El pasado jueves, el Parlamento de Navarra rechazó una moción de Geroa Bai en la que instábamos al Gobierno de Navarra a abrir un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno de España para tratar de conseguir para nuestra comunidad "las máximas competencias respecto de la regulación del ámbito normativo y fiscal, en lo que concierne a la política energética". No conseguimos convencer a Navarra Suma y PSN de su necesidad, pese a que nos parece un asunto clave para el desarrollo futuro de Navarra.
Asunto clave, porque en la actualidad las competencias más importantes en este asunto están en manos del gobierno central. Como señala la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, corresponde a éste todo lo relacionado con la regulación básica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, su planificación, el régimen retributivo, la ordenación, organización y funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica€ En definitiva, todo lo relacionado con la dirección de la política energética y la toma de las decisiones estratégicas relacionadas con ella.
También en el ámbito fiscal, Navarra juega un papel secundario en lo referente a liderazgo y planificación. Tal y como figura en el Convenio Económico, respecto del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, Navarra deberá aplicar "las mismas normas establecidas en cada momento por el Estado". Por lo que respecta a la trasposición de las indicaciones básicas propuestas por la Unión Europea, nos encontramos en la misma situación, ya que es el gobierno central quien lo hace.
En Geroa Bai abogamos por la negociación bilateral, sincera y honesta, entre los gobiernos de Navarra y España, tal y como se ha venido haciendo cuando de nuevas competencias se trata, que desemboque en una ampliación de nuestro autogobierno en materia energética. Porque ésta es, sin duda, una de las claves del desarrollo y bienestar futuros de las sociedades, necesitamos ser capaces de liderar la estrategia energética navarra del futuro. Para pasar de ser mero "brazo ejecutor" de medidas tomadas en Madrid a diseñar, legislar, controlar, evaluar€ nuestra política energética.
Por supuesto, esto debe ir de la mano de la coordinación y cooperación con todas las instituciones y entidades concernidas; nadie está proponiendo desengancharnos de la red general. Más bien al contrario, se trata de tener capacidad efectiva de impulsar, desde Navarra, la colaboración entre las instituciones públicas y privadas, entre las que incluimos tanto a empresas como universidades, centros de investigación y colectivos de la sociedad civil organizada, como los ecologistas. Todo ello, desde parámetros de control público, que garantice el cumplimiento del equilibrio medioambiental, paisajístico, territorial, social y económico. Desde la base, eso sí, de que no es suficiente con gestionar decisiones tomadas en otras latitudes, que en demasiadas ocasiones anteponen los intereses particulares de las todopoderosas multinacionales de la energía al interés general y al medioambiente.
Por desgracia, no faltan ejemplos de ello, como las multas millonarias que, año tras año, el Gobierno de España paga a la Unión Europea por no modificar su política energética en una dirección descarbonizada y sostenible. O inversiones ruinosas para el medioambiente pero muy beneficiosas para ciertos magnates, como el Proyecto Castor, desarrollado en aguas de Tarragona y que ha costado 1.350 millones de euros, más intereses, a los contribuyentes. Qué decir del "impuesto al Sol" aprobado por el Partido Popular en 2015€ Mientras los países europeos referentes estaban desarrollando poderosos planes de presente y futuro, basados en las energías renovables, ¡aquí se prohibía el autoconsumo!
Frente a estos y otros ejemplos de malas prácticas, estamos convencidas de que la política energética navarra debe responder a las necesidades reales de nuestra comunidad, desarrollando al máximo nuestras posibilidades, que no son pocas. Tenemos importantes capacidades naturales y conocimiento institucional, empresarial e investigador suficientes como para lograr que nuestra comunidad cuente en el futuro cercano con soberanía en el ámbito energético, con capacidad de diseñar y dirigir su política energética. Política que deberá ir por el camino de la descarbonización, de las energías renovables, del autoconsumo, del respeto a la biodiversidad y la sostenibilidad medioambiental, económica y social.
Somos conscientes de que la gestión propia no garantiza la excelencia. Ahí está el ejemplo de EHN, paradigma de lo mejor que puede ofrecer una constructiva y fructífera colaboración público-privada, pero también de todo lo negativo que puede suceder si olvidamos la visión estratégica de la inversión, de la mano de jugar a la especulación en Bolsa.
Pero, si queremos avanzar en aspectos concretos sobre los que estamos debatiendo mucho durante los últimos meses, es fundamental hacerlo desde un mayor autogobierno. Ahí está el ejemplo de las licencias para la instalación de nuevos parques eólicos y solares, que tantos debates está generando últimamente. Debemos tener claro que, actualmente, la decisión sobre aquellas instalaciones de producción eléctrica cuya potencia exceda los 50MW –es decir, los parques con mayor afección sobre el territorio, el medioambiente y su población– está en manos de la Administración General del Estado. Algo similar sucede en el ámbito fiscal: con el reparto competencial actual, Navarra no podría establecer su propia hoja de ruta hacia una fiscalidad verde.
Jabi Arakama, parlamentario de Geroa Bai y secretario de Política Socialverde de Geroa – Nafarroako SozialBerdeak Europan
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