Los mitos quedan definidos en el diccionario como "historias fabulosas de tradición oral". Dicho de otro modo, narraciones fantásticas, que poco o nada tienen que ver con la realidad y que no resisten el rigor de la letra escrita. Algo así sucede con el término "infierno fiscal navarro", acuñado inicialmente por Yolanda Barcina en 2013 cuando el Parlamento de Navarra comenzó a legislar en su contra y que, desde entonces, ha seguido en boca de los portavoces políticos y empresariales conservadores de la Comunidad Foral.
Poco importaba que los datos no sujetaran esta afirmación. Que, año tras año, Navarra recaudase menos que las regiones comparables, que la media española o que, por supuesto, que la inmensa mayoría de los países europeos. Ahí se mantuvo una definición que, en realidad, únicamente respondía al interés de unos pocos, aquellos con rentas especialmente altas o con patrimonios de varios millones de euros. En Navarra, por ejemplo, solo 2.400 personas (apenas el 0,4% de la población) declaran patrimonios de más de 1,5 millones de euros.
Un grupo influyente y forzosamente reducido, que desde la pasada crisis ha visto cómo se frenaba la política de rebajas fiscales iniciada a finales de los años 90, que se había acostumbrado a pagar cada vez un poquito menos y que, además, miraba a Madrid con envidia. Gobernada por el PP de manera ininterrumpida –Tamayazo de 2003 mediante– durante un cuarto de siglo, ha suprimido los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones, que afectan casi de forma significativa al 5% más rico de la población.
Las Cámaras de Comercio y el Consejo de Economistas, poco dudosas ideológicamente, han publicado esta semana un informe que pone algunos números a esta realidad. Y que confirma que Navarra es la comunidad autónoma que, tras Canarias, menos recauda en IRPF, Sucesiones y Patrimonio en función de su PIB (un 8,41%). Es, por tanto, el segundo territorio con menor presión fiscal y, también, el segundo en esfuerzo fiscal, un concepto mucho menos medible. Es también la segunda comunidad en la que menos se ha incrementado la presión fiscal desde 2008.
El dato tiene dos lecturas. Por un lado, invalida los argumentos de formaciones y grupos de presión conservadores, que acusan al Gobierno de Navarra de desincentivar la llegada de empresas o la atracción de capitales. Pero, por otro lado parece apuntalar a quienes defienden, por ejemplo desde los sindicatos o formaciones políticas de izquierda, que la fiscalidad navarra resulta demasiado laxa.
Las cosas no son tan sencillas ni admiten lecturas tan simples. Y para ello conviene mirar alrededor. ¿Pagan los ricos en Navarra? Pagan. El Impuesto de Patrimonio da fe de ello. Nacido como una figura transitoria al comienzo de la democracia, sigue en vigor en la actualidad, a diferencia de lo que ha sucedido en buena parte de Europa, donde se ha ido eliminando. En Francia, por ejemplo, fue sustituido en 2018 por un gravamen sobre las propiedades inmobiliarias. El tributo sigue en vigor en Noruega, Lietchestein y Suiza, donde tiene carácter federal. En Países bajos ha sido incluido como parte del Impuesto sobre la Renta.
Pese a ello, España y Navarra se encuentran muy lejos de ingresar en la misma medida que los países con mayor renta de Europa y de otros muchos que parecen disponer de sistemas fiscales más eficientes. Según los datos de 2019, los últimos comparables y que, además, no registran el impacto excepcional de la pandemia, España recaudó en 2019 un 35,4% de su PIB sumando todos los impuestos y las cotizaciones sociales que pagan empresas, trabajadores y hogares. Son seis puntos menos que la media europea.
La misma suma deja la capacidad recaudatoria de Navarra en un 33,2%, ocho puntos y medio menos que Alemania, 15 puntos menos que Francia y 10,4 puntos menos que Italia. Cuando los gobiernos de estos dos países anuncian que quieren rebajar su presión fiscal, tal y como ha anunciado Draghi o ha defendido Macron, parecen disponer de cierto margen para hacerlo.
Descontado por tanto el Impuesto de Patrimonio, la brecha de recaudación hay que buscarla en otros tributos. Y el único modo de medirlo es que el que proporciona Eurostat, que calcula la recaudación total de cada tributo en función del PIB de cada país. Ahí aparecen las pistas. Navarra recauda menos que la media europea en casi todos los impuestos. Y conseguir reducir esta brecha pasa, en buena medida, por ensanchar lo que aportan las clases medias.
Resulta llamativa, por ejemplo, la diferencia en el Impuesto de Sociedades, que garantiza en casi toda Europa unos ingresos muy homogéneos, en torno al 2,7% del PIB, y que en Navarra se queda, sin embargo, en un 1,3%, claramente por debajo de la media española (2,5%). Lograr que este impuesto ingrese al menos en esa cantidad garantizaría a Navarra unos 200 millones de euros más al año, una cifra nada despreciable para unos ingresos totales que, antes de despeñarse por la pandemia, no llegaban a los 4.000 millones.
Este tributo, sin embargo, ha perdido en Navarra buena parte de su capacidad recaudatoria por diversos motivos. Por un lado, lado hay que tener en cuenta el punto de partida: la realidad de 2007, con el boom inmobiliario y los beneficios empresariales disparados, no ha vuelto a repetirse. Junto a ello, la incorporación progresiva de beneficios fiscales ha ido reduciendo las bases imponibles, del mismo modo que la compensación de las pérdidas declaradas. Y, junto a ello, el propio tejido empresarial navarro, compuesto sobre todo por pymes, disfruta de unos tipos reales más que competitivos.
Pero Sociedades solo explica una parte muy reducida de la brecha fiscal. Más importancia tiene el IRPF, que aportaba en 2019 el 7,2% del PIB de Navarra, una cifra similar a la española (7,4%) pero muy inferior a la media europea (9,2%). Alcanzar ese guarismo supondría elevar en 400 millones la recaudación anual. Y aunque los tipos medios navarros y españoles son, según el último informe de la OCDE, ligeramente inferiores a la media de los países desarrollados para casi todos los tipos de renta, la explicación a la brecha fiscal no se encuentra ahí.
Son los bajos salarios, producto de un tejido económico carente en ocasiones de suficiente valor añadido y acentuados por la devaluación de 2012; las reducidas bases imponibles de miles de autónomos y algunos beneficios fiscales en vías de supresión, como el de los planes de pensiones privados, los que explican el diferencial, que también se aprecia en las cotizaciones sociales.
Todo ello supone que, por comparación, las administraciones públicas presenten cierto raquitismo financiero; contrasta con una mayoría de votantes que se define como de centro-izquierda, ayuda a explica el perenne recurso a la deuda para cuadrar las cuentas y supone que, en un año como 2020, se disponga de menos colchón financiero para rescatar su economía.
Juan Ángel Monreal, en Diario de Noticias
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