PENSIONES EN NAVARRA. EL FUERO Y EL HUEVO

La reforma de las pensiones es inminente y nuevamente arroja dudas entendibles sobre el futuro del sistema. El principal rompecabezas viene por su doble naturaleza de sistema de reparto y prestación definida. Es decir, a la vez que las pensiones de cada año se pagan con los ingresos por cotizaciones de ese mismo año, en el momento que una persona causa su pensión en el momento de su jubilación, conoce la renta que va a recibir hasta su fallecimiento. Por su parte, las personas trabajadoras tienen la promesa de que recibirán lo que les corresponda una vez jubilados.

Este modelo, con matices, es habitual en muchos países. Ha proporcionado bienestar a las generaciones previas, con la promesa de dárselo también a las generaciones futuras, como parte ese pacto recíproco que genera.

Sin embargo, el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones debe basarse en la premisa de unos recursos suficientes. La hucha de las pensiones nunca fue un pilar fundamental, solo un mecanismo de nivelación, pero la rapidez con la que se ha agotado indica la fuerza de las tendencias demográficas que operan.

Factores como la longevidad (cada año que pasa vivimos 2,5 meses más), la relación entre cotizantes y pensionistas (en Navarra es de 1,9), la precariedad del trabajo juvenil y carreras de cotización cada vez más cortas definen un contexto de mayor necesidad de recursos, que se irá acentuando conforme los "baby boomers" comiencen a jubilarse a partir de 2025.

Las reformas de 2013, como el factor de sostenibilidad o el alargamiento del periodo de cálculo, fueron encaminadas a mantener la sostenibilidad del sistema, pero a costa de perjudicar su generosidad y su cobertura. Es lógico que los nacidos a partir de 1970 alberguen dudas legítimas sobre si esta promesa recíproca se cumplirá con ellos o no.

Reconociendo las bondades del modelo de reparto, quizá no sea el más adecuado ni el único posible para este contexto. Las reformas que se avecinan no van a ser como las del Pacto de Toledo, eterno foro de debate que desde 1995 ha encontrado muchas resistencias para llevar adelante sus propuestas, sino que van a ser implementadas en base a un calendario específico. La evaluación hecha por la Comisión Europea acerca del Plan de Recuperación lo deja claro: si España quiere recibir fondos europeos, va a tener que implementar estas medidas antes de diciembre de 2022.

Muchas de las que eran recomendaciones en 1995 se han convertido en imperiosas necesidades en 2021. Se trata de un problema de largo plazo. No es casual que ese mismo año se creara en Gipuzkoa, con visión estratégica, la primera Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV): entidades sin ánimo de lucro con la única finalidad principal de pagar pensiones complementarias a las de la Seguridad Social. Un pobre entendimiento de la foralidad y el "pactismo menor" que predominó durante el desarrollo estatutario fueron las principales causas que provocaron que perdiéramos ese tren.

Esto es más grave si consideramos que el artículo que habilita esta competencia en la LORAFNA fue calcado exactamente del Estatuto de Gernika: "Artículo 44.27 Navarra tiene competencia exclusiva sobre Cooperativas, Mutualidades no integradas en la Seguridad Social y Pósitos, conforme a la legislación general en la materia". Sustituyan Navarra por Comunidad Autónoma Vasca y verán que no cambia ni una coma.

Existe la creencia de que todo modelo de capitalización es un modelo privado. Nada más lejos de la realidad: las EPSV son entidades bajo la supervisión del gobierno autonómico.

Además de su naturaleza pública, tienen ventajas en términos de justicia social: las aportaciones se reparten a partes iguales entre trabajador y empresa, toda la plantilla tiene que aportar –sean temporales o no–, y alivia el problema de las carreras inferiores a 15 años de cotización, cuyos derechos se pierden irremediablemente bajo el régimen general.

Estas sociedades suponen una equilibrada combinación entre los sistemas de capitalización y reparto. El ejemplo es ilustrativo: el patrimonio promedio de las personas trabajadoras del sector del metal es de 32.400€, 18.400€ son aportaciones (9.200 aportados por el empleado y 9.200 por la empresa), y los 14.000€ restantes son los rendimientos generados, un colchón nada desdeñable del 40% que le permite afrontar con más seguridad los años finales de vida.

Los problemas de largo plazo requieren soluciones de largo plazo. Mientras los primeros veinte años fueron de consolidación del modelo, ahora empiezan a aflorar los beneficios: en la CAV el patrimonio de las EPSV representa más del 31% del PIB, porcentaje muy superior a los sistemas del Estado (9,5%).

De haber implantado un sistema similar en Navarra, actualmente se dispondrían de 6.500M€ de ahorro acumulado. 6.500M€ destinados a complementar las pensiones de todas las y los trabajadores de Navarra.

El modelo promovido por estas entidades tiene un fuerte elemento cooperativo y de concertación social: los trabajadores son socios y todos los agentes sociales se ven representados en su gobernanza.

Colaboración público-privada. Implicación de las personas trabajadoras en las decisiones. Visión de sociedad y de necesidades conjuntas. Empresa, administración y trabajador en un mismo barco. Modelo navarro de desarrollo. Existen múltiples detalles que matizar durante la puesta en marcha, pero el consenso tiene mimbres para ser unánime en el arco parlamentario: fomenta la disciplina fiscal y respeta la unidad de caja de la Seguridad Social, al tiempo que nos acerca a las 'pentsio duinak' reclamadas de 1.080€ sin recurrir a fondos privados.

Las personas de mi generación verán con buenos ojos que se introduzca el largo plazo en la reflexión política y la certidumbre en un futuro que se nos antoja convulso. Pero ante todo es una propuesta que tiene la cualidad de lo posible, virtud política por excelencia. 

Carlos Andrés Uranga, en Diario de Noticias