Alberto Pascual es uno de los tres navarros que siguen encausados en la Audiencia Nacional por varios delitos, entre ellos, la estafa y el falseamiento de las cuentas de Caja Navarra. El secretario general de la extinta entidad, y uno de los hombres de confianza de Enrique Goñi, perdió su empleo cuando Caixabank compró Banca Cívica. Ahora, a través de una filtración a un periódico, se ha conocido su nombramiento como presidente del Tribunal Laboral de Navarra. La elección fue por unanimidad entre los miembros del patronato, compuesto por la patronal navarra y los sindicatos UGT y CCOO.
Pascual, que incluso llegó a ser director de CAN durante un breve período de tiempo, es conocido por el papel que jugó en el escándalo de las dietas de Caja Navarra, un caso por el que una juez pidió la imputación de Yolanda Barcina al Supremo. El secretario era quien se sentaba con los políticos, les ponía una presentación en Power Point y daba fe de su asistencia para poder girarles las dietas de entre 3.434 y 5.360 euros por día.
El exsecretario fue el primero al que tomó declaración la juez Mari Paz Benito cuando empezó a instruir el caso, y mintió como testigo cuando la juez le interrogó sobre las actas de la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras. Pascual ocultó que esos documentos no existían en los registros de Caja Navarra hasta más de un año después de que se hubieran celebrado esas reuniones. Cabe recordar que, para conseguir las copias de las actas, la juez tuvo que enviar hasta en cuatro ocasiones a agentes de la Guardia Civil a la sede de la entidad.
La presumible falsedad de las actas de la Permanente es un delito que quedó en el aire, puesto que el Supremo dio carpetazo al caso antes de que llegara el informe pericial donde se comprobaba esa tardanza en la elaboración de las actas y se apuntaba también a que la mayoría de ellas fueron manipuladas. Pascual era militante de UPN cuando testificó.
Pascual, junto con Enrique Goñi y José Antonio Asiáin formó parte del Consejo de Administración de Banca Cívica y fue precisamente contra este organismo contra quien presentó UPyD su demanda. Posteriormente, la denuncia de dicha formación se fusionó con la mayor parte de los casos que descubrió Kontuz para el macroproceso que está en manos del juez Eloy Velasco. Entre otros delitos, a Pascual se le acusa de malversación para alterar el precio de las cosas, estafa y falseamiento contable.
El exsecretario de CAN, presumiblemente, tomará posesión el 1 de marzo, que es cuando se jubila José María Ruiz de Ojeda, que fue nombrado secretario general del Tribunal Laboral en 2004.
El Tribunal Laboral, pese a su denominación, es un organismo extrajudicial que nació en 1996 y que se dedica a ejercer mediación en los conflictos laborales, así como arbitrajes y conciliaciones. Esta institución se dejó en manos de la CEN, UGT y CCOO. Cuenta solo con cuatro trabajadores, aunque también hay diez mediadores, y está financiada por el Gobierno.
Aritz Intxusta, en GARA
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