lunes, 7 de octubre de 2013

MÁS DEMOCRACIA, MEJORES PARTIDOS

En abril de este año se presentaron los primeros resultados del Estudio Values and Worldviews, que examina un amplio conjunto de percepciones, actitudes y valores centrales de los ciudadanos de diez países europeos. Es un trabajo meticuloso, profundo y que recomiendo. El estudio se ha estructurado en dos partes: esfera pública (política, economía) y plano privado (familia, religión, ética). Hay una pregunta significativa: «En conjunto, ¿cómo cree que funciona la democracia en su país?». La media europea (sobre 10) es de 4,9 puntos. España se sitúa en la cola de la lista con 3,6 puntos.
La insatisfacción política es el estado de ánimo de la sociedad española. Los más miopes atribuirán esta situación a las duras condiciones que la crisis económica (o la búsqueda de soluciones basadas en los recortes y en la austeridad como dogma) imponen sobre la vida de los ciudadanos. Buscarán en las causas exógenas las explicaciones a sus propios déficits. Pero lo cierto es que la sociedad española lleva mucho tiempo mostrando una constante desafección respecto a la vida pública: a nuestra arquitectura institucional y a sus principales operadores públicos; es decir, los partidos políticos y las instituciones democráticas.

La mitad de los españoles, por ejemplo, se muestra insatisfecha con la Constitución y la otra mitad, podríamos decir, no está de acuerdo con ella. El consenso (necesario, conveniente e impresdindible para cualquier reforma de calado) ha sido secuestrado por una interpretación errónea de la mayoría parlamentaria, que no comprende que se trata de mirar en perspectiva de una generación, no de una legislatura. Y la percepción y opinión públicas sobre la confianza y la credibilidad de los partidos políticos y de nuestros representantes está por los suelos, situándose como el segundo problema real de los ciudadanos. Además, la corrupción real y percibida es una losa pesadísima.
Seguramente, hay un factor común a la insatisfacción política que tenemos sobre textos, personas, instrumentos e instituciones. Se trata de la incapacidad para regenerar su función y su credibilidad como servicio público y bien común por la ausencia de reformas. Cuando no te reformas a tiempo (y con tiempo), te vuelves conservador, incapaz de abordar con la calma (o la determinación necesarias) las reformas y los cambios estructurales que cualquier realidad humana necesita para seguir adaptándose a las nuevas demandas y exigencias. La democracia no es una religión con normas sagradas, interpretadas por supuestos sacerdotes y profetas, que relegan a sus seguidores al papel de creyentes y feligreses. No, la democracia es un consenso permanente de prácticas, normas e instituciones al servicio del bien común y que prima el interés general sobre cualquier otro −por legítimo que sea− interés particular. Sin reformas, no hay democracia.
Hay un nudo gordiano en este contexto: el papel de los partidos políticos como institución pública preferente de participación política. Nudo que se aprieta cada día más por el bloqueo parlamentario en las reformas centrales en la Ley de Partidos, de Financiación y Electoral. Mientras, cada vez más, muchos ciudadanos, hartos y decepcionados de la actual formulación de los partidos y de su oferta, exploran nuevas prácticas, nuevos modelos de acción, intervención y participación política, e incluso creen que se necesitan nuevos y más dinámicos instrumentos. La gente no espera a los que siempre llegan tarde. Se han puesto en marcha. Están en pie. Los partidos políticos han perdido el privilegio exclusivo de la acción política. Es sano... y es sintomático.
Pero, también, muchos ciudadanos desean que los actuales partidos se reformen para promover una mayor cultura democrática interna y nuevas prácticas. La insatisfacción ha dado paso, simultáneamente, a la indignación y la proposición exigente, en una retroalimentación de energía cívica. En estos momentos, extramuros de las instituciones, en la sociedad civil, se están generando un importante y relevante número de iniciativas regeneracionistas y renovadoras. Muchos ciudadanos no se van a quedar de brazos cruzados: fiscalizan, reclaman, exigen y proponen. Queremos colegislar, también, ante la parálisis parcial de nuestras instuciones, bloqueadas por una concepción patrimonial y partidista de la participación política y de la democracia misma. Y frente a esta energía, ¿qué hacen algunos partidos políticos, y sus dirigentes?
Adela Cortina, en un artículo publicado ayer en las páginas de este diario, lo resumía muy bien: «Son los diálogos los que permiten ir incorporando en las instituciones las propuestas más lúcidas y fundamentadas, las que pueden ayudarnos a salir del marasmo, y crear una sociedad justa. La forma política de esa sociedad sería la de una democracia deliberativa, en la que los representantes responden de sus acciones, de sus programas, y también tienen línea directa con los interlocutores más preocupados por el interés común que por los intereses partidarios. En este punto la reforma de los partidos políticos se hace imprescindible en lo que hace a su democracia interna, a la transparencia de su financiación o a la necesidad de debilitar el poder de los aparatos».
Una de estas iniciativas de diálogo crítico y propositivo es la del Foro +Democracia, en la que participo junto a  centenares de personas. Proponemos una nueva Ley de Partidos que contemple, como mínimo:
1. La consideración de los programas electorales como «contratos con la ciudadanía», cuyo incumplimiento debe conllevar responsabilidades políticas.
2. La total transparencia sobre los ingresos de los partidos políticos, sean públicos o privados.
3. La prohibición de las donaciones anónimas y por parte de empresas y el establecimiento de responsabilidades penales por financiación irregular.
4. La apertura de los procesos de selección de las personas que irán en las listas electorales, incorporando al sistema electoral las «primarias abiertas» organizadas por las juntas electorales.
5. La prohibición de la disciplina de voto y el fortalecimiento de los comités de ética y garantías.
6. Elecciones directas para cargos internos, incrementado la capacidad de participación de todas las personas afiliadas.
Más de 50.000 personas (y sigue creciendo su número) respaldan esta propuesta que cuenta con la colaboración con algunos de los más importantes expertos en esta materia y de importantes complicidades dentro de las actuales formaciones políticas.
Necesitamos abrir ya una comisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Partidos, que contribuya −también− a un nuevo compromiso colectivo por la democracia, que Fernando Vallespín describía muy bien recientemente: «Creo que aceptaríamos gustosos menor bienestar por mayor cohesión y regeneración ciudadana, por una verdadera reforma política asociada a un nuevo pacto constitucional. Pero eso no parece estar en la agenda. La consecuencia es que sigue abriéndose la brecha...». Y hay que taponarla con determinación, generosidad, humildad y... rapidez. Necesitamos una comisión parlamentaria que supere el marco tradicional de consulta con la sociedad civil y que sea capaz de sumar energías cívicas, talento experto y prácticas novedosas para legislar otra Ley mucho más ambiciosa, más profunda y regeneradora de la que tenemos.
Cuando los cambios afuera son más rápidos que los cambios dentro, el fin está cerca. No esperemos más. No hay tiempo que perder, como decía el poeta Sófocles: «Cuando las horas decisivas han pasado, es inútil correr para alcanzarlas». Pues estamos, creo sinceramente, en tiempo descuento.
Antoni Gutiérrez-Rubí, en El País

domingo, 6 de octubre de 2013

LA MAYORÍA SILENCIOSA, EL PP Y EL FRANQUISMO SOCIOLÓGICO

“Permítanme que yo haga aquí, en Nueva York, un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no salen en las portadas de la prensa y no abren los telediarios, no se les ve, pero están ahí, son la inmensa mayoría de los 47 millones de españoles”
Hace un año, Mariano Rajoy no acabó la frase que completa el concepto ya manido al que se refería. La mayoría silenciosa. El mismo que se ha usado en la última Diada para minusvalorar el impacto que tuvo la cadena humana pidiendo la independencia de Cataluña, o a la que se ha aludido para echar por tierra la histórica huelga de los docentes en Baleares.
La mayoría silenciosa es un concepto acuñado por Richard Nixon para enfrentarse a los manifestantes pacíficos que luchaban por el fin de la guerra de Vietnam. Un concepto ampliamente usado en los últimos años del franquismo y los primeros de la transición para despreciar a los ciudadanos que salían a la calle protestando por el fin de la dictadura y pidiendo una apertura democrática y la amnistía de los presos políticos.
El franquismo sociológico
La apelación a este concepto fue uno de los preceptos que formó parte del llamado franquismo sociológico. La corriente de ciudadanos y políticos que habiendo vivido bien con el franquismo y estando de acuerdo con sus ideas, estaban abiertos a un cierto nivel de apertura para controlar que la transición no se saliera de los cauces tolerables.
Alianza Popular, el partido que intentaba captar a estos votantes, fue el paradigma del denominado franquismo sociológico. El partido estaba formado por siete ministros franquistas: Manuel Fraga, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Enrique Thomas de Carranza, Gonzalo Fernández de la Mora y Licinio de la Fuente. Además, formaban parte de sus filas más de 180 procuradores de las cortes franquistas. Alianza Popular nunca eludió ese sentimiento de perpetuación de los valores franquistas en una sociedad más abierta. El discurso de Manuel Fraga en marzo de 1977, en el congreso de creación de Alianza Popular, era muy definitorio en este aspecto.
“Alianza Popular ha sido reconocida como que lo que es, como una fuerza política que se niega a aceptar la voladura de la obra gigantesca de los últimos cuarenta años, que no se avergüenza de un periodo histórico en el cual el país ha dado un salto colosal hacia adelante convirtiéndose en la décima potencia industrial del mundo y multiplicando por diez la renta de los españoles”.
La importancia del concepto de “mayoría silenciosa” en el franquismo sociológico la explicó José Ribas, fundador del diario Ajoblanco, en una entrevista en 2008.
“Lo peor era una mayoría silenciosa, el franquismo sociológico muy extendido, con lo cual rebelarte era muy fuerte y difícil, porque el franquismo tenia muchos adeptos, esto no hay que obviarlo, porque es de donde partíamos. Sea por los planes de desarrollo, sea por el SEAT 600, había un inmenso franquismo sociológico que hacia aquello mas difícil, brutal. Porque la represión estaba en tu casa, en los lugares de trabajo, en todas partes. Si querías romper con esto, chocabas con la policía y con muchísimos elementos de la sociedad que estaba dormida en esa mayoría silenciosa y siniestra”.
El concepto de la mayoría silenciosa es profundamente antidemocrático. Quien lo esgrime en un marco de marketing político asume que todo aquel que calla, que permanece silente y no molesta, lo hace por voluntad propia, de forma intencionada y por adherirse a los preceptos ideológicos del que sufre las protestas. En este caso el Partido Popular.
La apelación a la mayoría silenciosa a la que se refiere el Partido Popular no es el único concepto añejo relativo al franquismo sociológico que el PP tiene en su “discurso histórico”. Discurso al que se refirió Alberto Ruiz Gallardón para defender su reforma del aborto que volverá a situar los derechos de la mujer en tiempos de Alianza Popular. El ministro de Hacienda, Montoro, recuperó hace pocas fechas el milagro económico español, aquel periodo de crecimiento económico que se dio en los años 60 y que forma parte de las lineas trascendentales del franquismo sociológico.
La alusión a estos términos y conceptos tiene como objetivo despertar los aspectos emocionales que se encuentran inmersos en el perfil del votante tradicional que el PP tiene, los nostálgicos y aquellos que si bien, por su edad, no formaron parte de la concepción del franquismo sociológico, sí se han educado de acuerdo a estos valores. La idea arraigada de que aunque el franquismo tenía sus elementos oscuros censurables, éstos eran compensados por un desarrollo económico importante, una clase media cercana al poder que había progresado y un sentimiento de nación enraizado en los principios del catolicismo.
La connivencia con el franquismo
Ese franquismo sociológico que en el PP nace de Alianza Popular, fue perfectamente explicado sin quererlo, por Alberto Ruiz Gallardón, en un programa de Intereconomía. En él, el entonces alcalde de Madrid, ensalzaba el desarrollismo franquista y apelaba a no ver el periodo del franquismo en blanco y negro para encontrar la verdad de lo que fue el régimen del dictador.
Lo mismo hizo Esperanza Aguirre en un debate en la asamblea de Madrid. La Presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó el discurso revisionista de la guerra civil equiparando a los golpistas con los defensores del régimen democrático. La elusión del debate de justicia y reparación, que desde la visión del franquismo sociológico es un debate revanchista que trata de reavivar a los dos españas, es uno de los preceptos fundamentales de este pensamiento latente en el PP desde su formación.
Esa misma actitud de equiparación entre un régimen democrático y el golpe fascista y la dictadura es la que han tomado varios miembros del PP cuando salieron numerosos miembros de NNGG exhibiendo símbolos fascistas y franquistas.
Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, al ser cuestionado por los miembros de su formación que habían aparecido haciendo apología del franquismo y el fascismo, salió del paso diciendo que no le gustaban esas banderas como tampoco la de la república, que era un periodo que provocó un millón de muertos.
Las declaraciones del alcalde popular de Baralla, que dijo en un pleno que los fusilados por el franquismo lo merecían. Las del alcalde Senén Pousa, que posa orgulloso en su despacho del ayuntamiento con cuadros y parafernalia de Franco mientras se jacta de que nadie del PP jamás se lo ha recriminado, o la de la alcaldesa de Quijorna, que usa un colegio público para realizar un mercadillo con objetos nazis y franquistas, mientras la dirección del PP de Madrid sale a defenderle por el “error”, son unas cuantas muestras que ponen de manifesto la connivencia del Partido Popular con el franquismo. Una añoranza de la que nunca se han separado por completo, bien por convicción en algunos de sus miembros, o por cuestiones electoralistas en otros.
Las condenas
Las condenas del franquismo por parte del Partido Popular siempre han sido motivo de polémica. En las filas del Partido Popular se esgrime la moción aprobada en una comisión del Congreso en noviembre de 2002 con motivo de los 25 años de democracia. Si bien es cierto que se aprobó por unanimidad, ésta no tiene una condena explícita al régimen de Francisco Franco. Sólo una condena en genérico a la violencia en la que cada uno pudiera interpretar lo que considera. La moción aprobada que a continuación se transcribe íntegra no condena el franquismo sino, cito textualmente, “los regímenes totalitarios contrarios a la libertad”. Para ser interpretado a gusto del lector.
El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática.
Segundo. El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.
Tercero. El Congreso de los Diputados reafirma, una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil.
Cuarto. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la Guerra Civil, así como de los llamados niños de la guerra, que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española y su extensión a sus descendientes directos, con conocimiento del derecho de voto.
El mayor paso que esta moción tuvo es la denominación de dictadura al régimen franquista y el reconocimiento de la represión franquista. La enmienda que fue impulsada por el Partido Popular para limar los puntos más polémicos en su formación de la moción presentada en origen por Izquierda Unida, puede resultar suficiente para algunos, pero no incluye una condena explícita del franquismo.
El hecho de que la condena no fue el punto final de la connivencia del Partido Popular con el franquismo fue su posterior actuación en la Ley de Memoria Histórica impulsada por el PSOE. El PP se opuso en la votación efectuada, que intentaba regular lo que se había aprobado en la enmienda de 2002. La reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
El grupo popular en el Parlamento Europeo también se negó a condenar el franquismoen una votación en la que fueron los únicos en hacerlo junto con la ultraderecha polaca. Mayor Oreja que fue el ponente en la Unión Europea de esa negativa aludió a la reconciliación y a las dos españas para negarse. Mayor Oreja ya había declarado en 2007 en una entrevista a la Voz de Galicia, ¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo?.
Son innumerables los casos en los que, desde las instituciones, los miembros del grupo popular han olvidado aquel insuficiente paso adelante que se dio en el año 2002. El pasado mes de junio, el PP de Madrid votó en contra de eliminar la simbología franquista de las calles de la comunidad de Madrid. En mayo, el PP, junto con UPyD, se negaron a votar a favor de nombrar el día 18 de julio, día de la condena del franquismo.
El Partido Popular sigue sin poder separarse de su ideología heredera del franquismo sociológico, no por sus orígenes franquistas, sino por su renuncia a renegar de ellos.
Antonio Maestre, en La Marea

MERCADONA SUSTITUYE MÁS DE 1.800 PRODUCTOS ESPAÑOLES POR OTROS EXTRANJEROS DE BAJA CALIDAD

Mercadona elimina mas de 1800 productos españoles por otros extranjeros de baja calidad con la marca Hacendado. Importa el aceite de oliva de Marruecos, compra las naranjas en Argentina, las calabazas en Panamá, la leche en Francia y Portugal y la chufa en países africanos.

Nos quejamos de que España está en crisis, pero no nos damos cuenta de que comprando en los establecimientos de este súper empresario sin escrúpulos llamado Juan Roig estamos alimentando a la bestia y fomentando la destrucción del tejido empresarial español.

Naranjas de Argentina, aceite de Marruecos
Como podéis comprobar en la imagen, Mercadona, a pesar de ser una empresa “netamente” española y valenciana, no tiene ningún problema en saltarse a los agricultores de su tierra e importa directamente las naranjas de Argentina durante todo el año, saltándose la temporada de naranjas valencianas.

Además, el aceite de oliva Hacendado, de muy baja calidad, lo envasa Sovena, una compañía ubicada en Portugal cuyo principal accionista es Roberto Centeno, casado con una hija del señor Roig. Este mismo Roberto Centeno ha comprado miles de hectáreas de olivares en Marruecos para Roig, que se preocupa mucho por el futuro de España y se atreve a opinar de cómo hacer las cosas públicamente, pero no se corta un pelo a la hora de llevarse la producción del aceite a Marruecos y su envasado a Portugal.

Una parte del aceite se importa desde Túnez. La consecuencia es una evidente reducción de calidad para ofrecer precios bajos. Tal y como ocurre con el pescado o con la progresiva eliminación de la charcutería tradicional de corte al momento para dejarla sólo en una charcutería de paquete con un menor coste en todos los sentidos. Lo mismo pasa con la fruta, que se vende a granel y es de mucha peor calidad. Otro tanto ocurre con los cereales, fabricados en Francia.


Calabazas de Panamá
Mercadona tampoco le hace ascos a importar calabazas de Panamá, pero tal vez el caso más paradójico se da en la sección de pescadería. En Vigo, el primer puerto de Europa por volumen de pescado descargado y que gestiona casi la mitad de la pesca en España, el pescado que se ofrece en los supermercados Mercadona no es fresco y, desde luego, no es gallego. En su mayoría se trata de pescado congelado procedente de África o América del Sur. Lo mismo pasa con los mejillones y las almejas, que en su mayoría son importados desde Chile, Francia o Marruecos.

Leche francesa y portuguesa
Mercadona es la cadena con mayor importación de leche extranjera (sobre todo francesa y portuguesa) y la envasa como si fuera española. Se trata, pues, de una materia prima que entra en España a muy bajo precio y que Mercadona utiliza en sus puntos de venta como producto reclamo, a poco más de 50 céntimos el cartón, cuando la realidad es que los costes de producción de la leche y toda la cadena transformadora superan ampliamente ese precio. Esa venta por debajo del coste real obliga a las empresas que compran la leche en España a pagar menos en origen si quieren competir con las marcas blancas. Se trata, pues, de una competencia desleal que obliga a cerrar las empresas que no entran por el aro. De hecho, en Galicia, Mercadona veta en sus supermercados marcas gallegas como Río y Larsa.

Chufa Africana
Lo mismo sucede con la chufa de la Denominación de Origen de Valencia, con los turrones de las Denominaciones de Origen de Xixona y Alacant o con un producto tan básico como el arroz. No estamos hablando de cualquier producto. Hablamos de productos estrella de la región de la que Mercadona es originaria. Todo producto con Denominación de Origen y que puede “obligar” a pagar más a los productores es eliminado de los estantes para así permitir la entrada de productos extranjeros más baratos.

El caso de la chufa es muy representativo, ya que Mercadona vendía entre el 40 y 50% de toda la horchata que se vende en España, con lo que la eliminación de la chufa valenciana de los estantes supone una condena a muerte para los pequeños productores. De esta forma, se trae chufa africana a bajo coste, cuya calidad no tiene nada ver con la chufa valenciana.

Pipas de China y patatas de Israel

Las pipas de girasol que vende Hacendado en sus variedades "gigante" y "aguasal" provienen de China y de Argentina. Algo realmente ilógico porque de todos es conocido la cantidad de campos de girasol que abundan en España. Lo mismo sucede con las patatas, que en su variedad "vivaldi" provienen de Israel.

elespiadigital.com

COLOMBIA:PROCESO DE PAZ Y MOVIMIENTOS SOCIALES

El 6 de diciembre de 1928 unos cinco mil huelguistas que trabajaban en las plantaciones bananeras de la United Fruit Company se concentraron en la plaza del municipio colombiano de Ciénaga para negociar los nueve puntos que exigían a la empresa. Contaban con el apoyo masivo de la población y hasta del alcalde de la ciudad situada a orillas del Caribe. Soldados al mando del general Cortés Vargas, dispararon provocando la muerte de por lo menos 300 huelguistas.
La «masacre de las bananeras», relatada entre otros por Gabriel García Márquez en «Cien años de soledad», fue justificada por el comandante porque barcos estadounidenses estaban cerca de las costas colombianas listos a desembarcar tropas para defender los intereses de la United Fruit Company. En realidad la masacre fue una advertencia a los trabajadores para que no reclamaran derechos laborales.
Jorge Eliécer Gaitán era senador liberal cuando se produjo la masacre, acudió a Ciénaga a investigar los hechos y generó un fuerte debate en el parlamento. Años después fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, fue alcalde de Bogotá y presidente de la Cámara de representantes. Estaba en camino de convertirse en presidente por el Partido Liberal cuando fue asesinado el 9 de abril de 1948. Su muerte disparó la guerra civil entre conservadores y liberales conocida como «La Violencia», que provocó la muerte de 300.000 personas y la migración de dos millones, casi el 20% de los colombianos, y fue el origen de las guerrillas de los sesenta.
El campesino liberal Pedro Antonio Marín tenía 18 años el día que mataron a Gaitán y se escapó a la montaña para evitar ser asesinado por los «godos» (así llamaban a los conservadores), donde con los años se convirtió en Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, participó en las autodefensas campesinas y luego en la fundación de las FARC.
Tanto la «masacre de las bananeras» como el asesinato de Gaitán y las guerras posteriores, se inscriben en el marco de la lucha por la tierra en un país controlado por la oligarquía terrateniente desde su independencia de la corona española. A diferencia de los demás países de la región, en Colombia nunca hubo reforma agraria ni proceso de industrialización ni, por lo tanto, ruptura con el poder oligárquico.
Tras cinco décadas de guerra y en medio del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el problema de la tierra reapareció de forma inesperada a través de un nuevo y potente movimiento campesino. El 19 de agosto comenzó el «paro agrario nacional» que movilizó a miles de campesinos en todo el país y confluyó con las demandas de camioneros, cafeteros, pequeños y medianos mineros y productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los está forzando a abandonar tierras y cultivos que han sostenido con mucho esfuerzo.
Lo nuevo no es sólo la confluencia de demandas y protestas sino también la articulación de actores a través de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA). Sectores que habitualmente no tienen vínculos ni relaciones fluidas, fueron capaces de acordar demandas y establecer jornadas de protesta comunes.
La respuesta inicial del Gobierno fue la represión: doce muertos, cuatro desaparecidos, 660 casos de violaciones de derechos humanos, 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos y 21 por armas de fuego, 52 casos de amenazas y hostigamiento a dirigentes sociales y 51 ataques indiscriminados a la población. La persistencia de la movilización a lo largo de casi cuatro semanas y la inutilidad de la represión para detenerla, convencieron al presidente de la necesidad de negociar un «Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural» puesto en escena el 12 de setiembre que no incluyó a todos los protagonistas. Antes de dar ese paso, Santos se vio forzado a reestructurar su Gabinete, lo que revela la profundidad del impacto que tuvieron las movilizaciones sociales, las mayores que conoció Colombia en varias décadas.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Colombia y Estados Unidos está en la base de los problemas que afectan a los campesinos. Están vendiendo lo que producen muy por debajo de los costos: producir cien kilos de papa cuesta 70.000 a 75.000 pesos y la venden a 25.000. La cebolla se vende a 10.000l pesos pero su costo es de 65.000. Se están endeudando y muchos ya vendieron sus viviendas y tierras para sobrevivir.
Los movimientos comenzaron en febrero con la protesta de 130.000 caficultores, un serio aviso no tenido en cuenta por el gobierno. Además de los campesinos productores de alimentos, en agosto se sumaron los pequeños mineros desplazados por la gran minería, los camioneros y sectores urbanos como estudiantes, docentes y trabajadores de la salud.
El TLC permite la importación de productos agrícolas subsidiados y establece normas de propiedad intelectual injustas que impiden a los agricultores utilizar sus semillas para futuras cosechas. El documental «9.70» de la realizadora Victoria Solano, que se puede ver en youtube, explica cómo la resolución 970 aprobada en la firma del TLC, llevó a que se incautaran y destruyeran toneladas de arroz de campesinos en el municipio de Campoalegre (Huila) para que no lo puedan utilizar para la próxima siembra.
«Le Monde Diplomatique» edición Colombia apunta en su edición de setiembre que desde 1990 en que se produjo la apertura económica, la producción de maíz cayó de 700.000 a 200.000 hectáreas; el trigo de 60.000 a sólo cinco mil; el arroz de riego de 330.000 a 140.000 hectáreas; desde 2010 la papa cayó de 150.000 a 90.000 hectáreas y el frijol se redujo a la mitad. Nadie puede dudar de la profunda crisis que afecta a las familias campesinas.
A las graves consecuencias del TLC se suma la concentración y el acaparamiento de tierras por la vieja oligarquía y sus actuales aliados, narcotraficantes y paramilitares. La guerra provoco el despojo y traspaso de tierras ya cultivadas por los campesinos desplazados por la fuerza. Son casi cinco millones de desplazados que dejaron atrás seis millones de hectáreas que fueron usurpadas por terratenientes. En total, como asegura el economista Héctor Mondragón, «más de 16 millones de hectáreas aptas para la agricultura están desperdiciadas en manos de grandes propietarios, ocasionando que Colombia tenga los precios más altos de la tierra en toda América Latina» (Caja de Herramientas, 5 de setiembre de 2013).
La tierra fue la causa de una guerra que, según se mire, dura cinco décadas desde el nacimiento de la guerrilla comunista de las FARC, o casi un siglo desde que la multinacional estadounidense explotaba decenas de miles de obreros en sus fincas de banano. O dos siglos, desde que las familias que fundaron el país se hicieron con el poder sobre la tierra y los campesinos.
El presidente Santos pertenece a esa estirpe. Su árbol genealógico se remonta a los albores de la independencia y su familia (propietaria de «El Tiempo», diario del poder político) cuenta con destacados periodistas, abogados, ministros y un presidente (Eduardo Santos, 1938-1942). Lo que diferencia al actual presidente de la dinastía de la que procede, es que encarna la vieja tradición oligárquica pero fusionada con los nuevos intereses empresariales y financieros que llevaron a la firma del TLC. Ese sector está buscando una paz que consolide un poder que seguirá dejando al margen a los campesinos, que siguen siendo más del 30% de la población de Colombia. Ahora el movimiento campesino mostró al país los límites de la paz que están pergeñando.
Raúl Zilbechi

BORRAR LAS HUELLAS DE OLITE

El actual alcalde de Olite era un niño de 10 años cuando el ayuntamiento de su localidad decidió con buen criterio que había que archivar para las generaciones futuras la labor municipal que quedaba reflejada en los medios de comunicación. Encargó así que se recopilaran y encuadernaran las noticias que tuvieran relación con Olite, aproximadamente 18.000 informaciones desde entonces que se guardan en casi medio centenar de volúmenes a disposición de los vecinos en la casa consistorial y la biblioteca municipal.
            Desde hace aproximadamente 25 años todas las corporaciones olitenses, de todos los colores,  también regionalista como la del actual mandatario, respetaron aquel acuerdo que salió adelante en la legislatura de Pablo Beorlegui (AEP) en la alcaldía, una huella que ha merecido el respeto unánime hasta que ahora, con el pretexto de la crisis, puede borrar Francisco Legaz (UPN) al rescindir el contrato de un servicio que se ha empleado, en ocasiones, como trabajo de campo de los grupos municipales, por vecinos interesados en la actualidad local o escolares que se acercaban a la biblioteca para consultarlo.

            La excusa del coste (algo más de mil euros anuales) demuestra la insensibilidad manifiesta de quien camina si dejar traza en el devenir municipal, salvo la de interrumpir de un tajo un trabajo que se hacía bien desde hace un cuarto de siglo y que acarreaba el gasto de, por ejemplo, la paga extra de un edil liberado, unas horas de encierros de vacas o dos teléfonos móviles de última generación. 

Luis Miguel Escudero

SÓLO LOS MUERTOS PUEDEN QUEDARSE

El viernes por la tarde, solemnemente, el primer ministro de Italia, Enrico Letta, anunciaba que todos los fallecidos en el naufragio de Lampedusa—por ahora 58 hombres, 49 mujeres y cuatro niños— recibirán la nacionalidad italiana. Justo a la misma hora —y no es un recurso periodístico—, la fiscalía de Agrigento (Sicilia) acusaba a los 114 adultos rescatados de un delito de inmigración clandestina, que puede ser castigado con una multa de hasta 5.000 euros y la expulsión del país. Los muertos, sin embargo, podrán quedarse. Ante la imposibilidad de ser identificados, se les ha adjudicado un ataúd, un número y un trozo de tierra en cementerios de Sicilia para que descansen, ahora sí, con la nacionalidad europea que se jugaron la vida por conseguir.
El Ayuntamiento de Roma, en un gesto que seguramente le honra, organizó una vela nocturna por los difuntos y anunció que dará cobijo a los 155 supervivientes del naufragio. El resto, los más de mil que llegaron un día antes, tendrán que seguir hacinados en los inmundos barracones del centro de acogida de Lampedusa, situado —muy convenientemente— en el extremo de la isla opuesto a donde los turistas disfrutan del último sol del verano. La diferencia entre unos y otros es solo de número. Unos forman parte de una noticia de impacto mundial y los otros son solo protagonistas de su propia tragedia. La delgada línea entre Roma y el olvido.
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior, Angelino Alfano, hasta hace solo unos días delfín de Silvio Berlusconi y ahora su supuesto verdugo político, pidió —también el viernes— el premio Nobel de la Paz para Lampedusa, pero sus habitantes, que conocen a Alfano y a su afligido jefe porque sus Gobiernos aprobaron la ley que criminaliza el auxilio a los náufragos, tienen una idea más práctica. La expresaron por las calles de la isla durante una manifestación de dolor y rabia precedida por una cruz construida con los restos de un naufragio: “Los próximos muertos —porque habrá más muertos y lo sabéis todos— os los llevaremos a las puertas del Parlamento. Nosotros a los inmigrantes queremos acogerlos vivos, no muertos”, corearon.
Cuando sucedía todo lo anterior, viernes por la tarde, ya habían transcurrido 36 horas desde que un barco con más de 500 fugitivos de Eritrea y Somalia, muchos de ellos menores de edad, se incendiara y se hundiera a solo media milla de la isla de Lampedusa, famosa en toda Europa —y tal vez en todo el mundo después de la visita del papa Francisco el pasado julio— por ser el destino de miles de inmigrantes. Y aun siendo así, los políticos italianos —desde el presidente de la República para abajo— seguían haciendo declaraciones como si se encontraran ante una sorprendente catástrofe natural. Un ciclón o un terremoto tremendo que, de improviso, hubiese puesto al descubierto la deficiente construcción de los edificios o el mal entrenamiento del plan de emergencias. Pero no. Cada día, desde que la primavera trae el buen tiempo hasta que el otoño se lo lleva, la isla de Lampedusa, varada en el Mediterráneo a 205 kilómetros de las costas de Sicilia y a 113 de África, es puerto de refugio o muerte de centenares de miles de inmigrantes. Las cifras —siempre aproximadas— indican que, en las últimas dos décadas, más de 8.000 personas han muerto frente a Lampedusa. La alcaldesa, Giusi Nicolini, llegó a escribir una carta desesperada a la Unión Europea —”¿Cuán grande tiene que ser el cementerio de mi isla?”— y el papa Jorge Mario Bergoglio atrajo la atención sobre la isla al advertir de que “la globalización de la indiferencia” se hace allí carne y sufrimiento.
Por eso, suena del todo incomprensible que las autoridades italianas —la Guardia Costera, la Guardia de Finanzas, la Capitanía del puerto de Lampedusa— tardaran más de dos horas en enterarse de que un barco que albergaba a más de 500 personas estaba ardiendo y hundiéndose a solo media milla de la isla. Y que solo reaccionaran tras ser alertados por algunos pesqueros —otros tres, según los náufragos, pasaron de largo— y que, todavía entonces, pasara mucho tiempo hasta que se decidieron a ayudar.
La denuncia de Vito Fiorino, dueño de una de las embarcaciones que primero se acercó a la zona de la catástrofe, es tremenda: “Eran las 06.30 o las 06.40 cuando di la orden de llamar a la guardia costera, pero no llegaron hasta las 07.40. Nosotros ya habíamos subido a bordo a 47 náufragos, pero ellos lo hacían muy lentamente, podían haber ido más deprisa. Cuando volvíamos a puerto cargados de náufragos hemos visto la patrullera de la Guardia de Finanza que salía como si fuese de paseo. Si hubieran querido salvar a la gente, habrían salido con barcas pequeñas y rápidas. La gente se moría en el agua mientras ellos se hacían fotografías y vídeos. Cuando mi barco estaba lleno de inmigrantes y les pedimos a los agentes que los subieran a la patrullera, nos decían que no era posible, que tenían que respetar el protocolo. También me querían impedir ir al puerto con los náufragos. Si ahora quieren detenerme por haber salvado a náufragos, que lo hagan, no veo la hora…”, dijo a la prensa en el puerto de Lampedusa.
El problema es que sí, que podrían detenerlo. La legislación italiana contempla desde 2002 —gracias a la presión xenófoba de la Liga Norte en los Gobiernos de Silvio Berlusconi— el delito de complicidad con la inmigración ilegal para quien introduzca en el país a inmigrantes sin permiso de entrada, incluyendo a quienes ayuden a los barcos en los que viajan. De ahí que sea difícilmente compatible la sorpresa y aun la consternación político-institucional por la tragedia con el mantenimiento —durante el año de Gobierno de Mario Monti y los cinco meses de Enrico Letta— de una ley que, como finalmente admitió ayer el ministro de Administraciones Públicas, “alimenta un circuito de xenofobia y racismo que no hace honor a Italia”.
Un país al que fue muy caro llegar. Algunos de los supervivientes han contado que, tras atravesar el desierto y sobrevivir en Libia, tuvieron que pagar 500 dólares por un viaje en barco que incluía una botella de cinco litros de agua para compartir entre tres. Viajaron durante tres días, desde el puerto libio de Misrata. El patrón del barco, un traficante que ya había sido detenido años atrás y que se hacía llamar “doctor”, los amontonaba en función del precio que habían pagado. Los más pobres, en las bodegas, donde todavía siguen, suspendidas las tareas de rescate por el mal tiempo. El fuego, coinciden todos, se originó al encender unas mantas para hacerse ver desde tierra. Pero, como ahora se pregunta Italia avergonzada, o nos lo vieron o no los quisieron ver.

De Lampedusa zarpa una procesión de ataúdes sellados, algunos blancos, sin nombre, numerados del uno al 111: “Muerto número 54, mujer, probablemente 20 años. Muerto número 11, hombre, probablemente tres años...”.
Pablo Ordaz, en El País

sábado, 5 de octubre de 2013

DIEZ RAZONES PARA EXCARCELAR A ARNALDO OTEGI

El próximo 13 de octubre, Arnaldo Otegi cumplirá cuatro años en prisión. Junto a otros miembros de la izquierda abertzale, Otegi fue condenado a diez años de cárcel por ser dirigente de ETA y seguir las instrucciones de la banda para reconstruir Batasuna. Posteriormente, el Tribunal Supremo revisó la sentencia de la Audiencia Nacional y rebajó la pena a seis años y medio al excluirlo del grado de dirigente. Queda pendiente un recurso de amparo presentado por los condenados ante el Tribunal Constitucional.
En esencia, Otegi está en la cárcel por una sentencia que afirma que es miembro de ETA y que fue el ejecutor de las órdenes de la banda dentro de la izquierda abertzale. La sentencia de la Audiencia Nacional, y su posterior revisión por el Supremo, tienen demasiadas lagunas jurídicas y procesales. Otegi no debió ser condenado. Intentaré explicarlo en las próximas líneas. Por cierto, personalizo en Otegi por su relevancia política, pero es aplicable al resto de condenados en la causa. 
1. El documento de ETA que sirve para lo uno y lo contrario.
Una de las bases fundamentales de la condena de Otegi es el documento interno de ETA "Hacia la estrategia independentista de la nación organizada". En ese documento, ETA apuesta por un frente soberanista al margen del PNV. Sin embargo, en 2011 el Tribunal Constitucional consideró insuficiente ese mismo documento como argumento para ilegalizar a la coalición electoral Bildu-EA-Alternatiba. El Constitucional entendía que la coincidencia de estrategia no significaba necesariamente que ETA estuviera instrumentalizando a los partidos políticos de la coalición. Por tanto, ¿cómo es posible que un documento que no sirve para ilegalizar a Bildu, sí sea válido para meter en la cárcel a Otegi por ser dirigente y miembro de ETA? Lo razonable es concluir que la documentación, que no se consideró suficiente para ilegalizar a la coalición electoral, mucho menos ha de serlo para condenar penalmente a los miembros de esa coalición electoral.
2. El documento de ETA que exculpa en vez de incriminar.
Otro de los documentos que utiliza la Audiencia Nacional para probar que Otegi es miembro de ETA es, paradojas de la vida, una de las mejores pruebas de su defensa. El documento es "Al Bateragune Comunicación General 0906" y evidencia el enfrentamiento que se vivió entre ETA y la izquierda abertzale. Se trata de un documento que la banda terrorista trasladó a un órgano de la izquierda abertzale denominado Bateragune en el que mostraba su desacuerdo con el apoyo de Otegi a Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de 2009. De hecho, ETA recuerda que se tomó la decisión de apoyar a Eusko Alkartasuna y llega al punto de tener que subrayar la primacía de su papel dentro de la izquierda abertzale. Es decir, Otegi le lleva la contraria a ETA, y no está ejecutando sus órdenes sino impulsando una línea política propia, pero según la Audiencia Nacional y el Supremo es miembro de ETA y está ejecutando sus órdenes. Mi no entender.
3. El patinazo de Bateragune.
La fiscalía y las acusaciones sostuvieron desde el principio que las ordenes de ETA a Otegi y al resto de los acusados se trasladaron a través de Bateragune. Este órgano sería el encargado de aplicar la estrategia política que les encomienda ETA. Sin embargo, el tribunal reconoció que "no puede tener por acreditado que al grupo indudablemente formado por los cinco acusados nombrados pueda otorgarse dicho nombre". El tribunal afirmó que ese órgano estaba integrado por otras personas, entre ellas, miembros de EKIN, el sector que apoyaba a ETA. Es decir, queda probado que Bateragune existía, que recibía órdenes de ETA pero que Otegi y el resto de acusados no formaban parte de Bateragune. La lógica nos impulsa a pensar que Otegi no era el mandatario de las ordenes de ETA, pero el tribunal da un triple salto con tirabuzón y crea un órgano nuevo, sin nombre, y le resta importancia a que los acusados pertenecieran o no a Bateragune. La posición débil de las acusaciones queda al descubierto, pero no sirve para mucho.
4. Hasta el CNI le da la razón a Otegi.
En el juicio compareció uno de los mayores especialistas en ETA que tiene el Centro Nacional de Inteligencia (funcionario policial número 19.242) y fue preguntado por dos documentos imprescindibles para entender la evolución de la izquierda abertzale. El primero es "Clarificando la fase política y la estrategia" en el que el sector de Otegi se alejaba de la violencia ("el proceso democrático debe tener como base la palabra y la decisión de la ciudadanía vasca y por tanto se debe realizar sin ningún tipo de violencia o injerencia externa"); el segundo es "Mugarri", atribuido a los sectores más cercanos a ETA o incluso a la propia banda ("En la fase política en la que nos encontramos también es fundamental el papel que juega la lucha armada. La lucha armada es uno de los principales activos de la estrategia de la izquierda abertzale").
Al experto del CNI le preguntan por estos dos documentos y el papel que jugó Otegi en el debate interno de la izquierda abertzale. Cito algunas de las declaraciones del policía: "Los redactores de Clarificando (la ponencia de Otegi) no han seguido lo que dice ETA"; "no siguen ni una sola línea de las directrices que ETA plantea"; "ETA trata de condicionar la redacción de Clarificando presentando una ponencia alternativa"; "ETA trata de condicionar el contenido de la ponencia Clarificando realizando atentados en los meses de junio, julio y agosto de 2009"; "ETA entiende que la prioridad debe estar en la lucha armada, y en Clarificando se dice que la prioridad debe estar en la lucha político institucional y de masas". Más claro, agua. Y lo dice el CNI. Otegi no estaba ejecutando las ordenes de ETA como después concluyó la Audiencia Nacional en su sentencia.
5. Las pruebas que te salvan de una condena en cualquier delito no te salvarán aquí.
Apenas un mes después de la detención de Otegi, la izquierda abertzale hace pública "La Declaración de Alsasua" en la que confirma su apuesta política alejada de los métodos violentos. Es el fruto final, junto con otros documentos ("Zutik Euskal Herria" de febrero de 2010 o los estatutos de Sortu), del giro estratégico comandado por Otegi. Son más pruebas exculpatorias que avalan que no recibió órdenes de ETA, pero los jueces consideran que el análisis de los hechos no puede ir más allá de octubre de 2009, la fecha de la detención de los acusados. ¿Desde cuándo no se pueden examinar los hechos posteriores a la detención de un acusado? ¿Y qué pasa con el acusado por homicidio que consigue pruebas que lo exculpan? ¿Se obvian porque son posteriores a su detención? No soy un experto jurídico, pero esto no resiste el mínimo examen de sentido común.
6. Un mismo lenguaje.
Otro de los pilares de la sentencia de la Audiencia Nacional es la coincidencia en la terminología empleada por ETA y la izquierda abertzale, "tendente al acopio de fuerzas políticas de la órbita soberanista". Aquí no me detendré demasiado. Evidentemente, ETA y la izquierda abertzale tienen el objetivo común de la independencia y, por tanto, utilizan términos comunes como resolución del conflicto, polo soberanista, proceso democrático, Estado español, etc. ¿Y? ¿En serio eso es una prueba para incriminar a Otegi y considerarlo miembro de ETA? Recuerda al comentario sobre el "Todo es ETA" del terrorista que es de la Real Sociedad y que, por tanto, provoca que todos los aficionados de la Real sean terroristas. Este argumento roza lo surrealista. 
7. Los viajes de Otegi a Francia.
La Audiencia Nacional apoya su sentencia en dos viajes de Otegi a Francia en 2009 para reunirse con personas del "entorno de ETA". Lo del "entorno" es muy importante porque el tribunal no pudo probar que hubiera conversaciones con miembros de ETA. De hecho, Arnaldo Otegi reconoció haber viajado a Francia para reunirse con personas del ámbito político de la antigua Batasuna. Y es más, afirmó que no tomó ninguna precaución especial y que sabía que estaba siendo vigilado por la policía. Es razonable pensar que Otegi estaba encontrándose con diferentes miembros de la izquierda abertzale para impulsar su estrategia de alejamiento de los postulados de ETA. Y que para ello tuviera que cruzar la muga en alguna ocasión.
8. La no condena de ETA.
Pese a mostrarse en contra del uso de la violencia, Otegi nunca ha condenado a ETA y la Audiencia Nacional utilizó esta omisión para intentar compensar la debilidad de sus argumentos y decantar la balanza hacia la condena. Sin embargo, no hay más que volver al Tribunal Constitucional para comprender que la no condena de ETA no es judicialmente un hecho incriminatorio. Cito al Constitucional de nuevo (sentencia 126/2009 en la que se anuló la ilegalización de Iniciativa Internacionalista): "La negativa a condenar expresamente el terrorismo no es, por tanto, indicio bastante para acreditar per se una voluntad defraudatoria (electoral)". Estamos en las mismas de antes, si la no condena a ETA es insuficiente para ilegalizar a un partido, ¿por qué tendría que ser válida para condenar penalmente a Otegi? Por cierto, en nuestro ordenamiento jurídico, el acusado no está obligado a declarar contra sí mismo (artículo 24.2 de la Constitución). En resumen, en el ámbito jurídico la condena del terrorismo podría beneficiar a Otegi pero la omisión de esa condena no puede perjudicarle. Ética y políticamente puede ser reprobable que Otegi se alejara de la violencia de ETA sin condenarla, pero jurídicamente no sirve como prueba para condenarle por pertenecer a un grupo terrorista.
9. Las reuniones en la sede de LAB de San Sebastián.
Aquí tenemos otro de los indicios para condenar a Otegi. Son las reuniones de representantes de diversos sectores de la izquierda abertzale para preparar su estrategia política. No hay constancia en la sentencia de que en esas reuniones se apoyaran actos violentos. De hecho, la Audiencia Nacional ni siquiera aporta datos que vinculen esas reuniones con ETA o con algún tipo de actividad ilegal. Fue en esos encuentros, y en otros, en los que Otegi y el resto de sus colaboradores pergeñaron la estrategia de alejamiento paulatino de la violencia y apuesta por la política institucional. Esas reuniones sólo pueden ser consideradas como el ejercicio del derecho fundamental de reunión.
10. La evidencia pública de la discrepancia con ETA.
La defensa de Otegi presentó más de doscientos artículos periodísticos de medios muy dispares para demostrar la existencia de una crisis entre la izquierda abertzale y ETA. Algunos ejemplos: "ETA critica duramente a la izquierda abertzale por cuestionar a la dirección y su estrategia" en Noticias de Gipuzkoa; "Pulso entre los políticos y ETA sobre quién debe liderar el independentismo" en El País; "Dirigentes abertzales en libertad han desobedecido las órdenes de la banda" en El Mundo. La sentencia no lo tomó en consideración.
Epílogo. Somos muchos los que -no perteneciendo a la izquierda abertzale y aborreciendo los crímenes de ETA- creemos que Arnaldo Otegi nunca debió ser encarcelado. Entre otros, el magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro. Lo que acabáis de leer está basado en los principales argumentos que el juez esgrimió en su voto particular para defender la libre absolución de Otegi. Arnaldo Otegi tendría que dormir esta noche con su familia en Elgoibar.
Iker Armentia, en eldiario.es