Cualquier sociedad democrática requiere no sólo unos valores morales y jurídicos reconocidos constitucionalmente, sino también el impulso de las elites y de las fuerzas vivas para mantenerlos inspirando cada actuación. En otro caso, valores como democracia, pluralismo, libertad ideológica, garantías procesales… se van erosionando en el camino del mal uso del Derecho subordinado a finalidades políticas.
El precio de la Transición amnésica lo seguimos pagando con la lectura formalista del Derecho que, en lugar de ser paraguas de amparo y orgullo de la sociedad, se convierte en herramienta de aquellas élites que ocupan poderes y marginan, ya sean sectores sociales, ya sean corrientes políticas, sometiendo a la colectividad entera a sus intereses y puntos de vista.
Cuando terminaba la carrera de Derecho a finales de los 60 los que éramos de izquierda seguíamos con interés la llamada Doctrina del Uso Alternativo del Derecho, de origen en la Italia de PCI, y que apuntaba una salida a un dilema clásico. Mientras el Derecho era siempre expresión de un momento normativo del pasado e iba siempre detrás de la realidad, las sociedades en permanente proceso de cambio –en aquella época el impulso era de democratización e igualación social- requieren que el Derecho no solo no obstaculice esas mutaciones en dirección a valores de progreso, sino que podía y debía coadyuvar al mismo.
Para ello se debían poner en primer plano: el valor de protección de la ciudadanía por delante del articulado literal; el espíritu de la ley como norma de convivencia por encima de la forma; el mandato social de justicia por delante del protocolo de un aparato de Estado.
La seguridad jurídica se vinculaba, desde luego, al principio de legalidad -de la ley cierta, de la individualización de la pena y el tasado estricto de los hechos punibles más que de las conductas- pero también a la primigenia idea de justicia y desarrollo social. Se trataba de no distanciar la justicia respecto a la evolución social y de preparar, en el tiempo, nuevos cambios cuya competencia reside en el legislador. Algo de esto ha ocurrido con la actitud de una parte de la magistratura con los desahucios, negándose a la mera aplicación de una ley injusta, y forzando un cambio legal.
Nótese que el concepto “alternativo” se remite, en el lenguaje sociológico y político, a movimientos sociales de nuevo cuño, sensibilidades nuevas frente a viejos u ocultos problemas (sexismo, medio ambiente, participación...)….
Hace tiempo que ya no está de moda esa doctrina. Además se ha producido una involución doctrinal en beneficio de una lectura formalista del Derecho y de la función de disciplina cuando no de amedrentamiento social, en un auténtico Uso Reaccionario del Derecho; y, en la parte más progresista, se ha producido el atrincheramiento en los principios de legalidad, constitucionalidad, carga de la prueba, proporcionalidad y seguridad jurídica.
Siendo necesaria la aplicación de la ley para vivir en sociedad, en la actualidad la pena se ha configurado solo como disuasora social, bajo una lógica que, en demasiadas ocasiones, oculta una lógica puramente vindicativa y de ostracismo social, ajenas a la reinserción y a la reparación.
Para el caso de delitos de intencionalidad política el riesgo es máximo porque se sustancian también espacios políticos de las elites. Y si en unos casos –corrupción, abusos de poder, terrorismo…- hay valores a proteger indistintamente de quien los cometa, en otros, con la extensión de la tipificación delictiva a corrientes políticas enteras, se entra en una zona de uso partidista del Derecho, habida cuenta que las judicaturas tampoco son ajenas a una sacralización del Estado y a las ideologías que la sustentan.
Para decirlo todo, también es verdad que, en algunos momentos de la Historia, cuando el Derecho consagra conquistas sociales largamente trabajadas, y luego hay involuciones políticas termidorianas, la letra de la ley es una salvaguarda.
Ya lo decía el sabio clérigo Lacordaire en el XIX: “Entre los fuertes y los débiles la libertad es la que oprime y la ley la que libera”. Y lleva razón en esas etapas históricas. Pero apostillaría que compatibilizar libertad y ley es lo que definiría a una justicia permanentemente basada en la convivencia y la solidaridad.
Es importante esta cuestión del tiempo en el Sumario 35/02 que se juzga en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuya vista oral se inicia el 17 de octubre de 2013. Se enjuicia a un grupo de cuarenta personas entre quienes se encuentran buena parte de quienes fueron dirigentes abertzales así como a responsables -taskeros- de las Herriko Tabernak, proveedores y gestoría. Solo faltan en el banquillo los clientes y txikiteros, pero debía ser mucho lío hacerlo. Se piden penas de prisión entre 8 y 12 años.
Es importante la idea del tiempo en tres sentidos: por el tiempo transcurrido cuando se inició el sumario (11 años); por la situación jurídica de los encausados en la época; y por la extemporánea presencia de un proceso en un tiempo político radicalmente distinto al de inicios de la década pasada.
En el primer sentido, ni qué decir tiene que son 11 años de indefensión, señalamiento, congelación de cuentas, limitación de movimientos, fianzas millonarias…. Ya es una pena adelantada sobre un juicio no realizado y que podría terminar en absolución, en una situación completamente ajena a cualquier idea de justicia, y que está basada en un Derecho Penal del Enemigo, o sea en una causa general contra el pluralismo, en este caso contra toda una corriente social tenida por enemiga por el Estado. O sea, no es un proceso en el que se sustancien bienes jurídicos, sino en el que se saldan cuentas políticas.
En el segundo sentido, es importante también la cuestión del tiempo porque, en aquella época, aun eran legales las estructuras de las que se habla. Ello implica que la atribución de delito por pertenecer a ellas vulnera el principio de irretroactividad. Y más, cuando unos meses después -27/3/2003- se ilegalizaron los partidos políticos de la Izquierda Abertzale oficial por aplicación de la entonces reciente Ley Orgánica de Partidos Políticos y no trajo consigo actuaciones penales contra sus miembros.
En el tercer sentido, hay un desfase radical entre las épocas políticas de la instrucción y del juicio.
Hay que recordar que se empezó a incoar en 2002, en un tiempo político negro que era otro tiempo social: la economía de las burbujas múltiples iba viento en popa; gobernaba el Aznar más duro; ETA mataba a cinco personas en 2002; el Estado no estaba en crisis; se abrieron procesos de ilegalización de todas las estructuras de la Izquierda Abertzale histórica; unos meses después, en febrero de 2003, se cerraba Egunkaria y ocho años después, en la sentencia, el Juez Bermúdez criticaba duramente una instrucción sustentada solo en informes policiales carentes de imparcialidad y objetividad.
Ah! Y oficiaba de juez estrella Baltasar Garzón, fabricante de la teoría de “Todo es ETA”, el elixir que pacificaría Euskal Herria, y que Mayor Oreja utilizó para criminalizar a todos los nacionalismos como actores, inductores, colaboradores, cómplices o, simplemente, culpables de silencio. O sea, por no pensar como el PP y que llevó incluso a Ibarretxe y López a los juzgados.
En el principio el Verbo se hizo Garzón quien, mientras fue útil, encandiló a los aparatos de Estado con su silogismo de parvulario que venía a decir que “si ETA es de Izquierda Abertzale; toda la Izquierda Abertzale es ETA; y toda actividad abertzale es actividad al servicio de ETA”.
Un hallazgo de un juez (progresista en otras áreas) y que sirvió para cargar la munición involucionista del Estado, mientras el insigne exmagistrado miraba para otro lado, sin investigar, cuando las cuerdas de detenidos que denunciaban torturas pasaban por su despacho.
A Garzón le pasa como a las personas mayores. Quiere recuperar la memoria lejana del franquismo –¡bienvenida sea!- pero es amnésico respecto al tiempo más reciente en el que fue nefasto protagonista. ¡Un lavado de cara en el túnel del tiempo!
Pero hoy estamos en 2013. En otro tiempo radicalmente distinto. Sortu está legalizada; Bildu es parlamentaria como segunda fuerza del Parlamento Vasco; es la Izquierda Abertzale oficial la que ha forzado el cese definitivo de la lucha armada de ETA poniéndole a las puertas de su disolución, mientras Otegi está en la cárcel como castigo por liderar ese proceso; la economía esta en crisis total; hay crisis de régimen en varios planos como son la institución monárquica, el desafío catalán al estado centralista y el desapego ciudadano respecto a los partidos mayoritarios y a un Estado del Medioestar que camina hacia el Estado del Malestar; es notorio el descrédito de las élites financieras y políticas.
En Euskal Herria hay un deseo social casi unánime de pasar página, eso sí, como decía el escritor Sánchez Ostiz, después de haberla escrito y de mirarnos en el espejo, porque ya ha habido demasiadas amnesias.
Dejando aparte las jurisdicciones penal, civil y contenciosa para temas comunes, y que operan con profesionalidad, también hay un descrédito de esa parte del Sistema Judicial que, en base a su designación orgánica partidista, se funcionaliza respecto a las estrategias políticas, en una doble vía de politización de la justicia y de judicialización de la política.
No olvidemos que una democracia de baja calidad por fuerza genera un sistema judicial problemático con la separación de poderes. Así nos encontramos con un Tribunal Constitucional que ya cercenó el Estatut catalán y tiene como presidente a un militante durmiente del PP; o una Audiencia Nacional como tribunal extraordinario que, salvo excepciones, aun sigue la doctrina Garzón y, desde luego, ejecuta la doctrina Parot; o tribunales que permiten que Galindo, reo de graves asesinatos, salga de la cárcel a los cuatro años, los mismos que lleva Otegi por opinar; o que la Fiscalía del Estado haya animado procesos como el de Egunkaria, Zumalabe, Herrira, o este mismo de Herriko Tabernak. Casi siempre, todo queda en nada, pero el mal ya se hizo con la instrucción.
Desde el punto de vista procesal se trata de un caso penal soportado sólo en sospechas, especulaciones e hipótesis ajenas a hechos que correspondan a tipos penales precisos, más allá de la conjetural “pertenencia o colaboración con banda armada”, sin un solo hecho que lo acredite, sin pruebas y con relatos intencionados. Seguramente los cursos de formación de los agentes de la Guardia Civil incluyan las series de televisión !Qué daño está haciendo la tele! Claro que en el futuro podrían llegar a ser expertos guionistas en competencia con mis alumnas y alumnos.
Una Justicia formalista y politizada, en lugar de demostrar un delito y penarlo, construye al delincuente, con base en un caladero social y político, en este caso la Izquierda Abertzale para, a partir de ahí, pensar qué delito se le imputa.
Los razonamientos invertidos suelen dibujar un mundo al revés: llevan a la extrapolación ridícula, como acusar de formar parte de la financiación de ETA actividades ruinosas como editar un diario en euskera o servir txikitos en tabernas; implantan de hecho la Ley del Talión -a pesar de que se adopten formas de procedimientos tasados- que vulnera derechos fundamentales; y propenden a los macrosumarios, con acusaciones difusas de un Derecho Penal expansivo contra la parte abertzale de la “sociedad civil”, mediante red pelágica que no individualiza sino que todo lo atrapa, y que lleva a que se diluciden en tribunales, lo que no se ha querido resolver en lo político.
Es decir, se pone a la Justicia en situación de desacreditarse para salvar la inutilidad de unos partidos que no quieren canalizar democráticamente los problemas colectivos de fondo. Este sumario responde a una estrategia política de la que se hace formar parte a los tribunales.
No creo ser un malpensado si digo que el sumario 35/02 tiene, al menos, dos finalidades:
- En primer lugar, busca poner a la defensiva y absorta a la Izquierda Abertzale en la cuestión de presos y exilados y continuar deslegitimándola para que no se abra el melón del cambio del marco jurídico- político, dificultando tanto la coincidencia del ejemplar caso catalán con el caso vasco en relación al modelo de Estado como, en el interior de Euskal Herria, la apertura del camino de los diálogos por el derecho a decidir. Con la operación contra Herrira, en cambio, cabe pensar que también es un aviso de ilegalización para el caso de ruidosas acogidas a excarcelados por la inminente derogación de la doctrina Parot.
- En segundo lugar, pretende entretener y despistar a la opinión pública española, hoy preocupada por otras cosas, mostrando firmeza de Estado y reconstruyendo el imaginario del nacionalismo español más autoritario. Luego así salen fachas de debajo de la alfombra de la historia.
En el camino, pierden la Justicia, los juzgados y la ciudadanía.
Si la Justicia está colgada de una memoria muy selectiva y de los relatos interesados, bueno será revisar los imaginarios y proponer otros peldaños.
- En primer lugar, señalar la primacía de los Derechos Humanos empezando por el más sagrado, el de la vida, y que aquí se cercenó en una orgía de sangre, especialmente por parte de ETA, aunque no sólo, ni mucho menos.
- En segundo lugar, recuperar la memoria de todas las víctimas.
No las debe haber de primera y de segunda en función de quién fue el victimario, sino en función de la gravedad e injusticia sufrida. Si la muerte nos iguala a los humanos, el grado del daño también.
No las debe haber de primera y de segunda en función de quién fue el victimario, sino en función de la gravedad e injusticia sufrida. Si la muerte nos iguala a los humanos, el grado del daño también.
Jerarquizar a las víctimas por el quién, o según afinidades, o por el imaginario de la derrota y estigmatización del enemigo, sólo puede entenderse por los réditos políticos que se pretenden extraer y, no por un criterio de justicia.
Pero además, en la parte que toca a los grandes partidos de Estado, tiene varias derivas: minimiza las responsabilidades de un Estado nacido cojo y de una Justicia devenida tuerta, que ha ido ganando en autoritarismo respecto a la disidencia; esconde la resistencia a abordar en un tiempo de paz las secuelas de las distintas violencias; y aplaza sine die cualquier tema relativo al cambio de estatus político y que desmiente aquello de que “sin violencia todo proyecto es posible”.
- En tercer lugar, acreditar el relato significa no reducir la historia de ETA a una criminalidad común de puros delincuentes. Explicar el fondo político no es justificarlo. Matar por motivos políticos o por motivos privados no hace más o menos grave un delito, pero sí distintos. Necesitamos entender lo que pasó no para condicionar los Derechos Humanos a intereses políticos sino para construir nuestra memoria colectiva y convivencia.
Tengo para mí que aquí todos han subordinado los Derechos Humanos. Los unos a la emancipación nacional, y los otros al statu quo.
Ello tiene dos vertientes.
Por un lado, el Derecho a Decidir no justifica violación alguna de los Derechos Humanos, ni autorizaba a perseguir al contrario (un error histórico no solo de ETA sino, en una etapa, de la Izquierda Abertzale histórica con su “socialización del sufrimiento”). Por otro lado, por la parte de los dos partidos mayoritarios de Estado, arroparse en la anterior violencia ajena -legitimando toda la propia- para negar derechos políticos equivale a la estrategia del avestruz o a la suerte de don Tancredo para ver si, inmóviles, el toro de la historia ni les ve ni roza.
Puestos a las metáforas ya me gustaría aplicar la del árbol y las nueces a las distintas épocas y a todos los grupos políticos, para saber quién ha vivido de quién en esta democracia demediada.
- En cuarto lugar, hay que construir las Memorias para una mínima puesta en común.
Por su parte, la Izquierda Abertzale tendrá que reflexionar desde los parámetros de la utilidad, la justicia y la legitimidad.
Habrá de preguntarse sobre la utilidad que le ha deparado al país, y a la propia Izquierda Abertzale, un ejercicio continuado de la violencia, no sólo contra el Estado, sino contra conciudadanos, y si no cabía una lucha sólo por otros medios. Habrá de cotejar la justicia o injusticia que ha supuesto el daño sufrido por tanta gente, incluida la propia. Al final habrá de interrogarse sobre la legitimidad de una violencia mortal con fines políticos en un contexto no totalitario. Asumir la responsabilidad con mensajes claros le hará bien para el presente y el futuro, asentando una coherencia entre valores, ideario, estrategia y acción que le harán ganar en credibilidad.
Por la otra parte, el PP y PSE-EE se quejaban, y con razón, de que compartían escaño con quienes no denunciaban la persecución de la que eran objeto. Y añadían que mientras no cese la violencia no hay nada que discutir sobre futuros políticos. Hoy, mientras la represión continúa, y ya no hay violencia de una de las partes -sólo lucha política-, les cuesta reconocer el gran cambio producido; y no sólo se resisten a pensar el diseño del futuro, sino tampoco a asumir las condiciones de la pacificación en las personas de los presos del presente, tomados como rehenes de un aplazamiento sine die de los temas de fondo. Falta humanidad y sentido de la responsabilidad en un ejercicio detestable de autismo político.
A este respecto el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco es una muy buena herramienta, pero requiere dos cosas: impulso, voluntad y valentía de ejecución que, por el momento, no son claramente visibles en el Ejecutivo; y liderar la cuestión de los presos en lugar de esperar a que Rajoy lo haga.
Pero completar los relatos es contar también lo otro que pasó.
Ante el pavor del PP, como heredero de las derechas que trajeron el franquismo y lo disfrutaron a nuestra costa, se va a tener que revisar la memoria de la dictadura. Los muertos se mueven en las tumbas anónimas y las decenas de miles de represaliados exigimos luz y reparación, como reclama la asociación Goldatu que lideraba, hasta su reciente fallecimiento, mi amigo Sabin Arana, a quien rindo desde aquí un homenaje por la enorme deuda que tenemos contraída con él por su valentía y coherencia.
Ante el pavor del PSOE, que aun no tiene arrestos para confesar su paternidad con nombres y apellidos, se va a tener que revisar la memoria de la Transición y el lugar de los parapoliciales y del GAL como terrorismo de Estado.
Parece poco serio que PP y PSE pidan el harakiri ajeno negándose a releer la hemeroteca de su propio pasado. Sus destrozos también van en el paquete de la memoria, no para que se compensen y anulen mutuamente, sino para que la memoria colectiva recuerde todos los horrores sumados.
El “suelo ético” del que hoy se habla está lleno de aceite resbaladizo. El “suelo ético” debería ser principalmente el espejo en el que cada cual mire sus propias miserias y las verbalice. Es hipócrita que, por interés, se vean la paja y la viga solo en la casa ajena.
Para facilitar el tránsito de una sociedad con violencias a otra sin ellas, se requiere una “justicia transicional” tanto en el campo judicial como fuera. Es posible que se trate de un eco soft, lejano y adaptado, de la doctrina del uso alternativo del Derecho, que mencionaba al principio. Buscaría casar objetivos distintos como son la seguridad jurídica y un nuevo tiempo político en convivencia, sin que deban maniatarle normas interpretables, destinadas -por aberrantes- a ser cambiadas.
En mi opinión, serían componentes de la misma: la consolidación de una paz definitiva e integradora; promover los derechos humanos en todas las direcciones; la reforma institucional democrática de normas obsoletas y poderes mal utilizados; las reparaciones simbólicas y materiales a todas las víctimas; una comisión de la verdad….
Aquí chocan el formalista “imperio de la ley” de un aparato de Estado encastillado y soberbio, y el imperio del sentido de la convivencia y del servicio a la ciudadanía de un Estado de Derecho normal.
En el plano general hay que exigir memoria y reconocimiento de todas las víctimas y reparación para todas ellas; construir una paz basada en la justicia que hoy no puede ser sino transicional con reformas institucionales en el sentido del Estado de Derecho pleno, y con una reformulación de las reglas de convivencia.
En el plano de Justicia hay asignaturas pendientes: fin de juicios directamente políticos como el 35/02; la derogación de la Doctrina Parot; la eliminación de la Audiencia Nacional; la revisión de los juicios irregulares; el acercamiento inmediato de los presos de intencionalidad política; y un pacto de liquidación ordenada de las consecuencias de las violencias, según la gravedad de los delitos imputados. Eskerrik asko.
Intervención de Ramón Zallo en la jornada de análisis del sumario 35/02 en el Bizkaia Aretoa de la EHU-UPV (8-10-2013) (recogido por Res Publica
A Sabin Arana, in memoriam
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