de lo público, establecidas por el capital y asumidas por la Unión Europea y los gobiernos. Las bases de la liberalización del ferrocarril se establecieron en 1996 en un Libro Blanco que asumía la destrucción de empleo y condiciones laborales, así como la reducción de la seguridad, limitando las inversiones a una cuestión puramente estadística y tomando como elemento de comparación la altísima siniestralidad de la carretera. La privatización pionera de los ferrocarriles británicos se tomó en su momento como paradigma, pero su fracaso no ha frenado ni ha cambiado una política sumisa y peligrosa.

El modelo liberalizador que se está llevando a cabo en la UE sigue las mismas pautas básicas, tanto en el transporte como en las comunicaciones y en el sector energético: segregar infraestructuras y servicios, fragmentar los monopolios públicos estatales regulados para convertirlos en oligopolios privados multinacionales desregulados, someter los intereses comunes de la sociedad a los intereses particulares de unos pocos, y sanear para que al capital no le resulte demasiado caro apoderarse de lo público. Por sanear se entiende eliminar unas deudas que son sólo contables y que se han creado para enmascarar los déficits presupuestarios; invertir dinero público para evitar costes de mantenimiento a los usurpadores; establecer criterios de rentabilidad económica eliminando aquellos servicios cuyos beneficios son sociales y, por supuesto, eliminar plantilla estable y modificar las condiciones laborales introduciendo criterios de competitividad, según los cuales los trabajadores deben competir entre sí renunciando a sus derechos para poder tener un puesto de trabajo.

En esta carrera de desarme de los trabajadores, el papel de los sindicatos no es ni puede ser neutral; lo lógico y deseable sería que actuaran en defensa de los intereses de los trabajadores, pero esto no siempre es así; por desgracia, de forma mayoritaria, no lo es. El papel de agentes sociales, de socios de patronal y gobierno en la concertación, de aceptación de los criterios del capital, de valedores de la productividad, de la flexibilidad y de la competitividad –un papel que asumen sin grandes traumas–, les sitúa sin matices en uno de los bandos y frente a los trabajadores.

El motivo inmediato del conflicto es el desarrollo profesional. En Renfe-Operadora se negocia sin tener en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores e introduciendo desregulación, flexibilidad, diferentes escalas salariales y situaciones de discriminación entre colectivos, mientras que la dirección de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) se niega a abrir tan siquiera la negociación, al tiempo que impone modificaciones de funciones y condiciones de trabajo de forma unilateral, llevando a cabo una reclasificación encubierta. El conflicto se extiende en el tiempo, con colectivos como los trabajadores de Estaciones de Viajeros, que llevan años movilizados, o los maquinistas de AVE, que han acordado la convocatoria de huelgas diarias desde el 18 de abril hasta el 30 de junio.

Los gestores de ambas empresas han jugado sucio contra los trabajadores, tratando de impedir tanto la huelga como sus efectos, tratando de ocultársela al público y a los medios. La Dirección de Renfe-Operadora consiguió un acuerdo de última hora, en la madrugada de la víspera de la jornada de paro, con la firma de una escasa mayoría sindical formada por el sindicato corporativista de maquinistas y la UGT, una mayoría que, fuera del colectivo de conducción, cuenta tan sólo con un 23% de representatividad.

La dirección de Adif optó por métodos más clásicos de presión, amenazando con despidos a los trabajadores que, obligados a trabajar mediante cartas de servicios mínimos, cumplían escrupulosamente con sus responsabilidades facilitando la circulación de los servicios establecidos por el Ministerio de Fomento como esenciales para la comunidad, orden que la Dirección de Adif pretendió no reconocer.

El de las dos empresas segregadas de Renfe no se trata de un conflicto puntual ni de un conflicto aislado. En un escenario social en el que se destruye empleo y derechos sociales, se flexibiliza, se incentiva el despido, se nos roban los servicios públicos, se incrementan las horas y los años de trabajo, se nos quita la vida en el tajo, se nos obliga a financiar a los ricos sus crisis; en un escenario social en el que se nos reprime, se nos silencia, se nos compra y se nos vende, no hay conflictos aislados, sino voluntades de lucha, que deben converger en una Huelga General.

Esteban Guijarro (Sindicato Ferroviario de CGT) (en Diagonal)