LOS GOLPES DEL SIGLO XXI LOS DAN LOS JUECES.....EN CONNIVENCIA CON ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Ayer conocimos una noticia que explica perfectamente cómo se dan los golpes de estado en los países occidentales en el Siglo XXI. Antes de las últimas elecciones en Brasil, el juez Sergio Moro inhabilitó, por supuestos delitos corrupción, al candidato presidencial que iba primero en todas las encuestas, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, líder del Partido de los Trabajadores y Presidente de la República desde 2003 a 2010, un período de histórico crecimiento económico y reducción de la pobreza en el país. Desde el principio, se denunció que el proceso estaba plagado de irregularidades, pero la feroz campaña de los medios de derecha y ultraderecha, dando por buena la acusación, creó el necesario ambiente social para que el juez Moro pudiera seguir adelante y concluir su tarea.

Evidentemente, esta inhabilitación judicial alteró por completo el proceso electoral, impidiendo al candidato favorito concurrir a las elecciones y resultando elegido Presidente el ultra Jair Bolsonaro a finales de 2018. Los mismos medios que acusaron a Lula de ser corrupto, hicieron por supuesto campaña fervorosamente a favor de Bolsonaro y, por si quedaba alguna duda respecto de la naturaleza de la operación, al poco tiempo de ser investido, el flamante nuevo Presidente hizo a Sergio Moro Ministro de Justicia.

En España, VOX y el PP, los medios de derecha y ultraderecha patrios y el sector más reaccionario de la judicatura tomaban apuntes. Más tarde, se destaparon, por un lado, las irregularidades del proceso, llegando a probarse que el juez Sergio Moro habría conspirado ilegalmente con los fiscales e incluso chantajeado a un empresario para que diera falso testimonio. A lo largo del año 2019, por otro lado y como consecuencia de ello, las diferentes piezas fueron cayendo e incluso se llegó a declarar inconstitucional el encarcelamiento de Lula, siendo éste inmediatamente puesto en libertad.Ayer conocíamos por fin que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulaba todas las causas abiertas contra Lula. Pero Jair Bolsonaro sigue siendo presidente. Al conocerse la noticia, el jurista, antropólogo y conocido tertuliano Javier Aroca escribía en Twitter: “Los golpes del siglo XXI los dan los jueces.” A lo que el periodista Miquel Ramos añadía: “En connivencia con algunos medios de comunicación.”

Que, en España, se entienda perfectamente que el caso de Brasil supone un ejemplo de manual de lawfare, es decir, del intento de subvertir la voluntad democrática desde la judicatura, no es ninguna casualidad. Al fin y al cabo, no hace falta cruzar el Atlántico para observar operaciones de este estilo en marcha. Aquí en casa coma hemos sido testigos de cómo jueces activistas con clara orientación política, como puede desprenderse de la florida verborrea que despliegan en sus sentencias, han influido de manera muy significativa en la política catalana, inhabilitando candidatos, forzando el exilio al President de la Generalitat e incluso encarcelando líderes políticos y sociales independentistas.

En el ámbito estatal, es igualmente evidente la utilización de tácticas de lawfare contra Podemos. Desde el nacimiento de esta fuerza política en 2014, el intento de abrir procesos judiciales acusando a sus miembros de delitos terribles ha sido una constante. La inmensa mayoría de esas acusaciones han acabado archivadas, pero recientemente estamos empezando a ver algunas condenas. Para entender esta situación, hay que tener claro cómo funciona exactamente el lawfare. Es fundamental comprender que este tipo de operaciones tienen, como mínimo, dos patas, la pata judicial y la pata mediática, y las dos son igualmente importantes y son complementarias. En el modus operandi habitual, siempre se activan las dos simultáneamente. Por un lado, se registra una acusación falsa ante alguna sede judicial. Al mismo tiempo, por el otro lado, se filtra la acusación a  medios de comunicación de derecha y ultraderecha que se encargan de difundir la calumnia por tierra, mar y aire. Según el caso, no es extraño encontrar medios supuestamente progresistas que se suman a esta operación.

Este esquema garantiza un resultado seguro pase lo que pase. En la mayor parte de las ocasiones, la acusación acaba judicialmente en nada. Esto es así porque nunca se presentan pruebas veraces y eso hace muy difícil que cualquier juez, incluso un juez con clara orientación política, pueda tomar una decisión diferente que la del archivo. No obstante, incluso en estos casos, la operación tiene beneficios, ya que la calumnia llena portadas y horas y horas de tertulias y de supuestos informativos durante meses, lo cual evidentemente puede dañar las perspectivas electorales de la fuerza política objeto de lawfare e incluso puede interferir con la formación de gobiernos tras las elecciones. Si pensamos que la mayoría progresista y plurinacional que hizo presidente a Pedro Sánchez a principios de 2020 lleva existiendo ininterrumpidamente desde las elecciones de diciembre de 2015, cabe concluir que es exactamente esto lo que llevamos viendo en España durante los últimos 7 años.

Pero el lawfare también opera con la expectativa de que pueda aparecer en algún momento un juez lo suficientemente activista, lo suficientemente comprometido con la causa reaccionaria, como para condenar falsamente a sus objetivos. Esto es lo que ha pasado en Brasil y esto es también lo que está empezando a pasar en España. Solo así se entienden algunos de los procesos judiciales más recientes que han afectado a Podemos. Solo así se entiende que el Tribunal Supremo haya imputado a Alberto Rodríguez, Secretario de Organización de esta formación política, sin pruebas materiales y varios años después de haberse producido los hechos. Solo así se entiende la condena en primera instancia a Isa Serra, Portavoz Estatal del partido, de nuevo sin pruebas materiales de que haya cometido ningún delito y, de hecho, con pruebas materiales que indican su inocencia. Solo así se entiende la condena a Pablo Echenique, Portavoz Parlamentario de Unidas Podemos, y a Juanma del Olmo, Secretario de Comunicación de Podemos, por unas declaraciones de apoyo a una mujer que sostiene haber sido violada y que no se diferencian de declaraciones idénticas o muy similares que se dan todos los días en los medios de comunicación o en manifestaciones. Solo así se entiende que, ante una acusación que el propio denunciante ha reconocido en sede judicial que se basa en rumorología, el juez Escalonilla haya abierto hace meses una investigación prospectiva, es decir una expedición de pesca y que, a pesar de no haber encontrado durante este largo período de investigación ninguna prueba material contra Podemos, siga abriendo nuevas piezas, coincidiendo en el tiempo y con una sincronía como mínimo sorprendente con los juicios por corrupción del Partido Popular.

Parece evidente que la derecha y la ultraderecha política y mediática están buscando su Sergio Moro en España y parece que candidatos no les faltan. Parece evidente que los golpes en el Siglo XXI los dan los jueces en connivencia con algunos medios de comunicación y parece que eso no pasa solamente en Brasil. Con el avance de la extrema derecha, cada vez aparecen más jueces activistas que se ponen la toga para hacer política sin presentarse a las elecciones. Cada vez aparecen más operadores judiciales y mediáticos que pretenden subvertir la democracia mediante tácticas de lawfare y señalar esto es la obligación de todo demócrata. Porque una democracia moderna no puede funcionar si la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones. Porque señalar a los jueces activistas que utilizan su juzgado para intentar subvertir los resultados electorales no es otra cosa que defender la Justicia.

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