La única palabra que puede emplearse ante la última violación de derechos fundamentales del primer ministro húngaro, el ultraderechista, Viktor Orbán, la pronunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: vergüenza. La aprobación de una ley anti LGBTQI, con medidas como prohibir hablar de homosexualidad en las escuelas, ha hecho saltar todas las alarmas entre los líderes europeos y en las instituciones de Bruselas. La gota que ha colmado el vaso es la enésima vulneración de los principios y valores de la Unión Europea por parte del dirigente magiar. Un personaje detestable, cuyo partido ha sido expulsado del Partido Popular Europeo y del Grupo Popular del Parlamento Europeo y que entre otras muchas lindezas se negó a recibir refugiados sirios que huían de la tragedia de una guerra en su país, ha restringido el acceso a información relativa al gobierno, ha aplicado reglas más estrictas para las Universidades extranjeras, ha violado la libertad de asociación, de conciencia y culto o ha promulgado disposiciones que contemplan penas de cárcel para quien ayude a inmigrantes irregulares.
Hungría tiene casi 10 millones de habitantes, su economía depende mayoritariamente de la UE y es uno de los países que más fondos recibe del club comunitario. Orbán ya fue primer ministro de 1998 a 2002, pero es en su segundo mandato desde 2010, avalado por claras mayorías absolutas, cuando ha tomado una deriva ultraconservadora y eurófoba. Sus medidas legislativas le han acarreado numerosos expedientes sancionadores por parte de la Comisión Europea, que nunca se han concretado en medidas realmente graves para su país. Esa tibieza le ha envalentonado, convirtiéndose en el mayor quebradero de cabeza para los 27. De hecho, uno de sus insólitos logros consistió en que el Parlamento Europeo instara, por primera vez en su historia, al Consejo de la UE a aplicar a Hungría el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que incluiría como castigo la pérdida del derecho de voto en el Consejo y de las ayudas europeas.
Tiene por objeto garantizar que todos los Estados miembros respeten los valores comunes de la Unión, incluido el Estado de Derecho. El mecanismo preventivo del artículo 7, apartado 1, del Tratado solo se puede activar en caso de un "riesgo claro de violación grave" y el mecanismo sancionador del artículo 7, apartado 2, del Tratado solo en caso de una "violación grave y persistente por parte de un Estado miembro" de los valores estipulados en el artículo 2. El mecanismo preventivo permite al Consejo enviar un aviso al país de la UE en cuestión, antes de que se llegue a producir una "violación grave". Mientras que el mecanismo sancionador permite al Consejo suspender ciertos derechos que se derivan de la aplicación de los Tratados en el país de la UE en cuestión, incluidos los derechos de voto de ese país en el Consejo. En ese caso, la "violación grave" debe haberse producido durante algún tiempo. Pues bien, parece más que evidente que Orbán cumple todos los requisitos para la aplicación inmediata del mecanismo sancionador.
Su última provocación no deja lugar a dudas. La nueva ley húngara anti LGBTQI supone una violación de los derechos humanos. Lo que el Parlamento de Hungría ha aprobado es un paquete que prohíbe la "promoción" de la homosexualidad y de la reasignación de género ante menores de 18 años. Una normativa que, en la práctica, impide abordar la homosexualidad en programas educativos en la escuela. Esta prohibición figura dentro de un paquete legislativo que incluye medidas de protección de menores contra el abuso pedófilo introducidas en una enmienda constitucional con las que la oposición estaba sustancialmente de acuerdo. Una trampa más del político populista para colar sus normas retrógradas. Si a estas alturas la UE permite que uno de sus mandatarios considere la homosexualidad como una enfermedad perseguible, el edificio de libertades que tanto ha costado construir y mantener a los europeos, se vendrá abajo. Urge una respuesta firme y decidida.
Jesús González Mateos
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