El Tatmadaw subestimó las fuerzas sociales que se unen para resistir al golpe de Estado, y arruinará el país y a sí mismo si no negocia una salida del embrollo en que se ha metido él mismo.
Este año se cumplen ocho décadas desde la creación del Ejército por la Independencia de Birmania, el predecesor del Tatmadaw moderno. Sus fundadores fueron un grupo de patriotas sin experiencia, pero decididos, que finalmente lograron arrancar la independencia de las potencias coloniales y recuperar la soberanía de la población nativa.
Durante 80 años, los logros y fracasos de los fundadores del Tatmadaw han determinado la visión que tiene mucha gente en Myanmar de esta institución. Las decisiones que adopten los dirigentes actuales del Tatmadaw en los próximos días, semanas y meses determinarán irrevocablemente la visión que tendrá la población en los próximos 80 años.
Los largos años que ha durado el régimen militar han sido duros para el pueblo de Myanmar. La mala gestión de la economía por los militares ha sido devastadora, y como organización centrada en la seguridad que ignora las cuestiones de seguridad no tradicionales, el ejército simplemente no está capacitado para desarrollar y asegurar los numerosos servicios públicos –principalmente la educación y la sanidad– que necesita un país para funcionar y prosperar. Generaciones de comunidades indígenas también han sufrido unas condiciones que solo cabe calificar de coloniales.
Aun así, ahora volvemos a encontrarnos bajo un régimen militar. Aunque el Tatmadaw siempre se había preparado para una situación en que tendría que intervenir (mediante una declaración presidencial del estado de emergencia prevista en la Constitución de 2008), el golpe de Estado no estaba planificado de antemano. La decisión del general en jefe, Min Aung Hlaing, de tomar el poder fue precipitada y por lo visto se adoptó sin ponderar debidamente cómo respondería el público.
A pesar de los vaivenes del inestable razonamiento jurídico del Tatmadaw, la concentración del poder en la capital administrativa, Naypyidó, facilitó la mecánica del golpe. Sin embargo, el Tatmadaw esperaba al parecer que después de deponer rápidamente al gobierno elegido democráticamente, podría contar con la colaboración de varios actores políticos desafectos del partido gobernante, la Liga Nacional por la Democracia (LND). También pensó que podría gestionar la opinión internacional alegando falsamente que hubo fraude electoral y acusando a la LND de quebrar la legalidad.
Con lo que no contaba el ejército fue la respuesta del público al golpe de Estado. Millones de personas de todo el país se han unido a las protestas, estudiantes, médicos, funcionarias e incluso una parte de las fuerzas del orden encargadas de reprimir las manifestaciones. Abogados y analistas han demostrado la falta de base legal de la detención y deposición del presidente U Win Myint, desmintiendo así el argumento del ejército de que la toma del poder ha sido constitucional. Acusaciones grotescas contra el consejero de Estado Daw Aung San Suu Kyi y Win Myint por saludar con la mano a sus simpatizantes y por importar walkie talkies han indignado todavía más a la gente. En vez de cooperar con el ejército, muchas de las personas que han sido muy críticas con la LND –inclusive activistas, otros partidos políticos, elites empresariales e intelectuales– se han manifestado claramente en contra del golpe y han apoyado al Movimiento de desobediencia civil.
Esta resistencia de amplia base no deja a los militares más que dos posibles opciones.
La primera supone plantarse y no dar su brazo a torcer. Esto comportaría un coste enorme –probablemente, el Tatmadaw tendría que recrudecer la represión contra las manifestaciones, por ejemplo– sin garantías de éxito; el golpe de Estado y todo lo que se deriva del mismo será un fruto envenenado. Así que incluso si Min Aung Hlaing entregara el poder a quien ganara en unas nuevas elecciones, como ha prometido, el nuevo gobierno sería considerado ilegítimo. A la comunidad internacional le sería difícil aceptar ese gobierno, y mucho menos al pueblo de Myanmar, cuyos votos en las elecciones de noviembre han sido invalidados.
Si se aferra a sus armas, el Tatmadaw también tratará por todos los medios de mantener una economía viable. Myanmar ya se halla en medio de un desplome económico relacionado con la pandemia de covid-19, y esto no hará más que empeorar si se generalizan las sanciones y el boicot al consumo y dejan de llegar inversiones extranjeras. El Tatmadaw ya ha presionado a empresas esenciales para que se alineen con el nuevo régimen, según diversas fuentes de la industria. Pero al mismo tiempo, toda empresa cooptada –ya sea un banco, una operadora de telecomunicaciones, un puerto, un comercio o cualquier otra– pasará a sufrir presiones tanto internacionales como internas. Ante esta perspectiva, la inversión extranjera huirá despavorida. La esperanza de recuperar socios comerciales e inversores más alineados en la región también está fuera de lugar. Los países vecinos y los aliados económicos cruciales están conectados a las cadenas de suministro y los flujos financieros globales que los someterán a presión para responder debidamente.
La segunda opción sería que el Tatmadaw primara su compromiso con el pueblo de Myanmar y buscara una solución pacífica con la implicación de todos los actores legítimos en esta crisis, en particular el Comité que representa a la Asamblea de la Unión. Esta coalición ya incluye a la LND, al Partido Demócrata del Estado de Kayah y al Partido Nacional Ta’ang, y se prevé que se unirán más partidos.
Sin embargo, esta solución exigiría un cambio total de la Constitución, entre otras cosas para asegurar que el ejército no pueda repetir el golpe de Estado del 1 de febrero. Asimismo se precisan reformas para abordar los agravios de las comunidades étnicas en materia de representación. Todas las organizaciones armadas –incluido el Tatmadaw– tendrán que prever el sometimiento a la autoridad de civiles elegidos. Estas medidas, aunque resulte difícil conseguirlas, proporcionarían al país la oportunidad de un futuro mejor.
El Tatmadaw tiene que asumir plenamente el nuevo paradigma de la resistencia social que emerge entre la nueva generación de activistas. Un planteamiento racional de las posibles salidas debería dejar claro que no hay nada que ganar a largo plazo si se mantiene el rumbo fijado por el comandante en jefe. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido, pero cualquier buen economista le dirá que es peligroso ir detrás de los costes irrecuperables. Es hora de sentarse a la mesa de negociación.
En Nay Pyi Taw, el Museo de Servicios de la Defensa, que abarca una extensión de casi 2,5 kilómetros cuadrados, muestra una pantalla de vidrio que explica los sucesos de 1988 desde el punto de vista del Tatmadaw y por qué fue necesario que interviniera el ejército. Si en algún momento en el futuro el Tatmadaw fuera a dedicar un mural a los sucesos de 2021, ¿qué diría? ¿Cómo justificarían sus líderes este periodo de su historia, ante los propios mandos, ante sus familias, ante sus bases?
Su Min Naing, en A lÉncontre (traducido por Rebelión)
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