A toque de campana un jactancioso Gobierno de Navarra presenta en el Parlamento un documento de trabajo para la reforma fiscal. Tras meses anunciando que se trataría de una metamorfosis integral del sistema tributario de la comunidad foral, se impone una vez hecho público su lectura sosegada y el análisis de sus principios y sus propuestas para ver en qué medida cumplen las expectativas generadas.
La primera sorpresa para el arco parlamentario ha sido la novedosa forma de presentación a trámite, ya que no se trata de un proyecto de ley foral, ni de un libro blanco, por lo que adolece de defectos tan importantes como la ausencia de la memoria económica, es decir, la necesaria cuantificación monetaria de cada medida presentada, o la memoria explicativa, en la que tradicionalmente se recogen los objetivos de política económica que el Gobierno pretende conseguir con las modificaciones fiscales.
La cuestión no es baladí cuando nos enfrentamos a una ley que afectará a miles de personas y empresas de Navarra en un momento económico donde el acierto o el fallo en esta materia condicionarán la salida de la crisis. El Parlamento nunca se ha negado a innovar en los procedimientos si ello contribuye a alcanzar acuerdos y el consenso, pero seamos serios: el documento es rigurosamente incompleto.
Sabemos por las declaraciones de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo que las modificaciones supondrán 75 millones de euros menos de ingresos en 2015 en IRPF y en el Impuesto de Patrimonio (nada se ha dicho del Impuesto de Sociedades, siendo así que es el tributo que presenta las mayores novedades). ¿Cómo piensa casar su previsible disminución de ingresos con el principio de “suficiencia y coherencia para financiar el sistema y garantizar los servicios” que, según el propio Gobierno, es uno de los pilares de su reforma? Todo ello sin tener en cuenta aspectos tales como las devoluciones del céntimo sanitario o del IVA pendiente de satisfacer a los empresarios exportadores o el pago en 2015 de la extra suprimida a los funcionarios…, solo por citar algunas vicisitudes presupuestarias que hay que afrontar. Por ello, no debe extrañar que se califique de electoralista cuando se ponen en evidencia contradicciones tan flagrantes.
Por lo que se refiere al IRPF, el error en el diseño del calendario de la reforma ha obligado al Gobierno a improvisar en una semana (la que va desde la sorprendente puesta en escena de la reforma tributaria en el Club de Marketing de Navarra a su toma en consideración por el Gobierno) los cambios en la tributación del ahorro con el tratamiento de las plusvalías a corto, la exención de 1.500 euros y el incremento de patrimonio con la supresión de los coeficientes de abatimiento. Uno se pregunta qué motiva que las plusvalías obtenidas en un año hayan tenido tan breve recorrido en su tributación a la tarifa general cuando nos lo vendieron hace cuatro días como un gravamen más justo para las inversiones especulativas, o la supresión de la exención que pretendía beneficiar al pequeño inversor.
La medida estrella en el IRPF es la rebaja de la tarifa para volver a lo largo de 2015 y 2016 a los mismos porcentajes que existían en 2011. Por ello hay que inquirir también qué tiene esto de profundo e innovador. Afirman en su documento que pretenden con ello que el sistema sea “equitativo, para el mantenimiento de un sistema tributario justo” y “progresivo, para una contribución acorde con la riqueza”, pero sus propios cálculos indican que una pareja con dos hijos y 30.000€ brutos de renta tendrá 192,5 euros más en el bolsillo, frente a una pareja con dos hijos y 100.000 € brutos de renta que dispondrá de 808,10 € más.
Es innegable que para tomar posición al respecto el Gobierno tiene que explicar cómo se reparten los 50 millones de menos entre la modificación de la tarifa y la nueva tributación de los rendimientos de capital, ya que las cifras no son coherentes con las que dieron en 2011.
En el Impuesto de Patrimonio proponen la elevación del mínimo exento a un millón de euros y la rebaja de la tarifa. Es una lástima que el Gobierno no haya considerado oportuno en su power point incluir unos ejemplos para que los ciudadanos puedan constatar el ahorro que tiene una persona con dos millones de patrimonio, por ejemplo, antes y después de la modificación, y ver cómo queda su contribución acorde con la riqueza. Quizás es que se les ha olvidado incluir entre los pilares de la reforma el mantra que ningún navarro esté en peor situación que el resto de contribuyentes del Estado. Sorprende no obstante que, siendo tan evidente en el estudio que sobre este impuesto entregaron en la ponencia tributaria la distorsión que produce la aplicación del límite de la cuota íntegra del Impuesto de Patrimonio y del IRPF, no haya ninguna propuesta de modificación en este sentido y se haya optado por la de la tarifa.
En el Impuesto de Sociedades se concentran las mayores novedades con la intención declarada de simplificar y reordenar para incidir en la reactivación. Veamos:
Se regula un único tipo del 20% para grandes, medianas y pequeñas empresas y se introduce un suelo mínimo de tributación del 10 % salvo para quienes creen empleo indefinido, cuyo valor se establece en el 8%, y para las empresas que inviertan en I+D+i, para los que no se establece suelo. Es este suelo mínimo de tributación la modificación más trascendente a nuestro parecer de toda la reforma. Y si lo hemos entendido correctamente, esta regulación, además de no simplificar el impuesto (supone un nuevo y complejo cálculo), encierra una paradoja porque, aunque el tipo nominal baja, el tipo efectivo de tributación sube, así que una buena parte de las empresas pagarán más Impuesto de Sociedades.
Cuando tengamos acceso a la memoria económica y las simulaciones que ha realizado la Hacienda Tributaria de Navarra para sustentar esta propuesta, estaremos en mejor disposición de conocer realmente a qué empresas afectan estas medidas y otras como la réplica de la modificación estatal de la deducción por doble imposición, la disminución del plazo para compensar pérdidas…
Por último, nos gustaría realizar dos apuntes. Tras haber sido presentado el Informe sobre la economía sumergida en Navarra que la cuantifica entre el 18 y el 20% del PIB foral, brillan por su ausencia en esta reforma las medidas de lucha contra el fraude fiscal. Únicamente la limitación de los gastos deducible en IS y en IRPF, copia por cierto de las introducidas el año pasado en la normativa vizcaína, van en esta línea. Pero más llamativo es que no se hayan desarrollado en el documento de trabajo modificaciones de materias tan importantes como el cobro en vía administrativa de deudas derivadas del delito fiscal, cuando en la Ley Foral de medidas contra el fraude fiscal de abril de 2013 se introdujeron los mimbres para ello.
La consejera Goicoechea ha ganado el pincho de tortilla al señor Lizarbe al cumplir el plazo para presentar la reforma. Todos reiríamos la gracieta si no fuera porque al documento de trabajo remitido por el Gobierno le faltan datos esenciales y su contenido provoca un hondo desencanto. Si a esto añadimos los aires recentralizadores y contrafueristas que nos vienen de Madrid, como la reiteración de la doctrina del Tribunal Constitucional cercenando gravemente la capacidad normativa de Navarra en materia fiscal, doctrina dictada como consecuencia de sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra leyes forales de Navarra por el Gobierno del PP, socio y aliado de UPN, el panorama que se nos presenta es francamente oscuro y preocupante.
Uxue Barkos y Manu Ayerdi, en Diario de Noticias
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