La noticia de la ratificación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la condena de 9 meses de prisión que dictó en su día la Audiencia Nacional a Pablo Hasél, que supone su ingreso en prisión es una noticia que indudablemente no ha dejado indiferente a nadie. Para quienes trabajamos día a día en el mundo de la cultura es una pésima noticia no ya por el hecho, inconcebible en una democracia auténtica y avanzada, de que una persona pueda ser procesada y encarcelada por expresar sus opiniones, sino porque esta situación nos retrotrae a episodios verdaderamente negros de nuestra historia reciente y que pone de manifiesto una vez más como la censura, el mayor enemigo y la mayor amenaza para la cultura, es una práctica propia del régimen franquista que no se ha logrado erradicar y que los resortes más reaccionarios del poder siguen utilizando, valiéndose de determinados sectores de la judicatura y de determinados medios de comunicación plegados a sus intereses.
Al hilo de la situación creada en torno a la sentencia de Pablo Hasél, me parece muy necesario recordar alguno de los casos más aberrantes que se han dado en nuestro país de censura y de criminalización contra aquellas manifestaciones culturales más reivindicativas, que concretamente en la música adquirieron proporciones escandalosas, en especial contra el rock y el rap.
En 2002 el controvertido comunicador Alfonso Rojo - ¿os suena este nombre? - en el programa de radio “Protagonistas” de Onda Cero, inició una campaña de tergiversaciones, informaciones falsas y acusaciones sin fundamento contra el grupo gasteiztxarra Soziedad Alkoholika, recurriendo al clavo ardiendo al que siempre se recurre cuando lo que en realidad se pretende es simplemente coaccionar y acobardar a quien hace suyo un discurso que cuestiona la verdad oficial, el “enaltecimiento del terrorismo”. Además de la presión que a partir de entonces se ejerció contra todos los ayuntamientos que tenían intención de contratar a Soziedad Alkoholika y el enorme perjuicio que ello les produjo, en 2004 el grupo fue procesado ante la Audiencia Nacional acusado de hacer apología del terrorismo en sus temas “Explota Zerdo” y “Síndrome del Norte”.
La campaña contra el grupo adquirió las dimensiones de una caza de brujas comparable a la locura paranoica que el Macarthysmo produjo en la América de los años 50. Todo el que apoyase a Soziedad Alkóholika, les contratase o pusiera sus discos en la radio era un “proetarra”. Los instigadores de esta patraña llegaron al extremo de presionar hasta a las tiendas de discos.
Sin embargo Soziedad Alkoholika fueron absueltos en primera instancia. Obviamente, la sentencia fue recurrida una y otra vez, la censura con la coacción de la acusación de “proetarra” continuó, y hasta que no quedaron agotados todos los recursos y artimañas legales posibles hasta la promulgación de una sentencia absolutoria definitiva por parte del Tribunal Supremo en julio de 2007, la baba del “calumnia, que algo queda”, persistió.
E incluso con la sentencia absolutoria, durante varios años el grupo sufrió intentos de censura, alguno de ellos tan patético como el que protagonizó Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid por entonces, que en 2008, ante el anuncio de un concierto del grupo en la Plaza Cubierta de Leganés, dijo textualmente: "Yo me dirigiré al alcalde socialista Rafael Gómez Montoya si es necesario. Hay que hacer todo lo necesario para impedir que ese grupo toque en Leganés.”
Mayo de 1993: El Teniente Coronel de la Guardia Civil responsable del cuartel de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo demandó a Negu Gorriak, a su sello discográfico Esan Ozenki Records y a sus técnicos por un delito de “daños al honor y difamación del buen nombre”, en tanto que que consideraba que la edición, publicación e interpretación en directo de la canción “Ustelkeria” constituía una “intromisión ilegítima en su derecho al honor”. Nuevamente, años y años de persecución mediática y judicial para llegar a su absolución final ante la inexistencia de fundamentos jurídicos para avalar la acusación. Interesante saber que en este caso, Rodríguez Galindo fue condenado en 2000 declarándosele culpable de los delitos de secuestro, torturas y asesinato de los que se le acusó con respecto al caso GAL, perdiendo todos los cargos y menciones obtenidos hasta ese momento, su condición de militar y siendo encarcelado hasta el año 2004, en el que se le puso en libertad.
La obsesión por acallar la voz de un artista como Fermín Muguruza, ex líder de Negu Gorriak, llevó a la ultraderecha al extremo de un intento de asesinato. En la noche del 4 de marzo de 2001, víspera de un concierto que Muguruza iba a dar en Les Cotxeres de Sants de Barcelona, cuatro individuos colocaron un artefacto explosivo colocaron un artefacto explosivo en la plaza de Bonet i Moix, a escasos metros del local donde se iba a celebrar la actuación, con objeto de hacerlo explosionar durante el concierto. Mientras estaban manipulando el artefacto durante su colocación, este estalló de inmediato, aunque solo produjo heridas leves a los que estaban preparando el atentado. Miembros de la Brigada Central de Información de la Policía Nacional testificaron que los cuatro aparecían en los ficheros policiales vinculados a grupos de 'skinheads' y de extrema derecha violenta.
Curiosamente – o tal vez no- aunque la fiscalía les imputó un delito de terrorismo, la sección segunda de la Sala de lo Penal, la misma que hoy condena a Pablo Hasél, no les consideró ni un grupo organizado ni una banda armada, motivo por el que en su día no remitió la causa a la Audiencia Nacional. Sin embargo, a Fermín Muguruza y a Soziedad Alkoholika sí se les procesó ante esta instancia, cuando el supuesto delito que se les imputaba era de “enaltecimiento del terrorismo”.
Su Ta Gar, Berri Txarrak, Banda Bassotti, Los Chikos del Maíz, la bloguera Cassandra Vera, Cesar Strawberry, el actor Willy Toledo, Valtonyc… algunos más de los nombres de músicos a los que manejando la coartada del terrorismo, se les ha tratado de perseguir, procesar, censurar y acallar por expresar en sus letras una crítica a la represión policial injustificada, a la violencia del estado, a la manipulación informativa y por posicionarse en sus redes sociales sobre situaciones que cuestionan el discurso oficial del poder y su supuesta verdad oficial, como sucede en este caso una vez más con Pablo Hasél.
Obviamente, la derecha más extrema y heredera de la mentalidad franquista, no soporta tales comportamientos, y para evitar que estos músicos, artistas y activistas por una cultura libre y abierta, y no teniendo ya en su mano, como añoran, bandas de Guerrilleros de Cristo Rey a sus órdenes o la Gandula –La antigua ley de vagos y maleantes, como se la conocía en el ambiente antifranquista-, recurriendo al mantra de ETA, su ariete es retorcer y tergiversar la ley para conseguir sus fines, convenientemente apoyados por el coro mediático de los medios que les sirven.
Decía el director de cine Milos Forman que una de las peores consecuencias que produce el que la censura se instale en la sociedad es la autocensura, es decir, el miedo. Quiero creer que ante el caso de Pablo Hasél, el mundo de la cultura reaccione y no tenga miedo a expresar colectivamente su rechazo a esta injusticia.
Federico Jiménez Losantos dijo en su programa de radio que si tuviera una escopeta a mano y viera a los representantes de Podemos, no vacilaría en dispararles. Recientemente, un grupo de militares de extrema derecha dijo abiertamente que si para conseguir sus objetivos había que fusilar a 20 millones de españoles, que se hiciera. Sherpa, ex miembro de Barón Rojo dijo en twitter que “me imagino que Córcega fuera invadida por ilegales en cayucos y Francia tardaba diez segundos en empezar a ametrallarlos”. Por desgracia, estas conductas, que superan con mucho la gravedad del caso que nos ocupa y de los otros que he mencionado, no han sido objeto del más mínimo reproche legal. Significativo ¿verdad?
Por encima de que se esté o no de acuerdo con Pablo Hasél –yo personalmente lo estoy en algunas cosas, en otras no tanto y en otras absolutamente nada- callar ante esta situación puede sentar un precedente muy grave. Por ello una vez más, ojalá que una respuesta ciudadana contundente, especialmente del mundo de la cultura, se haga claramente visible.
Mariano Muniesa, en La Última Hora
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