A la asociación gitana Chachipen del Gau Kalo no le tiembla el pulso a la hora de acusar al alcalde de Murillo el Fruto, Javier Gárriz, de “racista”. Es más su presidenta, Segunda Jiménez, sugiere que el primer edil ha podido tomar “represalias” contra los vecinos de etnia gitana a raíz de una noticia publicada en enero, cuando el colectivo sacó a la luz un documento firmado por el propio Gárriz en 2011, poco antes de que tuvieran lugar las elecciones en las que salió reelegido, por el que se comprometía a “sacar a trabajar a los socios de etnia gitana” así como a cederles el uso de centro socio-cultural del pueblo (para la celebración de bodas, bautizos y comuniones) a cambio de recibir su voto.
Gárriz aseguró entonces que el documento estaba “totalmente manipulado”. Lo cierto es que la nota iba dirigida a Luis Usoz, candidato de UPN a la Alcaldía de Carcastillo que no fue elegido y está en la oposición municipal, pero “por falta de tiempo” el colectivo añadió a bolígrafo varias anotaciones “para que el texto valiese para los dos”, comentaba en enero Jiménez. Aunque Luis Usoz no firmó el citado documento, Javier Gárriz reconoció que sí lo hizo porque pensaba que solamente tendría validez si los dos candidatos lo apoyaban. De hecho, en el documento consta que “Javier Gárriz adquiere el mismo compromiso y en las mismas condiciones” que Usoz, se supone.
Aunque en un principio todo hacía presagiar que el tema acabaría en los tribunales, vista la gravedad del asunto, el paso del tiempo apaciguó los ánimos de uno y otros. Eso parecía, al menos, hasta que la presidenta de Chachipen del Gau Kalo explicó ayer que “la semana pasada quise reunirme con él, pero me dijo que no coge citas. Solo queríamos pedirle que nos dejara el frontón para que los chavales puedan jugar a pelota, pero no le da la gana, oye”.
En la misma línea denunció que “tanto él como yo ocupamos puestos de responsabilidad y no nos podemos guiar por cuestiones personales. Como cargo público no se puede negar a recibir a un colectivo del pueblo, sea el que sea”. Pese a todo, Jiménez se mostró dispuesta a “dialogar y a solucionar los problemas que podamos tener, pero él no nos da opción”. De ahí que califique la situación de “vergonzosa”. “Lo que más me extraña es que como afiliado de UPN que es (aunque en las últimas elecciones concurrió bajo las siglas independientes Unión del Pueblo Murillo), no le hayan dado el alto” comentaba ayer Segunda Jiménez.
Además de por la cesión del frontón, el disgusto de Jiménez guarda relación con el centro socio-cultural. Si en enero se quejaba de que el alcalde no había querido dejarles este espacio para una celebración familiar, ahora denuncia que la fianza para poder alquilar el local es abusiva. Y es que la nueva ordenanza para la utilización de edificios, locales e instalaciones municipales, aprobada el 13 de febrero, establece que para los banquetes de boda “se deberá abonar una fianza previa de 1.000 euros” más 200 euros por su utilización, una suma demasiado elevada bajo su punto de vista. Por todo ello, la asociación gitana no descarta movilizarse en el futuro y concentrarse a las puertas del Ayuntamiento de Murillo el Fruto para dejar constancia de sus reivindicaciones.
Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Javier Gárriz para escuchar su versión de los hechos, pero no ha habido éxito.
Ainara Izko, en Diario de Noticias
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