Finalmente, en la asamblea de Pamplona del 19 de junio de 1932 se reunieron representantes de 506 de los 549 ayuntamientos vasconavarros. En ella, Emilio Azarola, alcalde de Santesteban y líder de los radicales-socialistas, Azarola recordó la claúsula aprobada, a propuesta suya, en la asamblea de enero relativa a la contabilización separada de los votos de Navarra. Tras su asunción por parte de los asambleístas, los representantes navarros se reunieron separadamente. Finalmente, la votación de los delegados navarros arrojó el resultado siguiente: sólo 109 (que representaban 135.585 habitantes) de los 267 municipios votaron a favor del Estatuto común; 123 (con 186.666), votaron en contra; y 35 (con 28.859) se abstuvieron. De este modo, mientras las otras tres provincias aprobaban mayoritariamente el Estatuto, y a pesar de que los datos conjuntos, de los que hablaba el artículo 12 de la Constitución, suponían un apoyo del 65 por ciento de los ayuntamientos con el 78 por ciento de la población, Navarra quedó desenganchada del proyecto. El resultado impidió la celebración del reférendum, previsto para el día 3 de julio.
De cualquier forma, la decisión de la Asamblea había sido anticipada por el voto contrario del Ayuntamiento de Pamplona del día 17. Esa decisión había sido posibilitada por la ausencia de cinco concejales republicanos y socialistas que había dado la mayoría a la derecha. Ocho concejales de la conjunción votaron a favor de un Estatuto Vasconavarro que integrase sus enmiendas, mientras que otro apoyaba el texto tal y como estaba redactado. Por su parte, el voto contrario de los trece concejales de la derecha se fundamentaba en argumentos como el de que el constitucionalismo, base última del proyecto estatutario, siempre había conculcado las libertades forales, además de fijarse en aspectos como los costes económicas de la autonomía conjunta y el “marcado sabor separatista” de algunas denominaciones de la nueva realidad institucional.
A pesar de que se ha documentado algunos casos de falseamiento de votos en los que los apoderados de algunos ayuntamientos se inclinaron por opciones diferentes de las que les habían ordenado, así como de otras irregularidades que desvirtuaron los datos finales, el resultado no habría variado en virtud de la claúsula introducida en la asamblea de enero.
En relación con la actitud de la derecha y de la izquierda en esa votación, “de los 196 ayuntamientos navarros de significación derechista expresa (88) o tácita (108) -independientes, indeterminados, heterogéneos y <>, mayoritariamente ubicados en la órbita política derechista- , 85 votaron a favor, 85 en contra y 26 se abstuvieron. Por el contrario, de 70 ayuntamientos navarros de mayoría izquierdista, 23 votaron a favor, 38 en contra y 9 se abstuvieron” . La zona más contraria al Estatuto fue la meridional, por la actitud en ella de los mayoritarios ayuntamientos de izquierda. Fuera de la Ribera, la oposición al Estatuto común fue muy dispersa en las restantes zonas, siendo difícil establecer una relación mecánica entre el factor geográfico y el sentido del voto.
Por lo tanto, el fracaso del proyecto autonómico común con Vascongadas fue ocasionado primordialmente por el rechazo o la abstención de 111 de los 196 ayuntamientos controlados por la derecha, que suponían el 56,5 por ciento de ellos y el 70,2 por ciento del total de los ayuntamientos que no dieron su apoyo a aquél. Al fracaso también coadyuvó el voto contrario de los representantes municipales de los ayuntamientos gobernados por la izquierda, posicionamiento que sumaba 3 de cada 10 votos en contra de la propuesta de unión vasconavarra.
Después del fracaso del proyecto estatutario, los republicanos proestatutistas que estaban en la Comisión Gestora de la Diputación no se dieron por vencidos, sino que, persuadidos de que el intento de republicanización de Navarra pasaba por la conformación de un marco político-institucional conjunto con las otras tres provincias, plantearon nuevas iniciativas dirigidas a retomar la cuestión. De esta forma, Rufino García Larrache propuso en diciembre de 1932 a la Diputación navarra que realizara una campaña institucional por los pueblos a favor del estatuto común. Asimismo, los socialistas navarros partidarios del Estatuto común como Constantino Salinas y Salvador Goñi intervendrán en los intentos de incorporación de Navarra al Estatuto Vasco que tuvieron lugar en los primeros meses de 1933.
Por último, dirigentes del PSOE navarro firmaron la petición realizada al presidente del Congreso de los Diputados por el comité del Frente Popular navarro del 15 de junio de 1936 en relación con la incorporación de Navarra al Estatuto Vasco. En el texto se apuntaba que la estrategia de las derechas navarras en relación con la cuestión estatutaria había partido del “odio a la República y a la Constitución” y que el apoyo que en mayo-junio de 1936 expresaban algunos sectores de las mismas al Estatuto Navarro, si bien de poca rotundidad como probaría el escaso apoyo que obtuvo en la prensa y en otras instancias, tenía como finalidad afianzar su dominio en Navarra. Asimismo, esgrimían que el intento de las derechas de suprimir del Estatuto Vasco, que estaba discutiéndose en comisión en las mismas Cortes, el artículo adicional que posibilitaba la incorporación de Navarra, perseguía “impedir que el contacto y trabazón con la democracia vasca diera a las izquierdas de Navarra mayor representación y fuerza que mermase su poderío y sus privilegios”. Vemos en ese argumentario rastros evidentes de la praxis política desarrollada por los miembros proestatutistas de la Gestora Republicana de la Diputación en unión de algunos otros miembros de la Conjunción en 1932. A la vez, nos reafirman en nuestra tesis, de que considerando la debilidad del nacionalismo en Navarra, las posturas a favor de una autonomía conjunta con las Vascongadas en territorio navarro, tanto en 1932 como en 1936, respondían a un enfoque estratégico de algunas personalidades de la izquierda que perseguía el crecimiento de la influencia de las formaciones de ese espectro.
La racionalidad de fondo de la apuesta proestatutista de algunos sectores del republicanismo de izquierdas y del PSOE para afianzar la República y las propias posiciones políticas de sus partidos en Navarra, vistos los buenos resultados electorales de la conjunción republicano-socialista en 1931, las tensiones en el bloque católico-fuerista y la ruptura final de éste en el verano de 1932, choca con los nulos avances de la izquierda en Navarra tras el primer bienio. No obstante, ello no significa que afirmemos que ello fuera debido al fracaso del Estatuto Común ni tampoco debe entenderse que afirmemos que el marco estatutario vasconavarro garantizaba con plenitud un mejor escenario para la izquierda navarra, puesto que muchos otros factores también jugaban su papel.
Las elecciones generales de 1933 supusieron el cambio de escenario provincial con el fuerte crecimiento de la derecha, que consiguió el 71 por ciento de los votos, a costa de republicanos y socialistas. Posteriormente, la derecha se haría con los principales bastiones de la izquierda. En septiembre de 1934 ganó el ayuntamiento de Pamplona gracias al apoyo de los republicanos radicales. Asimismo, el apoyo de los radicales a la tramitación de la proposición de ley para la renovación de la Gestora Provincial presentada por Aizpún, diputado cedista por Navarra, posibilitaría en enero de 1935 el control de la misma a la derecha.
La actividad de esta Gestora de Derechas sirvió para modificar a su favor el rumbo de la política foral, derogando la normativa aprobada en 1932 sobre juntas de veintena, quincena y oncena, oponiéndose a la ley municipal objeto de debate, aprobando un nuevo reglamento sobre la constitución y el funcionamiento del Consejo Foral Administrativo y paralizando la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Bajo todo ello, los problemas agrarios no sólo no se solucionaron, sino que la patronal y la derecha abolieron las conquistas anteriores o las convirtieron en papel mojado. Y lo que es más importante, Navarra se configuró como un territorio liberado preservador de los viejos valores, como la nueva Covadonga, en el que la derecha se aprestó para la movilización contra la República y la reconquista de España. Para finalizar, la represión durante la guerra civil se cebó duramente en dirigentes y militantes republicanos y socialistas. De los casi 3.000 asesinados por los sublevados, el 37,4 por ciento era de izquierdas en general o sin afiliación, el 36,1 de UGT, el 7,2 de Izquierda Republicana, el 4,1 del PSOE y el 3,1 de las Juventudes Socialistas.
Fernando Mikelarena, en su blog
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