Hace ocho años, en 2006, el Obispado de Córdoba privatizó, inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad, la Mezquita más grande de Occidente. El profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Manuel Rodríguez denuncia la usurpación por parte de la Iglesia de un bien público que podría recuperarse si la Junta de Andalucía reclamara al Estado la titularidad pública del monumento registrado Patrimonio de la Humanidad con la denominación “mezquita” que la Iglesia esconde de la nomenclatura institucional del monumento.
El Obispado de Córdoba se valió, para poner la Mezquita a su nombre, de dos artículos de la Ley Hipotecaria aprobada por Franco y que da entidad de administración pública a la Iglesia católica y de funcionario a los diocesanos. Es decir, la sola firma del obispo es suficiente para registrar a nombre de la Iglesia un bien público no registrado hasta la fecha. Por este procedimiento, solamente en Navarra, la jerarquía eclesiástica se ha apropiado de más de 1.000 fincas.
No obstante, es posible revocar el título de propiedad en los diez primeros años desde la inmatriculación del bien. Todavía estamos a tiempo, aunque vamos tarde. A la Mezquita de Córdoba le faltan dos años, hasta 2016, para que sea propiedad eterna de la Iglesia católica. Para ello, urge que una administración pública reclame la titularidad del monumento y que se modifiquen dos artículos legislativos, el 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento que desarrolla el texto normativo de 1947. La Mezquita no es de la Iglesia católica, “es de los cordobeses, de los andaluces y de la humanidad”, recuerda, vehementemente, este jurista que habla de la Iglesia como un “lobby muy poderoso”.
Rodríguez, que impartió la semana pasada una conferencia en la Fundación Tres Culturas, considera que para resolver este “escándalo” se debe, por un lado, internacionalizar el conflicto y, por otro, que la ciudadanía local tome conciencia de la gravedad. “Igual que nos hemos familiarizado con el término dación en pago, tenemos que familiarizarnos con la palabra inmatriculación: registrar por primera vez un bien en el Registro de la Propiedad”, aconseja Rodríguez, quien cree que la ciudadanía tiene que introducir a su vocabulario el término jurídico que nombra lo que la Iglesia católica ha hecho con la Mezquita.
La Mezquita de Córdoba ha desaparecido como si la sola palabra “mezquita” fuera la encarnación del mal. Que el lenguaje construye realidades lo sabe muy bien la Iglesia católica, de ahí esté empeñada en llamar “catedral” a lo que es una mezquita como una catedral de grande.
Los folletos informativos no informan cuando dicen que el monumento que están visitando es una catedral con una “intervención islámica” en su interior. O cuando explica que la construcción del monumento islámico fue “por la gracia de Dios”, del Dios católico, por supuesto. Para esta nueva cruzada, que pretende “arrebatarnos la memoria y el sentido común”, todo vale: desde la página web, donde la mezquita figura como “la antigua Mezquita del Califato de Occidente” que fue salvada de su destrucción gracias a Fernando III, católico y castellano, faltaría más.
En la Córdoba andalusí no vivieron cordobeses, sino “clanes musulmanes” que se hicieron con el poder político. La página web del monumento se llama catedraldecordoba.es. Las entradas que te dan, después de pagar ocho euros, te indican que vas a visitar la “Catedral de Córdoba” y las rutas guiadas nocturnas, financiadas con dinero público, son “auténticas catequesis amenizadas con música gregoriana”, añade el profesor de la UCO.
Fuera de la Mezquita, los bares, hoteles, heladerías, ultramarinos o tiendas de souvenirs se llaman “Mezquita”, el apelativo que el Obispado cordobés está empeñado en ocultar a base de llamar “catedral” a lo que “en todo caso es Mezquita-Catedral, pero nunca solamente “Catedral”, enfatiza Antonio Manuel Rodríguez al centenar de personas que escucharon atentamente su conferencia, titulada Mezquita-Catedral de Córdoba: un paradigma en peligro.
El año pasado, la Mezquita facturó 13 millones por las visitas al monumento. Unos ingresos que no pagan IVA, IBI, ni ningún tributo, dado que la Iglesia católica está exenta de pagar impuestos en España. Lo que convierte a la Mezquita de Córdoba en un paraíso fiscal en virtud de los acuerdos firmados entre el Estado franquista y el Estado Vaticano. Solamente faltan dos años, si nadie lo evita antes, para que la Mezquita de Córdoba sea eternamente propiedad de la Iglesia católica y se borre su nombre de la historia. En manos de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba, del Estado, del Parlamento andaluz y de la ciudadanía está evitarlo. O de todos a la vez. El tiempo juega a favor del Obispado que ha borrado del mapa a la Mezquita más grande de Occidente.
Raúl Solís, en andaluces.es
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