El PP ha asegurado en los últimos meses que afronta la exhumación de Franco del Valle de los Caídos con una “absoluta indiferencia”. Una pretendida equidistancia por la que se abstendrá en la votación en el Congreso del decreto ley para el traslado de los restos del dictador. La formación de Pablo Casado busca así romper con sus ataduras con el pasado al tiempo que no solivianta en demasía a su ala más a la derecha. Pese a este juego de equilibrios, el intento de la actual dirección del partido por desprenderse de su legado se queda en una mera pose, como demuestra el apoyo explícito que algunos destacados excargos populares han brindado a un manifiesto de la Fundación Nacional Francisco Franco contra las políticas del PSOE en materia de memoria histórica.
El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y la expresidenta del PP de la CAV, María San Gil, se encuentran entre los más de 200 políticos, historiadores y profesionales que han respaldado con su firma el Manifiesto por la historia y la libertad, que acumula en total cerca de 19.000 rúbricas en la plataforma change.org. Presentado el pasado 14 de marzo en el transcurso de las jornadas El necesario fortalecimiento de España, el documento fue colgado ayer en la página web de la fundación, justo el día en que el Consejo de Ministros proseguía con los trámites para exhumar los restos de Franco.
No son pocas las voces que abogan por ilegalizar la Fundación Franco, por considerar que una entidad de esta naturaleza sería impensable en otros países que han sufrido regímenes dictatoriales como Alemania o Italia. La sola presencia de los que fueran destacados dirigentes del PP en un documento de esta fundación resulta llamativa, aunque en su trayectoria hay ejemplos de escarceos con expresiones franquistas. En una entrevista publicada en octubre de 2007 por La Voz de Galicia, Mayor Oreja rechazó condenar la dictadura. “¿Por qué voy a tener que condenar el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad?”, alegó. Defendió que fue una época que se vivió con “extraordinaria placidez”, también en Euskadi, y que “forma parte de la historia de España”.
Muy comentado fue también el funeral de José Utrera Molina, ministro y vicepresidente en diferentes gobiernos de Francisco Franco, fallecido en abril de 2017 a los 91 años. Su yerno, Alberto Ruiz-Gallardón, fue uno de los encargados de portar el féretro en una ceremonia religiosa en la iglesia de San Miguel de Nerja (Málaga) en la que una decena de miembros de La Falange entonaron el Cara al sol con el brazo en alto. Alejada de la política desde 2008, cuando dejó su escaño en el Parlamento Vasco por sus desavenencias con el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, San Gil salió a la palestra por última vez durante las recientes primarias del partido, para apoyar la candidatura de Pablo Casado frente a la de Soraya Sáenz de Santamaría.
El Manifiesto por la Historia y la Libertad de la Fundación Franco buscaba responder a la proposición de ley que el PSOE, todavía en la oposición, registró en diciembre de 2017 en el Congreso para completar la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El partido de Pedro Sánchez exponía una serie de medidas, algunas de las cuales ha impulsado una vez instalado en Moncloa como exhumar los restos de Franco. También abogaba por crear una comisión de la verdad, priorizar la apertura de fosas e introducir en el Código Penal diversos tipos para castigar las manifestaciones de odio contra víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
Pese a ser un documento elaborado por una entidad cuyo fin principal es ensalzar un régimen dictatorial, este manifiesto realiza continuos llamamientos a la democracia y denuncia la actuación “totalitaria” del PSOE. En su primer párrafo denuncia que “legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida”. Censura a su vez que se trate de “equiparar el franquismo con diversos regímenes totalitarios”, lo que califica de “ofensiva contra la libertad de los españoles, la democracia y la verdad histórica”.
Se refiere a la Ley de Memoria Histórica como una “ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido ni individuo que respete la convivencia democrática en paz y en libertad”. Critica que se trate de “anular la libertad de pensamiento de los españoles y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos”. “España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito” en esta ley, prosigue la entidad, y concluye denunciando que trate de “imponerse por la fuerza y la violencia del Estado”.
HISTORIADORES Y FILÓSOFOS Entre los firmantes del manifiesto destacan una treintena de historiadores y filósofos, entre ellos Fernando Savater, Stanley G. Payne, Elvira Roca, Jon Juaristi, Serafín Fanjul, Luis Togores, Pío Moa y Guillermo Cortázar, así como una quincena de militares de alto rango, la mayoría en la reserva. Entre los políticos o expolíticos presentes se encuentran Rafael Arias-Salgado, Joaquín Leguina, Alejo Vidal Quadras, Carlos Bustelo y los eurodiputados Enrique Calvet y Javier Nart.
Carlos C.Borra, en Grupo Noticias
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