SARE

De acuerdo con el lenguaje de la Conferencia de Aiete, se dice que presos y víctimas forman parte de la agenda a abordar en lo referido a las llamadas consecuencias del conflicto. En Euskadi afloran las dos sensibilidades, aunque sean promovidas cada una por su lado y de manera diferente. Un activismo a pie de calle de los organismos que patrocinan a los primeros y otro más cercano a las instituciones de los que representan a las segundas. A pesar de que se presentan a través de una segmentación asociativa que se corresponde con una defensa de metas diversas que a veces chocan como si fueran antagónicas, casi todos esos colectivos quieren fundamentar su discurso y actividad en la razón humanitaria. Así, son diferentes grupos sociales que buscan, en el marco de un proceso de normalización social vasca, materializar sus objetivos particulares justificándolos sobre una misma base ética de carácter universal, como son los derechos humanos.

Es bueno que la convivencia que necesitamos se esté construyendo sobre relatos que apelan a los derechos humanos. No solo las instituciones y las asociaciones que representan a víctimas de los terrorismos, también hay organismos que defienden a los presos y a los reclamados por los tribunales en base al cumplimiento de los derechos humanos que les corresponden. Nada que oponer a que cada grupo actúe, apoyado en esa base humanitaria, en el ámbito que le sea más propicio o cercano a los intereses de quienes lo componen.  Pero, a este reconocimiento cabe hacer tres acotaciones. Primero, que a estos colectivos no les otorga derecho a una interlocución al margen de los procedimientos democráticos. Segundo, que les obliga a plantear sus pretensiones en coherencia con el sentido humanitario que reivindican y, tercero, que les exhorta a que sean capaces de entender que el mismo sentido subyace en las demandas de los demás.

En ese contexto podemos examinar a Sare, la red social que interpela a los estados español y francés para que humanicen la política penitenciaria y permitan el regreso a casa de los huidos relacionados con ETA. El movimiento social por los presos ha sido siempre fuerte en Euskadi. Sin modificar excesivamente su perfil, habitualmente ha logrado apoyos más allá de los límites de la izquierda abertzale. Es cierto que lo que distingue a Gestoras o Askatasuna con Senideak o Etxerat es menos perceptible que lo que diferencia a todos ellos con Sare, pero no falta todavía quien considera que “son todos círculos espaciados de un mismo centro” con un objetivo compartido, “acabar con la existencia de presos políticos”.

Desde otro lado, se incrimina a esta última organización por no moverse más que por los derechos de los presos y fugitivos de ETA. Esta imputación no es consistente, y no puede tener eco más que en ambientes en los que se rechaza que los presos sean acreedores de un trato humanitario. Sin embargo, no es anormal encontrar asociaciones humanitarias que circunscriben su cometido a la ayuda a colectivos muy concretos (en este caso, los presos y huidos), aunque sea en relación con unos requerimientos que sí son de alcance universal, como los derechos humanos, que deberían ser efectivos para todas las personas.

Por ahora, a Sare se le pueden criticar otras cosas. Siendo su finalidad trabajar “en favor de los derechos humanos de todos los presos”, cabría esperar que esta red ciudadana demandara el final de todas las vulneraciones concretas de los derechos de los presos, fueran quienes fueran los responsables de ellas. El fin de la dispersión y el aislamiento e incomunicación, la excarcelación de los enfermos y los mayores de 70 años… son hechos que únicamente pueden ser corregidos si los estados practican una política penitenciaria más humana. En esto, el programa de Sare se ajusta coherentemente a la finalidad que dice perseguir, exigir un trato humanitario para los presos.

Pero, la prohibición de acceder a los beneficios penitenciarios que les puede otorgar la administración y la disciplina colectiva interna que se ejerce sobre los presos, además del ostracismo social al que se reduce a  los familiares de los que optan por buscar la salida por esa vía también vulnera los derechos y la dignidad humana de los reclusos. Y la responsabilidad de estas vulneraciones corresponde a la izquierda abertzale oficialista, según ha revelado Carmen Gisasola hace muy pocos días. La red Sare, sin embargo, no incluye la desaparición de estos abusos entre sus reivindicaciones.  Y en otro orden, es muy difícil enfocar la demanda de regreso de los huidos o exiliados con requisitoria judicial sin antes resolver la peliaguda cuestión del esclarecimiento o archivo de la causa en la que están concernidos, tema ante el que están también interpelados los derechos humanos (de las víctimas, en este caso) y ante el que no parece que Sare haya hecho público criterio alguno.

La red social Sare cree llegada la hora para que la ciudadanía en general, “independientemente de nuestra ideología, nos convirtamos en activistas en defensa de los derechos de las personas presas”. Y muchos podríamos estar de acuerdo. Pero, no es obligado cumplir ese activismo militando en las filas y las convocatorias de Sare. A muchos de esos muchos se nos hace muy difícil creer que esas convocatorias no se encuadran en un sistema de ‘círculos espaciados de un mismo centro’ que podría estar en manos de la izquierda abertzale.  Máxime cuando en los manifiestos de la red no se incluyen los puntos críticos expuestos en los párrafos anteriores. Mientras tanto, preferimos ser activistas de los programas Hitzeman, Zuzen Bidean o Zuzendu del Gobierno Vasco, que conforman un marco humanitario integral que busca salvaguardar todos los derechos de todos los presos, incluyendo uno de sus derechos más importantes, la resocialización.

Joxan Rekondo, en Aberriberri