LA JEFATURA DE ESTADO, EN MANOS DE IRRESPONSABLES

 El artículo 56.3 de la Constitución española de 1978 establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y que sus actos “estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo”. Y ese artículo 64 establece que esos actos “serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” y que de ellos “serán responsables las personas que los refrenden”. Así, el artículo 56.3 establece que el rey –con la entrada en vigor de la Constitución española, Juan Carlos I desde 1978 hasta 2014 y Felipe VI desde 2014 hasta la actualidad– es inviolable e irresponsable.

Esa doble condición del rey fue muy criticada en la Comisión Constitucional del Congreso durante el debate sobre la redacción del artículo 56.3, pues algunos sectores plantearon la hipótesis de un rey delincuente –asesino o violador, llegaron a decir–. No obstante, Óscar Alzaga –miembro de la Comisión Constitucional en representación de la UCD, el partido entonces mayoritario en el Congreso; además de catedrático de Derecho Constitucional– sí se mostró partidario de dicha redacción, pues –según dijo– si el rey delinquiera, “nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica”.

Tras la disolución de la UCD, Alzaga fundó el PDP, partido que acabó integrado en el PP. Un cuarto de siglo después, Juan Carlos I –acorralado por sus escándalos– acabó primero abdicando, después dejando la actividad pública y finalmente recluyéndose en Abu Dabi, donde este martes ha comido con Carlos Herrera, locutor de la cadena COPE y columnista del diario ‘ABC’. El digital ‘El Español’, que dirige Pedro J. Ramírez, ha dado cuenta del encuentro entre ambos, a quienes “une una estrecha amistad”, y ha citado las siguientes palabras de Herrera sobre el anterior jefe del Estado: “Está deseando volver a España”.

El rey es inviolable e irresponsable, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo llega la inviolabilidad y la irresponsabilidad de un rey? ¿Hasta el infinito?

Entre los propios constitucionalistas existe un debate doctrinal al respecto. Los más progresistas restringen el hasta dónde y el hasta cuándo; los más progresistas los amplían. Y los letrados del Congreso y los partidos monárquicos –encabezados por PSOE, PP y Vox– coinciden con las posiciones de estos últimos.

En este sentido, PSOE, PP y Vox han tumbado este miércoles en la Mesa del Congreso la última petición de una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, que fue registrada el pasado mes de julio por Unidas Podemos y otras ocho formaciones del bloque de investidura –ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, Más País-Verdes Equo, CUP, Compromís y BNG– para esclarecer la presunta venta “opaca” de armas por parte de España a Estados “no democráticos” y si el anterior jefe del Estado pudo lucrarse de ella mediante presuntas “comisiones ilegales”, como ha publicado alguna prensa. No es la primera vez que los partidos liderados por Pedro Sánchez, Pablo Casado y Santiago Abascal tumban una de esas peticiones; de hecho, es la decimoquinta en el apenas un año y nueve meses que va de legislatura.

Ni siquiera investigarlo

Los letrados del Congreso, y con ellos los tres partidos monárquicos, consideran y alegan que la Constitución y la interpretación que el Tribunal Constitucional viene haciendo de ella a Juan Carlos I no sólo no permiten juzgarlo, sino que ni siquiera permiten investigarlo en la Cámara.

Constitucionalistas progresistas como el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, vienen destacando que en España la Constitución de 1978 es la primera en que conviven “monarquía” y “democracia”, pero que esa convivencia no tiene como punto de partida una decisión constituyente del “pueblo español”, sino la restauración de la monarquía borbónica por parte del general golpista Francisco Franco. Que una restauración así preceda a la introducción, en la Constitución, del principio de legitimidad democrática o “principio democrático” –contenido en el artículo 1.2 de la propia Constitución: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”– es algo que ni sucede ni ha sucedido en ningún otro Estado europeo. Por eso –como ha señalado el propio Pérez Royo– el rey de España se considera legitimado para intervenir en el proceso político, y aunque no lo haga en el día a día sí lo ha hecho en momentos decisivos, que son los que definen la naturaleza de un régimen político.

Según la Constitución, el rey –antes, Juan Carlos I; ahora, Felipe VI– es el jefe del Estado, en su nombre se administra la justicia, a él corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas o “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones” –signifique lo que signifique ese concepto jurídico indeterminado, que no está del todo claro–, y al mismo tiempo es inviolable y no sujeto a responsabilidad, es decir irresponsable. Una realidad que define como pocas otras el régimen del 78.

Javier Lezaola, en La Última Noticia