Pasando ya a las posturas de los partidos en relación con el Estatuto Vasco-Navarro, resulta ocioso hablar de la actitud del PNV por cuanto fue el partido que más propaganda hizo del Estatuto y que más se implicó en su aprobación.
En el seno de la Comunión Tradicionalista había quienes lo apoyaban como Joaquín Beúnza y quienes lo denostaban como el flanco integrista y Víctor Pradera. Tan es así que dicha formación dio en una reunión celebrada en mayo libertad de voto a sus afiliados con cargos en ayuntamientos. El sector de los católicos independientes no carlistas, que se integrarían en 1933 en Unión Navarra, luego confederada en la CEDA, también mantuvo posturas ambivalentes. Dos de sus figuras más destacadas, Rafael Aizpún Santafé, coautor del proyecto de las gestoras, y Miguel Gortari Errea, se manifestaron favorables al Estatuto Vasco, aún cuando remarcaron sus reservas. De cualquier forma, Diario de Navarra, el periódico de mayor tirada en Navarra, con mucha diferencia sobre los demás, siempre se significó por situarse en contra del Estatuto común ya desde la primavera de 1931. Al fin y a la postre, dentro del bloque configurado por conservadores y tradicionalistas, los proestatutistas se revelaron en la votación decisiva como minoritarios. También hay que decir que la Gaceta del Norte, portavoz de la derecha católica en Vizcaya, no hizo campaña a favor del Estatuto Vasco-Navarro.
Las formaciones políticas republicanas también se caracterizaron por la diversidad de puntos de vista acerca de la materia autonómica. En general, en el conjunto de Vascongadas y Navarra, la actitud de los republicanos se resumiría así: “apoyo casi unánime en las Vascongadas (excepción: el Partido Radical de Álava) y rechazo también casi unánime en Navarra (excepción: Acción Republicana)”. Con todo, su apoyo no era sinónimo de entusiasmo, que sólo era sentido en Vascongadas por unos pocos. Además, la izquierda hizo propaganda a favor, más a través de las instituciones que de los partidos y de su prensa. Su principal periódico, por ejemplo, El Liberal, no hizo campaña a favor. De cualquier forma, el PSOE y los republicanos “aprobaron el proyecto en las Vascongadas, pero se reservaron el derecho de defender varias enmiendas en las Cortes”.
Tal y como queda dicho, en Navarra, a excepción de Acción Republicana, los demás partidos republicanos no fueron favorables. El Partido Republicano Radical Socialista se declaró abiertamente en contra del Estatuto Vasco-Navarra en la asamblea de su agrupación pamplonesa de 4 de mayo de 1932, porque, si bien no había “en varios aspectos más que moderada y justa autonomía”, se advertía “en otros varias notas separatistas”. Además de ello, no hay que olvidar las decisivas actuaciones de Azarola, dirigente del partido, para que finalmente los representantes municipales navarros votaran en contra del Estatuto común.
El partido republicano más claramente autonomista fue Acción Republicana. Mariano Ansó ya expresó su autonomismo en un discurso en las Cortes el 30 de julio de 1931, afirmando su apuesta por un estatuto que respetara “rigurosamente los derechos individuales y todas las conquistas de la civilización”. Más adelante, en una conferencia de junio de 1932 precisó las bases de su apoyo al estatuto común. Si bien entendía los recelos por el antecedente reaccionario de las enmiendas de Estella, Navarra no podía contentarse con el marco de la ley de 1841. Además, la vinculación de Navarra con el País Vasco se hacía respetando su personalidad, abriendo la posibilidad de “desarraigar la fuerza política de Navarra de la fuerza de la reacción”. El encauzamiento de la autonomía debilitaría al nacionalismo despojado de la fuerza que da la persecución. De cualquier forma, el voto favorable al Estatuto no significaba aceptarlo en su totalidad, pudiendo ser reformado por las enmiendas presentadas por los ayuntamientos y “si las enmiendas que se presenten al mismo no prosperasen, quedan las Cortes que realizarán la labor depuradora”. El punto de vista de Ansó quedó refrendado en la asamblea general de su formación en la que se decidió aceptar el proyecto que se sometía a la aprobación de los ayuntamientos, admitiendo la posibilidad de presentación ulterior de enmiendas al mismo. Otro señalado autonomista de Acción Republicana fue el tafallés David Jaime, concejal de su localidad y miembro de la gestora provincial, quien repetidamente hizo gestiones a favor de la autonomía, siendo, junto con Rufino García Larrache, como ya se ha dicho, su propagandista más activo en la mitad sur de Navarra.
Por lo que toca a los socialistas, sus posturas tampoco eran del todo homogéneas ni inmutables. Los principales valedores del Estatuto común dentro del PSOE navarro fueron Constantino Salinas, vicepresidente de la gestora provincial, y Salvador Goñi Urriza, ponente que participó en la redacción del texto y representante de Pamplona en la asamblea estatutaria de enero de 1932. Sin embargo, la mayoría del PSOE y de la UGT se posicionaron en contra.
De esta forma, el órgano de la UGT de Navarra, ¡¡Trabajadores!!, publicó en los meses siguientes varios textos en los que señalaba que el Estatuto no era operativo para solucionar los problemas sociales y agrarios que aquejaban al sur de Navarra, problemas que sólo podían ser afrontados con garantías desde el poder central. Además, se indicaba que la autonomía podía “convertir a Navarra en un foco de conspiración permanente en contra de la República”, marginándola de las orientaciones progresistas republicanas, y se expresaban reticencias hacia el PNV, ante el temor de que éste capitalizase los logros del proceso estatutario. El tono de algunos artículos no hacía, desde luego, ninguna justicia a los intentos de Rufino García Larrache y de David Jaime por hacer del Estatuto Común una herramienta válida contra las desigualdades sociales en el mediodía navarro, y muestran una confianza extraordinaria en las posibilidades que podía ofrecer el gobierno central en sus proyectos de reforma agraria, posibilidades que no se concretaron en nada en relación con Navarra.
Por su parte, el dictamen de la ponencia designada por la agrupación socialista de Pamplona, publicado en ¡¡Trabajadores!! el 20 de mayo, negaba la unidad étnica del País Vasco-Navarro, consideraba excesivos los derechos lingüísticos asignados en el estatuto a las comunidades vascoparlantes y, en lo concerniente a legislación agraria y social, afirmaba que “la región no necesita reglamento especial ni poder alguno que (…) podría ser, al fin, más que una ayuda un obstáculo”. Además, el documento valoraba que el Estatuto acarrearía inconvenientes en el plano económico “porque provocaría un aumento de los gastos burocráticos y en la aplicación de los impuestos habría de predominar el espíritu reaccionario y de clase de los políticos dominantes”.
Obviamente, la postura contraria al Estatuto desde el PSOE y la UGT, el componente mayoritario con mucha diferencia dentro del bloque de las izquierdas navarras, así como la del PRRS, plantea la cuestión de los porqués de la escasa socialización entre la conjunción republicano-socialista de la apuesta estratégica de Constantino Salinas, David Jaime y Rufino García-Larrache, los tres miembros de la conjunción en la Gestora más comprometidos con la República en Navarra, tal y como demostraría su práctica política y su trayectoria posterior. Creemos que para responder a esa pregunta habría que enfocar, quizás, no tanto hacia aspectos relacionados con la validez de las estrategias políticas como hacia problemas derivados de las relaciones grupales y personales entre las diferentes formaciones del ámbito republicano y socialista en Navarra, en el conjunto del país vasconavarro y en España, un tema todavía por trabajar.
Fernando Mikelarena, en Aberriberri
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