martes, 23 de febrero de 2016

EDUCACIÓN Y CASTELLANIZACIÓN (SIGLOS XVI-XVIII)

Alguien ha ha dicho -con acierto, pienso yo- que la Historia no se repite, pero que algunos de sus versos riman. Este debe ser el caso de los conflictos de intereses, económicos y profesionales, en torno al dominio o no de la lengua vasca en Navarra. Conflictos que, por cierto, casi siempre se han dirimido en perjuicio del euskera y de las capas más humildes de la población navarra, que -tampoco es nuevo- siempre han sido las más numerosas.

LAS LUCES DEL RENACIMIENTO
Los últimos estudios históricos dejan claro que hasta el siglo XVIII Navarra fue un territorio esencialmente vascohablante. Así, a fines del siglo XVI, tres de cada cuatro navarros se expresaban en euskera, que era la lengua diaria en dos tercios del territorio. Es más, en 1570-1590 alrededor de un 40% de la población total del reino no era capaz ni de entender el castellano, porcentaje que se elevaba mucho entre las mujeres y las clases humildes. Pamplona misma -principal núcleo urbano del reino, sede de la Administración y residencia de las élites y del ejército- era una localidad vascohablante donde, como reconocía su propio Ayuntamiento en 1604, una tercera parte de sus habitantes no sabían castellano. Navarra era así el territorio con mayor número de vascohablantes y su capital el principal núcleo urbano de lengua vasca, muy por delante de Bilbao, Baiona, San Sebastián o Vitoria.
Por entonces, la Administración Pública navarra se reducía a los tribunales de justicia, que ejercían también poderes legislativos y gubernativos. Su relación con la masa de la población no era directa, sino a través de sus oficiales (secretarios, escribanos, notarios y receptores), que por disposición foral debían ser naturales del reino y, dado que las leyes navarras prohibían el uso de traductores (intérpretes), debían dominar tanto el castellano como el euskera. La mayoría tenía esta lengua como nativa, pero otros lo debieron aprender coincidiendo con su formación como escribanos. Sólo conocemos la excepción del secretario Jerónimo de Aragón (1581-1595), que en su trabajo tuvo que servirse de intérpretes.
Los más numerosos de esos funcionarios fueron los receptores, que eran 24 y que debían desplazarse a los pueblos para tomar declaración a los testigos. Los asuntos se repartían por turno único y, dado su conocimiento del euskera y del castellano, podían ser destinados tanto a la Montaña vascohablante (que empezaba en Tafalla) como a la Ribera castellanohablante, donde, por entonces, también se encontraban personas que sólo sabían euskera.
A mediados del siglo XVII las cosas comenzaron a cambiar. No sin resistencias: en 1655, Zirauki exigía y veía reconocidos en los tribunales sus derechos como localidad vascohablante. Pero, poco a poco, se aceptó que algunos funcionarios no supiesen euskera a condición de que se ocupasen de tomar declaraciones sólo a testigos que supiesen castellano. En 1697 eran ya la cuarta parte y se quejaban de la competencia de los receptores bilingües: mientras estos, gracias a su conocimiento de las dos lenguas, iban tanto a la Montaña como a la Ribera, ellos sólo podían ir a esta última. En suma, tenían mucho menos trabajo y ganaban mucho menos dinero. Por ello, exigían el establecimiento de dos turnos. Los receptores bilingües se opusieron reprochándoles el poco interés que habían tenido en aprender euskera y ofreciéndose a enseñárselo. “Es grave inconveniente -aducían- el que todos los comisarios de vuestros tribunales reales no entiendan las dos lenguas nativas que se hablan en este Reino, pues en alguna manera es contra la causa pública y buena administración de Justicia”. Y la sentencia del Real Consejo de Navarra de 14 de junio de 1698 les dio la razón: las cosas seguirían igual.


LAS SOMBRAS DE LA ILUSTRACIÓN
Casi un siglo más tarde, primero en los tribunales eclesiásticos y luego en los civiles, se plantea el mismo conflicto y se consuma el gran cambio. Y así, el Siglo de las Luces pasó a ser el de las sombras para el euskera.
En 1778, la Administración había crecido mucho en los campos tributario, militar y educativo, pero el judicial seguía siendo su núcleo. En este existían ya dos turnos: los 9 receptores que sabían euskera y castellano se ocupaban de los asuntos en los pueblos donde la gente no sabía castellano; los 15 receptores que sólo hablaban castellano en aquellos donde entendían esta lengua, a pesar de que en muchos casos vivieran en euskera.
Como en opinión de los receptores castellanos, los bilingües -menos en número y con más territorio- tenían mucho más trabajo e ingresos, solicitaron que ellos también pudieran ir a los pueblos que sólo hablaban euskera. Para ello se comprometían a pagar a traductores jurados. Así se hacía desde siempre en Gipuzkoa y Bizkaia y por eso, aseguraban, allí la población sabía más castellano que en Navarra. Por otro lado, aducían que en muchos pueblos de las cuencas de Pamplona y de Aoiz-Lumbier la mayoría de la población ya entendía el castellano, mérito de los maestros que lo habían difundido entre los niños “prohibiéndoles el hablar vascuence”. Y, efectivamente, un naciente sistema educativo que marginaba a la lengua vasca y que, en muchas zonas, imponía el castellano se estaba constituyendo en el principal instrumento de castellanización del territorio.
No conocemos cuál fue la decisión final, pero sí su resultado. El siglo XIX, al ritmo de las guerras, la extensión de la educación y el triunfo de la mentalidad burguesa, será el de máximo retroceso del euskera. La lengua vasca desaparecerá de toda la Zona Media y de gran parte de la Montaña refugiándose en los valles norteños donde, como decía un combatiente alemán hacia 1840, agonizaba. Afortunadamente, se equivocaba.

Peio Monteano, doctor en Historia y licenciado en Sociología. Técnico superior de Archivo Real y General de Navarra