El Gobierno del Reino Unido anunció hoy (14.07.2021) que impulsará una legislación que plantearía un plazo para que prescriban los crímenes cometidos "por todas las partes" durante el pasado conflicto armado en Irlanda del Norte (1968-1998).
El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, anunció en la Cámara de los Comunes la medida, calificada por sus críticos de "amnistía encubierta", que se aplicaría en principio tanto a las Fuerzas Armadas británicas como a los paramilitares unionistas (protestantes) y republicanos (católicos).
Lewis indicó que el Ejecutivo tramitará el proyecto de ley en otoño, cuando se regulará la aplicación de esta llamada "limitación estatutaria", y sostuvo que, aunque el asunto es "complejo", es "la mejor y única manera" de zanjar el legado de crímenes no resueltos del conflicto, que concluyó con la firma de los Acuerdos del Viernes Santo, del 10 de abril de 1998.
En una comparecencia previa, el primer ministro británico, Boris Johnson, argumentó que esta legislación, que cuestionan tanto la oposición laborista como los Gobiernos de Belfast y Dublín, "pondrá un punto final" al legado de ese fatídico periodo, conocido en las Islas Británicas como "The Troubles" (el conflicto).
Lewis reconoció que la idea de una amnistía para todos los presuntos responsables de crímenes "será difícil de aceptar" para las familias de las víctimas, pero insistió en que es el único modo de dejar atrás el pasado, pues es claro que el actual sistema de procesamiento de casos y denuncias "no está funcionando".
Algunos diputados conservadores, como Mark Francois, han criticado que la legislación no se apruebe asta el próximo año, lo que todavía deja en vilo a la espera de posibles consecuencias por sus actos "a muchos veteranos" del Ejército que actuaron en Irlanda del Norte.
El portavoz en los Comunes del Partido Democrático Unionista (DUP, el principal de Irlanda del Norte y el más importante de la comunidad protestante de la provincia), Jeffrey Donaldson, rechazó por su parte "cualquier forma de amnistía", como también cuestionan los representantes del Sinn Féin, que fue brazo político del ya inactivo IRA. Mientras que Amnistía Internacional (AI) ha manifestado que el plan del Gobierno británico demuestra un "desprecio total por las víctimas", a las que se priva de su derecho a "conocer la verdad y que se haga justicia"
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