La Policía ha detectado sobrecostes millonarios que oscilan desde un 4,85 hasta un 94,53 por ciento en contratos públicos que se adjudicaron durante el Gobierno de José María Aznar. El destinatario de las adjudicaciones concedidas por la Administración General del Estado (AGE) era la Constructora Hispánica, ya fuese de forma directa o a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE), de la que la constructora formaba parte.
Así lo ha detectado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y lo refleja el último informe policial, ya enviado a la Audiencia Nacional, concretamente al juez Santiago Pedraz. En el documento remitido por el principal investigador de la trama Gürtel, al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía pone en su punto de mira las adjudicaciones concedidas a la Constructora Hispania debido a que el nombre de Alfonso García, quien ejerció de presidente y consejero de la entidad entre 1992 y 2009, y los de otros miembros de la UTE aparecen entre los donantes de la presunta Caja B de la formación popular.
Por ello, la UDEF ha analizado un total de 23 adjudicaciones, de entre las cuales en 18 se han detectado sobrecostes. Entre ellos destaca el de Turespaña al ser el que presenta el mayor coste superior al precio original, llegando a alcanzar el 94,53% de sobrecoste. Cifras millonarias que podrían esclarecer el vínculo entre el segundo mandato de Aznar y la financiación ilegal que el Partido Popular habría llevado a cabo durante años. Sin embargo, el juez Pedraz decidía el pasado viernes poner fin a la investigación sobre los papeles de Luis Bárcenas a pesar de que la Abogacía del Estado consideraba necesaria su continuación.
El pasado enero, Bárcenas reconoció a la Fiscalía Anticorrupción que algunos empresarios contribuían a la Caja B del partido mediante donaciones y a cambio de adjudicaciones. El pasado 16 de julio, el extesorero señalaba directamente hasta a cinco ministros de Aznar al asegurar que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los mandatos de Aznar participaron en las adjudicaciones de obras públicas a cambio de donaciones de empresarios. Una confesión que volvió a situar en el punto de mira al Gobierno de Aznar, ahora investigado por la Policía al detectarse los millonarios sobrecostes.
Lorena Gómez, en La Última Hora
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