Lawfare, del inglés guerra judicial, esa palabra que cada día nos ronda a través de los medios de comunicación y nos está ayudando a ponerle nombre a una práctica cada vez más común en España: la presentación en los juzgados de querellas y denuncias de entidades y organismos ultraconservadores contra todo aquello que la ultraderecha entienda que atenta contra su ideología.
La guerra judicial se ha emprendido en nuestro país contra leyes, medidas sanitarias, contra la gestión de la pandemia, contra el 'procés', contra Unidas Podemos, contra artistas, raperos o titiriteros. Citando algunos ejemplos: Abogados Cristianos contra Chumino Rebelde; Instituto de Política Social contra la Ley de educación, conocida como la Ley Celáa; HazteOir.org y el colectivo fascista Hogar Social contra todas las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia; Asociación de Juristas Prolege contra Unidas Podemos; entre otros muchos casos, dan cuenta del abuso de los procesos judiciales para intervenir en los procesos políticos.
LA CALLE ARRANCADA A LA MAESTRA JUSTA FREIRE
Sin ir muy lejos en el tiempo, estas semanas hemos visto una demostración de lawfare que explica al completo el modus operandi judicial de los ultraderechistas. La Fundación Francisco Franco, a la que se suma más tarde la Plataforma Patriótica Millán Astray, presenta en los Juzgados un recurso contra el acuerdo tomado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en 2017 para cambiar el nombre de 52 calles y cumplir de esta forma con la Ley de memoria histórica aprobada siete años antes por Jose Luis Rodríguez Zapatero.
Estos recursos no prosperaron y en 2018 el Tribunal Superior da luz verde al Ayuntamiento para cambiar el nombre de las calles y entre esos cambios se produjo el de la calle dedicada al franquista Millán Astray por el de la maestra de la República, Justa Freire.
No llevaban ni un mes las nuevas placas puestas cuando de nuevo, un juez dijo que no había argumentos suficientes para cambiar de nombre a la calle de Millán Astray. El magistrado, al contrario que el Tribunal Superior, sí entró en el auto a valorar el cambio de nombre de las calles. Argumentó que el cambio de nombre amparándose en la ley de memoria de histórica no estaba suficientemente justificado.
A pesar de los recursos presentados por el Ayuntamiento de Madrid entonces, en mayo de este año, llega la respuesta del TSJ obligando a al Ayuntamiento a devolverle a la calle el nombre de José Millán Astray argumentando en el auto lo siguiente: "no participó directamente en el levantamiento de las tropas que llevó al poder a Francisco Franco mediante la Guerra Civil. Tampoco, añadía la sentencia, se puede demostrar que participara en acciones bélicas durante la contienda ni en la represión ejercida durante la dictadura".
Hoy, a siete kilómetros de la Puerta del Sol una calle ha cambiado de nombre y esto podría ser solo anecdótico si no fuera por la gravedad de que un auto judicial niegue que Astray fuera un golpista y un fascista. Todo esto mientras que en Francia homenajean a La Nueve, en España, a la División Azul. Golpistas por maestras a golpe de mazo.
EL NOVIAZGO ENTRE EL LAWFARE Y LOS MEDIOS DE LA ULTRADERECHA
Llegados a este punto pudiera parecer que esta guerra judicial es una dinámica antidemocrática para ir condicionando el proceso político hasta que los medios de comunicación les permitan gobernar de verdad, la estrecha relación entre ambos debe alimentarse constantemente.
Una causa abierta, un recurso presentado, una resolución citada una y otra vez tiene su eco en los medios y eso les da resultado. En el día de hoy lo explicaba en Rac1 el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: "hay medios en este país que han blanqueado a auténticos sicarios de la información como Eduardo Inda, detrás están los Ferreras, los Herreras, Ana Rosa... y esto forma parte de las condiciones de posibilidad de la ultraderecha y que esa ultraderecha pueda gobernar".
Ya no importa que una noticia sea un bulo desde el principio, o que un proceso judicial no prospere, para cuando concluya el ruido mediático ya habrá hecho todo el trabajo.
EL EFECTO DESALIENTO
El último golpe de toda esta situación es desmoralizar a todos aquellos que sacan adelante proyectos de cambio. El magistrado García de Dios lo definía hace un año en una entrevista de TV3 como 'el efecto desaliento'. "No todo el mundo en sus luchas por los derechos asume o está dispuesto a la prisión". Es en resumen "no te metas en política", "deja las cosas como están", "atente a las consecuencias".
Gara Santana, en La Última Noticia
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