domingo, 24 de julio de 2016

LA PESADILLA DEL AMIANTO PERSISTE

Aunque pueda parecer que tras la prohibición del amianto en nuestro país el problema ya ha quedado resuelto, lo cierto es que no es así; nos queda mucho trabajo por hacer y muchas iniquidades por resolver.
La carga de enfermedad y muerte causada por el amianto ha crecido de forma ostensible a lo largo de las últimas décadas, las últimas estimaciones señalan que más de mil personas fallecerán en nuestro país por un mesotelioma pleural entre 2016 y 2020, y que las defunciones por cánceres del amianto se prolongarán hasta el año 2040. El número de fallecidos por carcinomas broncopulmonares debidos al amianto duplica con creces la cifra de mesoteliomas. A ello hay que añadir un número indeterminado de otros cánceres, como el de laringe y ovario. Podemos considerar que 700 personas fallecen anualmente en nuestro país por cánceres provocados por la exposición laboral al amianto.

Las víctimas dobles del amianto
Las víctimas del amianto en nuestro país lo son por partida doble; además de perder su salud y fallecer por una causa evitable son víctimas de la falta de reconocimiento del carácter profesional de su enfermedad, lo que les priva de sus derechos en términos de prestaciones y de reconocimiento social. Este hecho implica también la transferencia de los costes económicos provocados por la enfermedad desde las empresas responsables de las exposiciones laborales a nuestros servicios de salud. Pero, además, esta invisibilidad impide cualquier tipo de reacción o reivindicación por parte de la sociedad civil.
Es necesario atender a las víctimas, y es igualmente necesario vigilar la salud de los trabajadores y las trabajadoras que han estado expuestos. Con este objetivo se puso en marcha el PIVISTEA (Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Amianto), que incluye actualmente a un total de 38.642 trabajadores, de los cuales el 69% son trabajadores posexpuestos, cuyo seguimiento corresponde al Sistema Nacional de Salud, y el 31% expuestos, cuyo seguimiento es a cargo de las empresas.
La inhalación de fibras de amianto puede causar muchas enfermedades, algunas menos graves como las alteraciones pleurales (derrames y placas pleurales) o alteraciones pericárdicas, y otras más graves como la asbestosis (fibrosis pulmonar), el cáncer de pulmón, el mesotelioma y el cáncer de laringe. Pero también se ha encontrado asociación con otros cánceres, fundamentalmente gastrointestinales.
Todas estas patologías tienen una serie de características comunes: tienen largos periodos de latencia, así desde que se produce la exposición al amianto hasta que se desarrolla la enfermedad pueden pasar en algunos casos hasta 40-50 años, son además patologías irreversibles que siguen avanzando aunque ya no exista exposición. Por esto es importante que las personas, tanto las activas como las ya jubiladas, conozcan cómo el amianto puede afectar a su salud. Cualquier persona que haya estado en contacto con el amianto puede desarrollar una enfermedad relacionada con este, y es evidente que cuanto antes se diagnostique la enfermedad más fácil será el manejo terapéutico y mejor el pronóstico.
Hay trabajadores que no quieren incorporarse al programa porque “¿para qué?”, si total son enfermedades irreversibles, prefieren no conocerlas y asumir el problema cuando este sea visible. Evidentemente esto es un grave error porque nos estamos negando a nosotros mismos muchas oportunidades de mejora, ya que el pronóstico y las opciones de tratamiento mejoran mucho con un diagnóstico precoz; si la detección de un cáncer se hace en estadios muy tempranos, las posibilidades de recuperación son más altas.
Los responsables de este programa son las Administraciones sanitarias, concretamente cada comunidad autónoma ha destinado los recursos necesarios para ponerlo en marcha, médicos, neumólogos, radiólogos, etc., y ha definido unidades de referencia que son donde se ubican las consultas en las que los trabajadores pasan su examen de salud y que suelen ser hospitales públicos cuyos profesionales tienen experiencia en este tema.

El amianto sigue instalado
Pero además de abordar la vigilancia de la salud, es necesario trabajar para no generar nuevas víctimas, es decir hay que eliminar o minimizar las exposiciones actuales y futuras gestionando de forma adecuada los más de dos millones de toneladas de amianto que todavía permanecen instalados en nuestro país, formando parte de más de tres mil productos diferentes.
Convencionalmente se considera que tres cuartas partes de este material se encuentran en forma de fibrocemento. La parte restante se distribuye en cuatro grupos de materiales diferentes: cartones y empaquetaduras, aislamientos y calori fugaciones, filtros y elementos de fricción y otros. Mayoritariamente estos productos fueron instalados en los últimos cuarenta años del siglo pasado. Hoy muchos de los materiales que contienen amianto presentan un estado de deterioro, o simplemente han llegado al fin de su vida útil, suponiendo un riesgo evidente de emisión de fibras de amianto al ambiente. Ello conlleva riesgos muy graves para la salud de los trabajadores y las trabajadoras pero, también cada vez en más ocasiones, para la población en general, constituyendo un auténtico problema de salud pública.
Se hace imprescindible censar el amianto instalado en nuestro país y planificar su retirada y eliminación. Queremos recordar que estos trabajos de inspección, diagnóstico, mantenimiento y/o eliminación del amianto instalado han de ser realizados por empresas especializadas, dadas de alta en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), y que deben contar con un plan de trabajo aprobado previamente por la autoridad laboral correspondiente, que garantice la seguridad y salud de los trabajadores que intervienen en el mismo. Y que, una vez concluido, garantice que el ambiente en las instalaciones esté libre de fibras de amianto, evitando la contaminación de posibles usuarios.

La pesadilla desborda nuestras fronteras
En el “Informe sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente”, aprobado por el Parlamento Europeo en 2013, se incide en la necesidad de detectar y registrar el amianto instalado, generar programas para su eliminación y garantizar la formación y cualificación de los trabajadores que intervengan en los procesos. Igualmente se plantea la necesidad del reconocimiento de las enfermedades relacionadas con su exposición y el apoyo a las víctimas. En 2015, el Comité Económico y Social, en el dictamen “Erradicar el amianto en la UE”, concluye que deben ser objetivos prioritarios de la UE la completa eliminación del amianto y materiales que lo contengan, la protección de la salud de la población activa y de las víctimas, y el reconocimiento e indemnización de las enfermedades de origen laboral relacionadas con el amianto.
Las organizaciones sindicales, acompañadas por asociaciones de víctimas, organizaciones ecologistas y otras entidades de la sociedad civil, vienen solicitando de las instituciones de la Unión Europea que se pongan en marcha de inmediato las medidas propuestas por la resolución del Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social, especialmente en lo referente a la eliminación del amianto en Europa y en las medidas de apoyo a la víctimas, que incluyan la generación de un fondo de compensación económico para las víctimas del amianto a semejanza del que tienen algunos países como Francia, Holanda o Bélgica.
El problema del amianto es un problema de nuestro país, pero lo es de la Unión Europea y es un problema a nivel mundial. La prohibición del amianto de forma generalizada en los países de Europa y demás países más industrializados ha supuesto que las grandes empresas internacionales del amianto hayan transferido el producto con todos sus problemas e inconvenientes a aquellos países de menor desarrollo donde este mineral no está todavía prohibido. Urge una mayor implicación de la Unión Europea, de su Comisión y de los gobiernos de los países miembros con otros organismos internacionales para conseguir la prohibición total y global del amianto en el mundo. 

Carmen Mancheño Potenciano y José Luis Rodríguez, en ISTAS