Nos dijeron que no había cámaras de seguridad en la zona. Nos dijeron que la Guardia Civil no había intervenido. Nos dijeron que los marroquíes se habían ocupado de todo.
Y todo era mentira. Creímos que este caso sería un caso más sobre derechos humanos y fuerzas de seguridad donde un gran manto de silencio, confusión, opacidad, cubre el empeño de periodistas o activistas por descubrir la verdad.
Hay que escarbar mucho en la hemeroteca para encontrar una imputación simultánea de 16 guardias civiles en España. Mucho. Y, desde luego, no hay precedentes relacionados con la frontera, con la violación de derechos humanos, con la inmigración. Y no será porque no hay episodios que son poco claros, que habrían merecido una investigación más seria. En todos se aplicó la misma plantilla, el mismo plan perfecto para la impunidad.
Como el caso de la patera de Lanzarote arrollada por una patrullera de la Guardia Civil, que hizo saltar por los aires a sus tripulantes. Cinco muertos y un único imputado: el inmigrante que conducía el motorcillo de la patera. Y eso que había un vídeo tan claro como los que vemos hoy sobre Ceuta.
La jueza concluyó que "la culpa exclusiva fue del patrón de la patera", que "interceptó la trayectoria de la patrullera".
O como aquella muerte en Melilla de un inmigrante hospitalizado por "graves problemas respiratorios". Minutos antes, la Guardia Civil había utilizado material antidisturbios en un intento de salto, pero la Delegación del Gobierno dijo que lo había investigado y que no había relación entre ambas cosas. Sin juicio. Circulen.
O como aquel terrible 2005 en el que murieron decenas de personas en las vallas. Un reguero de sangre inocente provocado en ocasiones por disparos de bala, de bala real, no de pelotas de goma. De aquello, de nuevo, solo se hizo responsable a Marruecos: las autopsias marroquíes dictaminaron por los orificios de bala que los disparos se realizaron desde su lado; el tipo de munición, se dijo, no se usa en las armas de las fuerzas españolas, etc. De los muertos aparecidos en la parte española, también siempre la misma explicación: apelotonamiento, asfixia, etc.
En España, desde luego, no ha ocurrido hasta ahora, pero jamás supimos si alguien pagó ante la justicia marroquí para depurar responsabilidades. Solo se recuerda una sentencia al respecto: un tribunal de Nador, en Marruecos, dictaminó que la muerte de un joven aparecido en el lado marroquí de la valla, apaleado con culatas de fusiles, era responsabilidad española, cuyos agentes habían luego abierto la puerta de la valla y arrojado al otro lado. Meses después, la justicia española decidió abrir un caso sobre esa muerte (no sobre el resto, por esa) y dictaminó que los responsables fueron los gendarmes marroquíes. Es uno de esos momentos donde se descontrola la coordinación entre España y Marruecos y por esas grietas se cuela la evidencia de una pasmosa omertà.
Obviamente no es lo mismo ser el autor material que no serlo, pero aunque todas las muertes producidas en la valla durante una década fueran cosa solo de Marruecos, eso no exime de responsabilidades a España: Marruecos está 'defendiendo' nuestra frontera –no la suya– para evitar que personas que ya viven en su país pasen al nuestro. Se quedan con 'el problema' a cambio de nuestra cooperación política en otros asuntos, y la coordinación entre policías y Gobiernos en esta materia es total. Marruecos nos hace el trabajo sucio y España participa del plan de impunidad.
Parte del plan es decir siempre que la culpa la tiene Marruecos. Y eso nos dijeron el 6 de febrero de 2014: fueron los marroquíes. No nos lo creímos. Hoy tenemos sobre la mesa la imputación de 16 guardias civiles y los goterones de sudor frío del ministro de Interior.
Juan Luis Sánchez, en eldiario.es
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