El Concejo de Figarol acordó el pasado 27 de enero interponer una demanda de desahucio contra el vecino José Manuel Pérez de la Iglesia, que lleva 20 años residiendo en una vivienda gestionada por el propio Concejo conocida como la Casa del Perito, situada en el paseo de los Fueros número 20. Su familia denuncia que el verdadero motivo por el que no se le renueva el contrato de alquiler es que descubrió, siendo concejal (cargo que dejó hace meses), presuntas irregularidades cometidas por el presidente del Concejo, Rafael Martínez Beorlegui (UPN), que ya han sido denunciadas ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) y que tienen que ver con el contrato de arrendamiento de La Residencia, un inmueble propiedad del Gobierno de Navarra que regenta el propio Martínez como presidente de la Asociación Club Hípico Doshaches.
Tal y como consta en el recurso de alzada interpuesto por el también concejal regionalista Agustín Fadrique, los hechos se remontan al año 1998, fecha en la que el Ejecutivo foral cedió gratuitamente La Residencia al Concejo, permitiéndole “establecer las relaciones jurídicas con terceros” que estimase oportunas. Así las cosas, el Concejo decidió ceder a título gratuito el inmueble a la Asociación Club Hípico Doshaches por un periodo de nueve años y seis meses con la condición de que invirtiese un mínimo de seis millones de pesetas en acondicionar las instalaciones (finalmente fueron diez).
Transcurrido ese plazo, el Concejo acordó el 7 de mayo de 2008 establecer una nueva cesión, pero fijando una renta de 450 euros al mes, más el IPC. Paralelamente se unificó la cesión de La Residencia con la de otros inmuebles del Concejo (boxes y chopera), cuyo uso tenía cedido la asociación y por los que pagaba una renta. Pues bien, hasta el primer trimestre del año 2012, la Asociación Club Hípico Doshaches pagó los 450 euros al mes, por trimestres, con los incrementos correspondientes del IPC. A partir de abril de 2012, sin embargo, la Asociación ha venido pagando 162,02 euros al mes “sin que exista acuerdo alguno del Concejo de Figarol para reducir la renta de 450 euros al mes a 162,02 euros al mes, ni acuerdo con el arrendatario en tal sentido”, denuncia Fadrique, quien destaca en el recurso que la reducción “coincide con el nombramiento de Rafael Martínez como presidente del Concejo”. Tras ser preguntado por esta cuestión, Martínez lo achacó a un “error administrativo”.
En mayo de 2016, asimismo, el Concejo decidió por dos votos a favor y uno en contra eliminar la tasa por arrendamiento de La Residencia al considerar “no conforme a Derecho” el establecimiento de una renta (cobrada indebidamente, según Martínez) a cargo de la Asociación por utilizar una vivienda que es propiedad del Gobierno de Navarra.
En septiembre de 2016, Fadrique propuso reclamar el dinero que se había dejado de percibir, unos 18.000 euros. Sin embargo, el Concejo decidió por mayoría no solicitar la cuantía. De ahí que el edil , al que apoyan vecinos, antiguos concejales como Pérez y presidentes de Figarol (quienes consideran que no se están defendiendo los intereses del pueblo), solicite al TAN que anule el acuerdo y permita al Concejo reclamar dichas cantidades.
Ante esta situación , Antonio Pérez, hermano del afectado, critica la “injusticia” que se está cometiendo con José. “Se trata de un desahucio de naturaleza política por no callar y no mirar para otro lado”, lamenta, a la par que anuncia que su hermano no abandonará la vivienda hasta que un juez lo dictamine.
El presidente, por su parte, niega que se esté castigando al exedil no renovándole el alquiler. Indica que la decisión responde a que se han detectado una serie de anomalías en el arrendamiento de la vivienda que no ha querido dejar pasar por alto. “José tiene un contrato especial. Es un contrato de subasta donde se han dado un montón de irregularidades con las que no estoy dispuesto a continuar”, explica a la par que indica que el afectado en ningún momento se ha dirigido al Concejo para mostrar su voluntad de querer renovar el contrato de alquiler. “No hay petición ni hablada ni escrita de querer seguir en la casa”, subraya, además de recalcar que el afectado “ya tiene una casa de VPO”. Ante esta afirmación, la familia de José aporta el último contrato de alquiler que data de 2001 para negar irregularidades, desvela que la entidad llevaba “un año advirtiéndole de que le iban a quitar la casa” y valoran que Martínez no es el más indicado para dar lecciones de transparencia. Circula por el pueblo una web anónima (https://figarol.wordpress.com) en la que se detallan las presuntas irregularidades del presidente.
En lo concerniente a La Residencia, Martínez prefiere que sea la justicia quien dictamine si “yo debo o el Concejo me debe 18.000 euros”. Dice que acatará lo que diga el TAN y que los pagos realizados hasta ahora corresponden a los boxes y a la chopera y no a la vivienda. “Nunca he metido la mano en el saco, no me hace falta”, concluye. Por último, destacar que Martínez y José Pérez participarán el día 12 en un acto de conciliación en el Juzgado de Paz de Carcastillo a raíz de la denuncia interpuesta por el presidente por difamación.
Diario de Noticias
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