Empecemos con un par de aclaraciones. En la ley recién aprobada entran las víctimas de ETA, del GAL, de la extrema derecha y del terrorismo internacional. Únicamente quedan fuera, de modo injusto sin duda, las víctimas ocasionadas por actuaciones injustas de la policía. Por otro lado, a nuestro juicio, esta ley en varios de sus aspectos más importantes (caracterización de víctimas, criterios generales, deslegitimación radical de los diversos terrorismos) es equivalente a la ley aprobada por el Parlamento Vasco el 1 de Julio de 2008. Es cierto que allá también se acordó elaborar otra ley sobre las víctimas ocasionadas injustamente por la policía (que no se ha llevado a cabo hasta la fecha), cosa que aquí no se ha conseguido.
Una ley muy necesaria
Las víctimas de ETA son 858 personas muertas (42 en Navarra) y más de 4.000 heridas; más del 90% en democracia y el resto durante la dictadura. Otras víctimas de ETA son las personas secuestradas, los miles de personas amenazadas u obligadas a abandonar su tierra… Las víctimas de la extrema derecha, del GAL, etcétera, en el período 1975-1990, son 66 personas según informe del Gobierno vasco. Por otra parte están las víctimas de actuaciones injustas de la policía en la transición política y en la democracia, que ni han sido justamente reparadas en algunos casos ni en otros han obtenido una justicia mínimamente satisfactoria. Y hay que agregar, finalmente, las personas que han sufrido torturas u otras vulneraciones graves de los derechos humanos.
En el caso de las victimas de ETA su situación ha sido muy penosa. Al daño inflingido -irreversible con la muerte- se añade hasta fechas recientes la insensibilidad de una parte fundamental de nuestra sociedad vasco-navarra, su invisibilidad, una desconsideración a veces extrema y humillante. Aspectos todos ellos que han constituido una gran injusticia. Y esta misma situación se está produciendo con “las otras víctimas” como lo denunciaba Leonor Regaño, viuda del policía nacional Manuel Jódar, asesinado por ETA y ex-presidenta de la Asociación de víctimas del terrorismo en Euskadi en un acto promovido por el Gobierno vasco en el cual reivindicó a “las otras víctimas afectadas por grupos terroristas diferentes de ETA, que están pasando hoy por una situación similar a la que vivimos las víctimas de ETA hace años: la indiferencia de la sociedad, el abandono de las instituciones y la falta de reconocimiento”. Es un gesto que le enaltece.
Lo fundamental es el reconocimiento de la dignidad humana de las víctimas y su restitución moral por parte de la sociedad, en coherencia con el contrato del que nos dotamos en un Estado democrático de derecho: el respecto a los derechos fundamentales y a los valores democráticos. En una democracia no se le puede arrebatar la vida a nadie en nombre de ningún ideario ni siquiera en nombre del rechazo a una injusticia manifiesta o de un derecho que se considere conculcado. En una democracia los actos u opiniones de las personas se pueden criticar, rechazar o si fuera necesario sancionar legalmente si son delictivos, pero nunca han de merecer el castigo de organizaciones que se erigen antidemocráticamente en jueces inapelables o de funcionarios del Estado asociados a la guerra sucia. En este sentido, las víctimas merecen reparación al margen de sus ideas políticas, simplemente como ciudadanas o ciudadanos.
Es necesaria, igualmente, su reparación en todos los órdenes: económico, social, psicológico, de atención a sus demandas judiciales, etc. Y deben ser titulares del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y compartir con toda la ciudadanía el derecho a la paz, a la libertad, a la convivencia, a la tolerancia, a la seguridad ciudadana, al pluralismo…
Una ley con insuficiencias muy importantes.
La ley recoge las víctimas del terrorismo de ETA, de la extrema derecha, del GAL y del terrorismo internacional. Esto está muy bien y abarca a una parte sustancial de las víctimas. Pero erróneamente deja fuera a las víctimas injustamente originadas por funcionarios del Estado en la transición política o en los prolegómenos de la democracia. Nombres como José Luis Cano, Germán Rodríguez, Gladys del Estal, Mikel Zabalza, Mikel Arregi, entre otros forman parte de la memoria colectiva. Con ello introduce una discriminación totalmente injusta e insostenible. Injusticia que se agrava al tratarse en varios casos de auténticos acontecimientos emblemáticos que marcaron hace 25 ó 30 años la vida de nuestra sociedad. Por ello, esta ley será incompleta mientras las instituciones navarras no subsanen el error y no otorguen a estas familias el mismo trato por el asesinato de sus seres queridos. Por justicia y por la convivencia del futuro.
¿Por qué Batzarre ha votado favorablemente a la Ley de Víctimas?
En primer lugar, lo hemos hecho por razones de justicia elemental y de solidaridad humana con unas personas que han padecido y padecen un sufrimiento tan extremo e injusto. Aunque la ley contiene insuficiencias graves que hemos señalado y que trataremos de subsanar, queremos estar con el dolor de las víctimas. Esta opción de conciencia, de ética, en la vida pública de nuestra sociedad es central para Batzarre.
En segundo lugar, porque nos parece fundamental que desde izquierdas como Batzarre con un pasado radical y desde el vasquismo existan gestos claros de reconocimiento hacia las víctimas de la otra parte, de reconocimiento de nuestros errores del pasado con las víctimas de ETA, para construir la sociedad del futuro, sin revanchismos, sin venganza, con reconciliación (hasta donde sea posible) y sin hipotecas del pasado para las generaciones venideras.
Batzarre ha mostrado una permanente solidaridad con las víctimas de la extrema derecha, del GAL o de las cloacas del Estado, así como con las víctimas de la tortura u otras vulneraciones de los derechos humanos por parte del Estado. Hemos actuado al respecto como debe actuar cualquier persona de bien. Sin embargo, el trato otorgado a las víctimas de ETA en el pasado ha sido claramente deficitario: no las hemos reconocido, no hemos apreciado su sufrimiento, han sido invisibles para nosotros y hemos guardado un injusto silencio durante demasiado tiempo. ¿Otra vez les vamos a volver la espalda y ser insensibles con unas gentes a las que no hemos tratado bien porque la ley es incompleta?
Nos duele y creemos un error importante que en esta ley no estén reconocidas las víctimas ocasionadas injustamente por los cuerpos policiales. Hay sectores que prefieren no dar su apoyo a una “ley incompleta”. Lo entendemos, aunque no lo compartimos. Porque, bajo nuestro punto de vista, si cada parte se mantiene en su trinchera, si cierra los ojos a los errores cometidos, difícilmente romperemos el hielo, difícilmente nos ganaremos la necesaria credibilidad entre las víctimas de ETA si no apoyamos la ley de su reconocimiento. Difícilmente avanzaremos hacia una paz justa y de futuro.
Por último, somos de la opinión de que a una injusticia (las ausencias mencionadas) no debemos responder con otra injusticia (no dar el apoyo a ésta ley que repara a las víctimas de ETA, de la extrema derecha, del GAL, del terrorismo internacional por las insuficiencias citadas). ¿Qué culpa tienen las víctimas ahora reconocidas de estas deficiencias? Por ello, hemos apoyado este primer paso fundamental de justicia.
Algunas de las personas que firmamos este escrito (y otros miembros de Batzarre) hemos tenido varios juicios en la Audiencia nacional por denunciar la guerra sucia, amenazas de muerte reiterativas, multas y detenciones por manifestaciones contra el asesinato de Germán, contribuimos a que Gladys del Estal tenga una calle en Tudela, un monolito y a que el Ayuntamiento solicitase su reconocimiento como víctima, organizamos la respuesta por el asesinato de José Luis Cano (militante de aquellas Comisiones Obreras) y en general hemos participado en las denuncias y movilizaciones habidas contra las injustas tropelías policiales. En ello continuaremos hasta que se reparen estas injusticias. Sería un error injustificable que fuerzas como el PSN, CDN y UPN no atiendan la justicia elemental que demandan estas familias navarras. Ni es justo ni contribuye a la paz justa. Además, son hechos que nunca desaparecerán de la memoria colectiva. Y una mala solución a la injusta violencia policial solo puede favorecer a quienes consciente o inconscientemente desde ambos bandos apuestan por las trincheras eternas.
Milagros Rubio, Vicente Duque, Manolo Burguete, Jesús Urra, miembros de Batzarre.
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