Chirrían las escalerillas que llevan del taller a las oficinas, sube el jefe sudoroso. Este emprendedor acaba de poner en práctica no sé qué artículo de la reforma laboral que le ha permitido despedir a una empleada por acumulación de bajas en un tiempo determinado. No suda por ello, suda porque el sobrepeso le causa fatiga al subir las escaleras.
Al llegar, entra en un despachito, parpadea la fluorescente, y cambia su americana por una bata blanca, ¡el siguiente! Ha empezado a pasar visita. En fila, esperan, con caras largas, unos cuantos asalariados que enferman por encima de sus posibilidades. Agarrando con fuerza su cartera con una mano, con la otra, comienza a pautar sus remedios en un folio con membrete de la Mutua: “… necesita desconectar, pensar en otras cosas, ya verá qué bien le sienta volver al trabajo para olvidar esta depresión, … le vendría bien el reposo, descansar lo máximo, por eso cuando salga del trabajo procure dormir y comer sano, ¿cómo dice que se llama lo que tiene en las tripas?… ¡alta!, ... ¡alta!, … ¡alta!".
El pasado 18 de julio, fecha de tantos malos recuerdos, el Gobierno aprobó un real decreto que da más competencias a las Mutuas (asociaciones empresariales que gestionan fondos públicos), a la hora de decidir sobre los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes. Es un paso más en una estrategia que pretende otorgar un poder cuasi absoluto a estas entidades en lo que a la salud de las plantillas se refiere. Nadie nos pondríamos en manos de nuestros jefes para abordar procesos sanitarios pues sabemos que tienen otros intereses que podrían priorizar, por ello utilizan las Mutuas, para poner un ornamento sanitario a esta afrenta a nuestra salud.
Esta medida que se ha tomado con nocturnidad y veranosía es de las que puede pasar inadvertida o ser entendida como inocua pues los titulares y declaraciones de responsables institucionales rebosan de términos como agilidad, eficiencia, ahorro… No obstante, en breve comenzarán a darse casos de rebajas con altas prematuras y de indefensión, tal y como ya se dan hoy en día con los procesos de baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo.
La ley dice que nos jubilaremos a los 67 años pero con las cada vez peores condiciones de trabajo y con la cada vez peor atención a la salud de las plantillas, pocas personas llegarán a esta edad trabajando. Mayores y sin salud, con un despido hiperfacilitado, pasaremos los últimos años de nuestra vida laboral en el paro, en detrimento de nuestras pensiones. No podemos esperar a que este cuento de terror se materialice en nuestras vidas, debemos romper ya esta dinámica de involución social y demoledora de derechos, porque más vale prevenir que currar así, debemos oponernos a la Ley de Mutuas y defender una sanidad pública y de calidad que también atienda la salud de las personas trabajadoras.
Txus Nájera (Colectivo Malatextos)
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