Todo comenzó, en apariencia, en el estado Táchira. El 6 de febrero, al término de una manifestación teóricamente convocada para protestar “contra la inseguridad”, un grupo de alrededor de ochenta estudiantes intentaron incendiar la entrada de la residencia del gobernador, tumbando el portal y tomando violentamente el inmueble, con un saldo de once heridos, de los cuales nueve fueron policías. En los días siguientes, reclamando la liberación de las personas arrestadas durante estos desórdenes, otras manifestaciones se desarrollaron en el estado Mérida, desembocando todas en actos de violencia y en nuevas detenciones. El 12 de febrero, los acontecimientos se aceleran y toman un giro dramático: en Caracas, una nueva manifestación termina, frente al edificio del Ministerio Público (la sede de la Fiscalía General de la República), en enfrentamientos violentos con tres muertos por armas de fuego [dos muertos en el sitio de la manifestación: un dirigente comunitario chavista Juan Montoya y un trabajador opositor. Posteriormente, en Chacao, le disparan mortalmente a la tercera víctima de esa jornada, un estudiante opositor, que al decir del presidente Maduro, hacía pocas horas había auxiliado al trabajador caído] y más de sesenta heridos.
Los choques entre “estudiantes” y las fuerzas del orden comienzan nuevamente el 15 de febrero, alrededor del Parque del Este, en la capital, donde la jornada de “protesta cívica” termina en múltiples destrozos y el ataque por grupos de choque a las estaciones del metro de Caracas. Al día siguiente, es en la plaza Altamira –bastión emblemático de la oposición desde la tentativa de golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez– y también frente al edificio del canal público Venezolana de Televisión donde los manifestantes establecen sus cuarteles, con el corolario de una clásica avalancha de armas no letales –gas lacrimógeno y agua como respuesta–. Lo que, hacía unos días, comenzó como una revuelta estudiantil común, al poco tiempo cambió de naturaleza. Con líderes como Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular y ex alcalde de Chacao (una urbanización del este de Caracas), la diputada María Corina Machado, muy apreciada en los sectores más radicales, así como el alcalde “socialdemócrata” de la Gran Caracas, Antonio Ledezma. Los dirigentes de la oposición llaman a un levantamiento contra el régimen “autoritario”, “corrupto” e “incompetente” del presidente Nicolás Maduro. ¿Lo que algunos esperan ya con avidez, “la primavera venezolana”, acaba de comenzar?
El país atraviesa un periodo delicado, nadie lo niega. Inseguridad, escasez (de la cual destaca la muy mediatizada ausencia de papel higiénico en los estantes de los supermercados), mercado negro y, sobre todo, inflación galopante (56% en 2013) han sembrado últimamente, según el campo donde el ciudadano se sitúe, la inquietud o la exasperación.
Un control de cambio fue instaurado en 2003 por Chávez para frenar la fuga de capitales: los venezolanos que necesiten dólares para importar o viajar al exterior deben hacer el trámite, por medio de la banca pública o privada, ante un organismo del Estado y comprarlos a un precio denominado “preferencial”. La cantidad de dólares disponibles a esta tasa tiene un techo, mientras que la demanda crece, apareció un mercado negro, en el cual la moneda estadounidense se negocia a precios insólitamente altos –hasta doce veces sobre la tasa oficial de 6,3 bolívares por dólar–. “Lo que realmente desató la inflación, desde hace alrededor de un año –explica el economista Marc Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington–, fue la reducción del otorgamiento de dólares para las importaciones. Estas fueron reducidas a la mitad en octubre de 2012 y prácticamente eliminadas en febrero de 2013. Por lo que muchos importadores debieron comprar dólares en el mercado negro. Es de ahí que vino el pico de la inflación”.
En el análisis del fenómeno, muchos se quedan aquí, apuntando su dedo hacia la responsabilidad o la incompetencia de los círculos dirigentes dentro de los cuales, de hecho, se desarrolla un debate –¿apertura, seguir con la misma política, radicalización?– sobre las medidas que se deben tomar para poner fin a estas distorsiones. Pocos buscan en la parte invisible del iceberg: como en Chile, a lo largo de los meses que precedieron la caída y muerte de Salvador Allende, hay una orquestación de desestabilización económica que hace tambalear a Venezuela.
En noviembre de 2013, la afluencia popular para comprar “a precios justos” los productos electrónicos y electrodomésticos de la cadena Daka, después de que, intervenida por el gobierno, tuvo que ofrecer sus productos en Caracas, Punto Fijo, Barquisimeto y Valencia, puso de relieve los métodos utilizados para especular, sabotear la economía, o las dos cosas a la vez: después de haber obtenido más de 400 millones de dólares “preferenciales” por parte del Estado, entre 2004-2012, para importar estos bienes a bajos precios, Daka practicaba una subfacturación que llegaba a más del 1000% en el momento de la venta. Al mismo tiempo, una inspección en la tienda de electrónica y audiovisual Pablo Electrónica detectó un aumento injustificado de los precios (de 400 a 2000%). Se podrían llenar páginas enteras de ejemplos, de tantos que son. En su ofensiva contra “la guerra económica”, el poder puso en práctica un ambicioso plan de regulación de precios de bienes y servicios, y sin duda alguna recogió los frutos: el 8 de diciembre, mientras que se las llamaba (o se creía, o se deseaba) moribundas, las fuerzas chavistas subirían en las elecciones municipales, ganando o conservando el 76,42% de las alcaldías del país (256 municipios) y desplazando a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD: 22,69%, 76 municipios) por más de un millón de votos. Después, la Ley orgánica de precios justos entró en vigor el 11 de enero de 2014, poniendo un límite al margen de beneficios sobre los bienes y servicios con un techo del 30%.
¡Por la escasez en aumento se sublevan los opositores y los economistas liberales! Pero, ¿qué escasez? No pasa un día sin que las autoridades no descubran, como el 5 de febrero, en el estado Táchira, 939,2 –¡939,2 toneladas!– de arroz, azúcar, mantequilla, leche, café, aceite, etc., disimuladas en los depósitos y sustraídas de los estantes de las tiendas. No hay un día que no se descubra mercancía destinada a ser enviada como contrabando a Colombia, como el 8 de febrero, en Apure, donde se decomisaron 32 toneladas de alimentos –y ¡4.992 rollos de papel higiénico! Ese mismo día, el superintendente Luis Mota Domínguez informaba de que acababa de encontrar, en tres depósitos de la Distribuidoras y Ensambles de Venezuela, con sede en Valencia (Carabobo), más de 49.000 aparatos electrodomésticos –lavadoras, cocinas, refrigeradores, etc.– importados desde hacía más de tres años gracias a los millones de dólares “preferenciales” otorgados por el gobierno. Entonces, la escasez sí que existe, y esta es la razón.
Mientras la opinión pública se moldea por estas secuencias de film catastrófico, la oposición se prepara para pasar (o repasar) a la acción. Reagrupada en la MUD; no acepta la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, con el 50,66% de los votos. Este margen estrecho incita al candidato Henrique Capriles Radonsky, vencido por segunda vez en seis meses, a rehusarse a reconocer el veredicto de las urnas y a lanzar a sus partidarios a una campaña de “desobediencia civil” que provoca once muertos y decenas de heridos. Washington no tiene voz ni voto en la región, desde la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la campaña internacional emprendida sobre el tema del “fraude electoral” no da los resultados esperados y este golpe de violencia se interrumpe momentáneamente.
Sin embargo, hablando del pánico suscitado, incluso dentro de las clases populares, por la desestabilización de la economía, con el anuncio o invención de escasez, la derecha dura pensaba poder dar el golpe de gracia a la revolución en las elecciones municipales del 8 de diciembre pasado. Esta derecha las transformó en plebiscito y en voto sanción contra la gestión de Maduro. Y perdió. En el transcurso de los meses, gobernando con mano firme, estas elecciones sirvieron para reforzar la legitimidad del gobierno. Después de esta cuarta derrota de la derecha en pocos meses, la perspectiva de tomar el poder se cierra para esta: en un país acostumbrado a las elecciones, resulta que las elecciones más cercanas son las legislativas ¡a finales de 2015 y un eventual referéndum revocatorio en 2016!
¿Esperar, una vez más? De la democracia, algunos sectores de la oposición venezolana tienen una concepción muy particular. Como cuando Leopoldo López y María Corina Machado consideran que, para provocar el “naufragio del régimen”, no es posible respetar el calendario electoral. Por eso, con el eslogan “la salida” ambos llaman a la insurrección. En abril de 2002, ya López había participado activamente en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y figura en las listas de firmantes del decreto que, a instigación del breve dictador, el patrón de patronos Pedro Carmona, disolvió el Congreso y todos los poderes constituidos. Acusado de irregularidades administrativas cuando era alcalde de Chacao, fue juzgado en 2008 y se le prohibió toda postulación a cargo público hasta 2014. Como él (que se ve como el “presidente de transición”), Machado (que sueña con ser la “primera presidenta” de Venezuela) multiplica los contactos en Colombia, con el ex presidente Álvaro Uribe y sus allegados, así como en Estados Unidos, donde la visita que Machado hizo el 31 de mayo de 2005, en el Salón Oval, al presidente George Bush no pasó desapercibida.
Se notará al pasar que la ofensiva de los sectores extremistas que tanto uno como la otra representan tiene también otro objetivo además de sacar a Maduro del poder, y es el de sacar del juego a Capriles, dos veces derrotado en las presidenciales y acusado de blandura en sus campañas y en el rechazo de los resultados. En el marco de la lucha feroz que se libra dentro de la MUD por el control de la oposición, Capriles hizo la gran diferencia, mostrándose (relativamente) crítico respecto a la táctica de movilización de Voluntad Popular, con el fin de conservar electoralmente el perfil de derecha más moderada, sin llegar a romper totalmente –“somos diferentes, pero somos solidarios”– con los radicales. A veces, hasta con algunos destellos de lucidez: “Si el pueblo humilde no participa (en las manifestaciones) –declaró en una entrevista a CNN6–, estaría mintiéndoles a los que salen a marchar, les mentiría si les digo que van a encontrar la solución (la famosa “salida”) de un día para el otro”.
Si bien es cierto que la comparación no es razón, y que la paranoia no es buena consejera, no se puede dejar de ver las similitudes entre la actual escalada y el desencadenamiento de los acontecimientos que llevaron al golpe de Estado de abril de 2002. En este sentido, las tres muertes del 12 de febrero son un llamamiento de atención. Después de los primeros elementos de la investigación, los tres, como numerosas de las víctimas de hace doce años, fueron muertas con una bala en la cabeza. Políticamente en desacuerdo, dos de ellos, el opositor Bassil Da Acosta y el militante chavista Juan Montoya, fueron muertos, en puntos cercanos, “por la misma arma” en la urbanización de La Candelaria. Viene a la memoria que, el 11 de abril de 2002, francotiradores disparaban “a la vez” sobre los manifestantes de la oposición y sobre los “bolivarianos”, calentando al rojo vivo los ánimos, creando la confusión y permitiendo a un grupo de oficiales criminales que habían organizado esta operación de tipo militar para derrocar a Chávez, acusarlo de haber dado la orden de disparar sobre sus oponentes.
Así como en esa época se acusaba a los Círculos bolivarianos –organización popular, esencialmente pacífica, que apoyaban a la revolución– de ser el origen de estos asesinatos y tratarlos como a los “camisas negras” de Mussolini, hoy día los “colectivos”, organizaciones de base provenientes de barrios populares, son acusados y presentados como “bandas de delincuentes protegidos y armados por el chavismo” –cuando no los llegan a comparar con los “Tontons macoutes”, como lo hizo El País de España, el 18 de febrero.
Imitado por muchos, este periódico español en esa época, durante la encarcelación de Chávez, del 11 de abril por la noche al 13 al finalizar la tarde, celebró el golpe de Estado: “Las Fuerzas Armadas, impulsada por la calle, puso punto final al sueño de una retórica revolución bolivariana conducida por un ex golpista que, después de haber ganado las elecciones, se transformó, desde el poder, en un autócrata peligroso para su país y el resto del mundo (…). La gota que desbordó el vaso y sublevó a los militares fue la represión desencadenada por la policía y los francotiradores fieles a Chávez, que causaron quince muertes y una centena de heridos al tercer día de una huelga general que unió, paradójicamente, a sindicatos y patrones”.
Doce años más tarde, unidos en el mismo odio hacia la izquierda latinoamericana en general, y a la venezolana en particular, la internacional mediática se unió en la nebulosa de las “redes sociales” que, de tweet en retweet, a golpe de fotos de sangrienta represión y de tortura tomadas bajo otros cielos pero atribuidas al gobierno bolivariano, se apresuran a deslegitimar.
Finalmente, y hay que precisarlo, no es más el presidente George W. Bush el que le da su empujón a los sediciosos, sino la Administración de Barack Obama. En respuesta al secretario de Estado John Kerry, que condenó la “violencia insensata” ejercida contra los manifestantes, el ministro de Asuntos Exteriores Elías Jaua notificó, el 17 de febrero, a tres diplomáticos estadounidenses asignados en Caracas –en… el servicio de visas– que tenían 48 horas para dejar el país con motivo de su participación en la organización y la promoción de grupos que intentan generar violencia en Venezuela”. “Estos son funcionarios que van a las universidades –precisa el presidente Maduro–. Nosotros los vigilamos durante las reuniones a las que asistieron en las universidades privadas, durante estos dos últimos meses”.
Mientras dos días antes, en el centro de la capital, decenas de miles de venezolanos, entre los que había columnas de jóvenes y estudiantes de universidades públicas, marcharon para darle su apoyo, el jefe de Estado aseguró que actuará de la misma manera tanto con “los opositores como con los chavistas que recurriesen a la violencia”. En el marco de una orden de detención por sus llamamientos a la sedición, y su paso a la clandestinidad, López reapareció el 18 de febrero, a la cabeza de manifestantes “vestidos de blanco”, para ir a entregar una petición al ministro del Interior, Justicia y Paz. Al término de esta manifestación no autorizada, que sin embargo se desarrolló sin incidentes en el este de Caracas, López se entregó espectacularmente a los funcionarios de la Guardia Nacional, antes de ser conducido en un vehículo de la policía, no sin haber denunciado a “una justicia injusta y corrupta”.
Al mismo tiempo, los trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se manifestaban también en calma, hasta el palacio presidencial de Miraflores, donde Maduro llamó a la paz. No obstante, como la producción de “mártires” permite denunciar “la represión” y transformarse en víctima frente a la opinión internacional, nadie puede excluir que futuras provocaciones puedan enlutar el país. Es así cómo, en el curso de estos acontecimientos, Maduro lanzó una muy grave acusación. “Nosotros recibimos información que la derecha, la más extrema derecha de Miami y de Venezuela (…) movilizó a grupos para buscarlo y matarlo [a Leopoldo López] con el objetivo de crear una crisis política y desencadenar una guerra civil en Venezuela”, antes de precisar que el gobierno garantizaba la integridad física del opositor. Encontrando la historia “demasiado bella para ser verdad”, algunos, sin duda, gritarán hasta la locura o recurrirán a la manipulación. Sin embargo, frente a una cámara de CNN, la esposa de López no desmintió la información: “El gobierno se mostró preocupado por esta situación y tomó contacto con la familia para garantizar la seguridad de Leopoldo [entonces en la clandestinidad], esto es lo que ha hecho”. Recordemos el 11 de abril de 2002: para lograr sus fines, los facciosos no dudaron en disparar sobre sus propios partidarios, utilizados como carne de cañón.
Maurice Lemoine, en Le Monde Diplomatique
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