ANA GARRIDO DA SUS PRIMEROS PASOS COMO CANTAUTORA

  La marcillesa Ana Garrido, de 17 años, lleva desde los 6 pegada a una guitarra y, a pesar de componer sus primeros temas con apenas 13 años y de subir a las redes sociales desde hace cuatro años versiones de otros grupos, no ha sido hasta ahora cuando se ha atrevido a dar a conocer su faceta de cantautora con dos temas; Lost y Stranger. Sin dejar de lado sus estudios, ya que empezará Diseño Gráfico en Pamplona el día 25, asegura que no se marchará sin su instrumento y que quiere seguir vinculada al mundo de la música.

Sus primeros pasos con la guitarra los dio en la escuela de música pero enseguida vio que el punteo, que era lo que ahí se aprendía, no le gustaba, así que de la mano de su padre, gran aficionado a este instrumento, aprendió el resto de forma autodidacta; ahora toca las guitarras española, acústica y eléctrica, así como el ukelele.

De momento, su estudio de grabación lo tiene montado en su habitación y a veces se le cuelan sonidos del exterior como las campanas de la iglesia, ríe al acordarse. Acompañada por un micrófono, una tarjeta de sonido, el ordenador y la guitarra ha dado forma a los dos sencillos que ya se pueden escuchar en Spotify buscando Ana Garrido o en Youtube en Ana Garrido Covers.

Ambas canciones están escritas en inglés y es que "no me sale componer en castellano, y mira que lo he intentado".

Lost, su primer sencillo, explica, apenas tiene que ver con la idea que lo originó; pensaba hablar sobre el amor pero "me di cuenta de que se puede estar perdida de muchas formas, no solo en el amor. Por ejemplo, en mi caso, soy una persona muy casera, no me va lo de salir de fiesta, he viajado mucho con mis padres y he estado muchos fines de semana fuera. En cierto modo a esta edad puedes no encajar con tu grupo de amigas por ser diferente, pero no significa que sea algo malo".

Mientras que en Stranger "mi amiga Irune Fernández está con un chico alemán (Jonas Jacobs) y se me ocurrió darle esa perspectiva; me mandó un audio muy bonito explicándome cómo puede haber química a pesar de tener un idioma y una cultura diferentes. Me gusta darles un toque personal a los temas y en el puente hay 10 segundos de conversación entre ellos".

Las portadas también las diseña ella misma y trata de que tengan relación con el trasfondo de la canción. Por ejemplo, Lost muestra un pájaro que vuela a la contra, algo perdido, que se va de la bandada. Mientras que para el segundo tema utilizó una fotografía de su amiga pintada a mano con el móvil.

PASOS A SEGUIR Ana, que se define como 'baladera', siempre ha querido estar en una banda, aunque asegura que es algo muy difícil. Además, le gusta escuchar todo tipo de música salvo el reggaeton y el trap y entre los artistas que escucha destaca a Demi Lobato, Camila Cabello o Leroy Sánchez.

Esta marcillesa, de momento, no va a subir más canciones a internet lo que no quiere decir que no siga componiendo y es que, asegura, su idea es grabar un disco en los próximos meses. "No tengo fecha porque quiero hacer cosas que suenen diferentes. Mi objetivo es que se escuchen las canciones, no aspiro a ser famosa. Quiero que en mis canciones y música se entienda lo que quiero trasmitir, llegar a quienes se puedan sentir identificados".

Perfeccionista y detallista, asegura que solo escuchan sus canciones antes de estar acabadas para recibir un primer feed back sus padres y su amigo Enrique.

Esta artista de momento se está dando a conocer a través de las redes sociales y, de hecho, gracias a uno de los vídeos que subió cantando le esponsorizaron con una guitarra de la compañía Kononykheen. Además, comentaba con orgullo, en una emisora local de Mallorca pusieron recientemente una de sus canciones.

Garrido, que este año probó fortuna en las becas Rock Camp, tuvo el placer de cantar en marzo con Alba Reche en la sala Tótem tras imponerse en un concurso. "Subir al escenario con ella fue muy impactante, estaba muy nerviosa, pero disfruté mucho y pude saludar a todos los miembros de la banda".

Para terminar, Ana no quería dejar pasar la ocasión para agradecerles el apoyo a sus padres, "porque sin ellos no podría hacer nada de esto, me impulsan y me animan, así como a mi familia navarra y mallorquina".

HACE 99 AÑOS NACIÓ -LA MUY VASCA- CAJA DE AHORROS DE NAVARRA (y II)

Tras la proclamación de la República, los sentimientos nacionalistas periféricos se pudieron expresar más libremente y así el 31 de mayo de 1931 La Excma. Diputación declaraba oficial el vasco para todo el territorio navarro; en 1932, la propia Diputación abrió una oficina informativa acerca de las ventajas del Estatuto Vasco-Navarro, y en 1933 se formó la GALEUZCA, alianza estratégica entre nueve partidos nacionalistas de Galizia, Euskal Herria y Catalunya para acelerar los procesos autonómicos. De ahí que esa especial vinculación con Euskal Herria se siguiera manifestando en las Actas de las reuniones del Consejo o de su Comisión de Gerencia:

22-III-1932: "Aunque en el informe del Sr. Yarnoz [Arquitecto del nuevo edificio de la CAN] se considera que la mejor oferta para la instalación de la calefacción del nuevo edificio es la casa Erebus S.A. de Barcelona, teniendo en cuenta el deber moral en que se encuentra la Caja de ayudar, en lo posible, a remediar la enorme crisis industrial que sufre Bilbao. Se Acuerda adjudicar la instalación a la casa N. de Zubiaurre de esa villa en el precio de 63.700 Ptas. pero exigiendo la solución de instalar quemadores de la casa Erebus S.A. que el Sr. arquitecto elogia cumplidamente en el informe". [Solución salomónica que preservó "el deber moral"]

En el Consejo celebrado el 22-IX-1932 se discutió ampliamente acerca de los criterios a seguir para el caso de asegurar empréstitos emitidos por entidades locales y entre los distintos argumentos entresaco el siguiente: "Que también conviene tener en cuenta la proporción en que, en las provincias vascas tan semejantes a la nuestra, acuden a esta clase de operaciones, primero los Bancos y después las Cajas€".

En el acta del 19-XII-1932 leemos: "Da cuenta el Sr. Director de los acuerdos en la Asamblea de la Federación de Cajas Vasco-Navarras y de la "conveniencia de crear un Instituto de Crédito Vasco-Navarro a fin de sufragar los gastos de construcción de escuelas en nuestra Región y evitar así que el dinero de este país salga de él para ser invertido en otros lugares de España".

En la del día 28-IX-1933, entre los diversos aspectos que de la reunión de la Federación de Cajas Vasco-Navarras dio cuenta el Director, figura el siguiente párrafo: "También da cuenta de la Asamblea en Madrid para constituir el Instituto de Crédito, al respecto la Comisión queda enterada y se establece la conveniencia de que todas las Cajas Vasco-Navarras figuren unidas"€ De la vida de la Caja durante la Guerra Civil, hablaremos en el futuro, ahora me limito a seguir entresacando Actas en las que se siga viendo la especial vinculación de la CAN con las Vascongadas.

En el acta del 21-X-1938 leemos: "El Consejo ratifica el acuerdo que el Sr. Director había pactado con el Director de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao de conceder un límite de crédito a esta Caja de un límite de 9 millones de pesetas, al 2,5% con garantía de la Cta. de Crédito que dicha Caja tiene abierta en el Banco de España por importe de 70 millones". [El ejército franquista había tomado Bilbao el 19 de junio de 1937]

Tras la Guerra Civil, en enero de 1940 "el Director da cuenta de diversas gestiones ante el Ministro de Justicia y otras personalidades a fin de que en la reunión del Consejo del Instituto Nacional de Previsión (INP) se apruebe la solicitud de autonomía que tienen presentadas algunas Cajas entre ellas la de Navarra. Por conversaciones oficiosas y reservadas con el Consejero, Director de la Caja de Vizcaya, explica el Sr. Director-Gerente que al parecer el acuerdo era no conceder autonomía a ninguna Caja. Antes de renunciar a la delegación de todos los Seguros Sociales se acuerda esperar la notificación oficial". El 2 de febrero de ese año "El Sr. Director da lectura a un proyecto de Estatuto que le ha entregado confidencialmente el Director General de Previsión, en el cual hay algunas disposiciones que no podrán ser aceptadas por nosotros porque se oponen al régimen administrativo vigente en Navarra. Se encarga al Sr. Director que procure ver el modo de que se aplace la aprobación de ese Estatuto". Y también, da cuenta de que "según sus noticias" la Confederación de Cajas de Ahorro piensa nombrar al Director de esta Caja como representante en la Comisión Consultiva, cuestión que él considera inadecuado pues pondría a esta Caja –dadas sus diferentes características con las de otras Cajas– en una situación delicada [Al parecer desde el centralismo madrileño querían con ese nombramiento de una de la Cajas que quería seguir siendo autónoma, fagocitarla hacia la uniformidad. De esa forma no aceptando el cargo no tendría que discutir las normas generales para todas las Cajas y podría seguir defendiendo la autonomía de la CAN]. Después de un cambio de impresiones entre todos los Consejeros, se acuerda aprobar la actitud de la Dirección".

El 9-II-1940 podemos leer: "En la reunión de la Asamblea CECA de acuerdo a lo previsto el Director renunció a su nombramiento y propuso el del Sr. Beñarán, Director de la de Guipúzcoa por estar más compenetrado con los problemas de Navarra y ser quien mejor podría defender los derechos de La Caja ante la mencionada Junta". "También da cuenta el Sr. Director de las diversas conferencias que ha celebrado con los Directores de la Cajas Vascongadas sobre nuestras relaciones con el INP".

El 21-XI-1940 el acta dice: "El Sr. Director da cuenta que en la reunión de la Federación de Cajas Vasco-Navarras se acordó: "Las Cajas de Ahorros de las cuatro provincias que constituyen la Federación Vasco-Navarra, sorprendidas por los términos que conocen de la ley de aportación a las zonas agrícolas, ratifican su decidido propósito de ferviente e ilimitada cooperación a los problemas nacionales, pero no pueden por menos de hacer constar y mantener su absoluta disconformidad con el principio de subrogación de facultades tan esencialmente privativas de las Juntas y Consejos de Patronato, como es el la libre inversión de fondos cuya administración les fue confiada, principio cuya vulneración sería por otra parte ineficaz, ante la innegable facultad de disponer del fruto de sus ahorros por las modestas clases trabajadoras, que constituyen su clientela. Para armonizar las mutuas aspiraciones, las Cajas ofrecen su patriótica y desinteresada colaboración para un más detenido estudio del problema".

La fraternidad con las Cajas de las vascongadas siguió siendo habitual durante casi toda la vida de La Caja y si la unión de Cajas (Banca Cívica) se hubiera plasmado con las Cajas Vascas, muy probablemente, hoy Navarra seguiría contando con su Banco Público Foral llamado: Caja de Ahorros de Navarra.

Ramón Doria Bajo, promotor de la re-fundación de la CAN, notario jubilado y nieto del director-gerente de la CAN desde 1921 a 1950  (publicado por Diario de Noticias)

UNA EMPRESA DE EEUU GASTÓ MILLONES EN UNA GUERRA SUCIA EN FACEBOOK CONTRA MADURO, MORALES Y LÓPEZ OBRADOR

En la oferta pública de servicios de CLS Strategies, con sede en Washington, están las campañas para mejorar la imagen o reputación de sus clientes, la gestión de crisis, el diseño de hojas de ruta para que empresas o sindicatos logren cambios legislativos acordes con sus intereses o la asesoría de comunicación en redes sociales. Para clientes especiales como la oposición venezolana, la mexicana o los partidarios del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Evo Morales en Bolivia, CLS Strategies también tiene disponible otro catálogo de tácticas de "guerra sucia" y operaciones de desinformación en redes sociales para manipular la opinión pública.

El último informe de Facebook sobre actividad fraudulenta en su plataforma detalla los servicios ocultos que CLS Strategies desarrolló en estos países sudamericanos. Entre ellos se encuentra la "amplificación" artificial de los mensajes y eslóganes de sus clientes, "la creación de páginas que se hacían pasar por medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil y páginas de fans políticas" o la distribución de ganchos para sacar a los usuarios de la plataforma y llevarlos a sitios web bajo su control.

Para lograrlo, la compañía de Washington creó una red de cuentas falsas en Facebook e Instagram que fingían ser "ciudadanos locales" de Venezuela, México y Bolivia para "confundir a la gente sobre quién estaba detrás de estas actividades". "Algunas de estas páginas se hicieron pasar también por partidos políticos, incluyendo el uso de errores tipográficos para engañar a las personas y hacerles creer que era auténticas", recoge el informe de Facebook. La red social ha eliminado 55 cuentas y 46 páginas falsas que fueron creadas en Facebook y otros 36 perfiles fraudulentos en Instagram que participaron en estas actividades. Su investigación ha hallado "vínculos con CLS Strategies" en todas ellas, lo que atenta contra las normas sobre "injerencia extranjera" en la plataforma.

La firma de Washington había conseguido una audiencia considerable para "su red tóxica": más de medio millón de personas seguían a una o más de esas páginas que simulaban ser medios informativos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil o páginas de seguidores de determinados políticos. En Instagram, al menos 43.000 usuarios seguían a uno o más de esos perfiles impostores. Para lograr estas cifras la red gastó 3,6 millones de dólares en publicitarse con las herramientas de Facebook, "pagados principalmente en dólares americanos".

A favor del golpe en Bolivia y de la oposición en Venezuela y México

Facebook detalla que la actividad principal de las cuentas falsas estaba centrada en Venezuela, con ramificaciones en México y Bolivia. "Esta actividad parecía centrarse en los eventos públicos y las elecciones en sus países objetivo. Las personas que llevaron a cabo esta actividad publicaron noticias y comentaron sucesos de actualidad relacionados con la política y los representantes públicos, las elecciones o las crisis", se lee en el informe de la red social. En Venezuela la red fraudulenta apoyaba a la oposición y criticaba a Nicolás Maduro y al régimen chavista; en México, los ataques se dirigían contra el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que lidera el presidente Andres Manuel López Obrador; mientras que en Bolivia su misión era apoyar al Gobierno salido del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.

El objetivo era generar desafección en los simpatizantes de sus rivales y dar una imagen de caos. "En Bolivia no aceptamos capos ni cobardes", rezaba un vídeo publicado por la página "Bolivianas Libres", creada desde Washington por CSL Strategies y que señalaba como "capos promotores de malas andanzas" a los miembros del Gobierno de Evo Morales.

"El #TSJ [Tribunal Supremo de Justicia] nombró la semana pasada a los nuevos rectores del #CNE [Consejo Nacional Electoral] saltándose a la torera la Constitución de la República, donde se indica en detalle cómo la #AN [Asamblea Nacional] es la institución designada para esta tarea. Un claro ejemplo de cómo #Maduro controla los poderes en #Venezuela. ¿Qué eres capaz de hacer para que se respeten las leyes en Venezuela?", se lee en otra de las publicaciones que ha revelado Facebook como ejemplo de las acciones de la red. El texto acompaña a un Nicolás Maduro caricaturizado con tres cabezas.

CLS Strategies firmó contratos con el gobierno resultante del golpe de Bolivia

Juan Cortiñas, directivo de CLS Strategies, no ha negado la implicación de su empresa en la red fraudulenta eliminada por Facebook. Al contrario, en un comunicado enviado a elDiario.es, Cortiñas parece achacar a un cambio de políticas por parte de la red social la aparición de su consultora en el informe sobre manipulación. "CLS Strategies tiene una larga tradición de trabajo internacional, también en los medios de comunicación social, para promover elecciones libres y abiertas y para oponerse a regímenes opresivos, y nos tomamos en serio nuestro compromiso de adherirnos a las rápidamente cambiantes políticas de rápida evolución de Facebook y otras plataformas de medios de comunicación social", se afirma en dicho comunicado.

Cortiñas, ex jefe de prensa de una diputada del partido republicano de EEUU, se ha negado a contestar a las preguntas de este medio sobre los clientes que contrataron estos servicios de "guerra sucia" en las redes sociales de los países latinoamericanos, así como cuál fue su inversión total, teniendo en cuenta que solo en su promoción CLS Strategies invirtió 3,6 millones de dólares. Sí ha querido recalcar que Facebook no ha bloqueado todas las actividades de la consultora a raíz de descubrir estas acciones, como ha hecho con otras compañías cuyo método de negocio se basaba en la manipulación.

La aparición de CLS Strategies como autora de una operación de intoxicación coincide en el tiempo con la publicación de unos contratos que firmó con el gobierno resultante del golpe en Bolivia para "lavar su imagen", como han recogido varios medios latinoamericanos este agosto. La consultora habría cobrado unos 90.000 dólares por llevar a cabo este trabajo durante tres meses, desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020.

Esta campaña para mejorar la reputación del golpe que sacó a Morales de Bolivia y el Gobierno interino posterior se sumaría a otra, documentada por elDiario.es, que tuvo lugar a partir de noviembre de 2019. Este medio detalló cómo decenas de miles de nuevas cuentas de Twitter fueron creadas los días en los que la oposición del país amenazaba al mandatario con recrudecer la violencia en las calles. Su misión era lanzar mensajes hacia el exterior, empleando bulos y desinformación para influir en la opinión pública internacional.UNA 

Carlos del Castillo, en eldiario.es

ESPAÑA, ¿UNA DEMOCRACIA TUTELADA AÚN?

España vive hoy, todavía, las consecuencias de la impunidad del franquismo. De la dictadura en sí. De esa historia que se fue arrastrando con la democracia suprimida durante largos periodos sin que nunca sus autores rindieran cuentas. Los muertos del franquismo, y de la Transición que iba a cerrarlo, se revuelven en sus armarios, ya no pueden taparlos más. El problema no era –como decían- abrir heridas, sino dejarlas sin limpiar. No nos faltó más que la hegemonía sobrevenida de la banalidad. 

Dos listados de firmas de apoyo –una a Juan Carlos de Borbón y otra al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa- nos devuelven a esa imagen de la democracia tutelada con la que nació la Constitución del 78. Y es sobrecogedor constatarlo cuatro décadas después. Más de 70 altos cargos de distintas épocas han puesto su firma para avalar las andanzas del anterior jefe del Estado. Pedían respetar su presunción de inocencia y "su legado". La presunción de inocencia la dejó en nada su propio hijo, el actual rey Felipe VI, y él mismo al huir a Emiratos Árabes. Algo que conocen perfectamente los firmantes. Lo grave es la manga ancha con la que admiten su escandalosa conducta por su labor "en beneficio de la democracia". Como si fuera una dádiva y no una obligación y como si pudiera justificar y tapar cualquier atropello.

Lo mismo ha sucedido con Rodolfo Martín Villa. Como informó en primicia Olga Rodríguez en ElDiario.es, los cuatro expresidentes vivos, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell y antiguos líderes de los sindicatos, entre otros, han escrito a la jueza María Servini de Cubría en apoyo del exministro franquista, el único imputado en la querella argentina dispuesto a declarar. El único, otro dato para anotar en el retrato de nuestra democracia.

Todas las investigaciones sobre los crímenes del franquismo –y aun de la Transición- han sido boicoteadas en España. Responsables de asesinatos y flagrantes torturas fueron recibiendo el amparo del Estado español. Un listado que merece la pena recordar. El intento de Baltasar Garzón, que osó además simultanearlo con la investigación de la Gürtel del PP, acabó con el magistrado condenado y fuera de la carrera judicial. Luego se puso en marcha la querella desde Argentina. En aplicación del principio de justicia universal. Como una conquista de quienes no se conforman con la impunidad. Martín Villa ha de responder por "delitos de homicidio agravado" en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos como los de los Sanfermines de 1978 o la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976.

La carta de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una de las más chirriantes. Lo entrevistó también Olga Rodríguez. Ante las insistentes preguntas, Zapatero argumentó: “Sin haberlo vivido no es posible un juicio objetivo”. Josep Borrell, jefe de la Diplomacia Europea nada menos, lamenta incluso que Martín Villa quiera declarar y dice a Servini de Cubría que el exministro fue "figura clave en la política que hizo posible la democracia española". Los abogados de la querella argentina aclaran que "la causa que imputa a Martín Villa juzga crímenes, no es un asunto político, es judicial". Y hacen constar esa presión que los firmantes han querido ejercer sobre la jueza Servini de Cubría, que no solicitó sus opiniones.

Cualquier persona honesta y demócrata se pregunta cuál es el contexto que permite usar el cargo de Jefe del Estado para hacerse con una inmensa fortuna y ocultarla hasta de sus obligaciones fiscales. Cualquier persona honesta y demócrata se pregunta también qué contexto justifica, entre otros crímenes, entrar con pistolas y metralletas, disparando fuego real, a sacar manifestantes de una Iglesia en Vitoria, con el balance de 5 muertos y 150 heridos. CCOO lo contaba así en 2016. Antonio Gutiérrez, exsecretario general del sindicato, también ha apoyado a Martín Villa, incluso dándole las gracias. Él fue torturado por Antonio Tejero, dice, y exime a Martín Villa de los delitos por los que es investigado.

Quien gritó "la calle es mía" fue el entonces Ministro del Interior y luego fundador de Alianza Popular, hoy Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne. Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales en un momento en el que los sindicatos no habían sido aún legalizados. Luego ocuparía la cartera de Interior y otros muchos cargos.

Aquella terrible noche de marzo de 1976 alguien captó y difundió en reducidos círculos las grabaciones de la policía, con las órdenes de entrar y sacar a los manifestantes de la forma que fuera. Igual están aún en esos arcones con secretos oficiales que ocultan. Empezábamos en periodismo, a casi inventarlo muy jóvenes y tras la cerrada censura; en democracia también. Con estos mimbres. Llegado Juan Carlos de Borbón a la jefatura del Estado, por designación de Franco, fue cubierto desde el principio de una protectora campana de silencio. Cualquier roce parecía fuera a romper la frágil democracia sacada con fórceps y con la fuerza de la lógica a los vencedores de la guerra. 

Con su leyes de impunidad. El eurodiputado Miguel Urban recuerda cómo el filósofo Jon Elster en un estudio comparado, afirmó  que "el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional". Y lo siguen haciendo, eso es lo más aterrador.

De esta forma, se ha permitido que poderosas élites del franquismo y su secuelas sigan presentes en la España de 2020 incluso. En la justicia, sin lugar a dudas. En las estructuras empresariales –hace poco llamaron "emprendedores de posguerra" a quienes se lucraron del franquismo-, en los amaños que compran, venden, fusionan o regalan desde bancos a la salud. En los medios de comunicación. En cuanto ha hecho posible la insufrible tolerancia a la ultraderecha que vivimos ahora como uno de los mayores peligros que nos acechan. No hace falta raspar mucho para ver la decisiva influencia de todo ese entramado en muchas de las grandes carencias y fallos estructurales de la España actual. Todo esto es lo que pagamos con las leyes de impunidad establecidas en el 78. Argentina también blindó su dictadura con las "Leyes de Punto final", pero terminaron siendo abolidas y juzgados y condenados sus responsables. Chile, no. Aunque Baltasar Garzón confinó allí a Pinochet gracias a la justicia universal. España, no.

Y así vivimos fraudes democráticos como los que Ignacio Escolar detallaba aquí en la justicia. Con gravísimas consecuencias. Un Partido Popular que se niega a renovar la cúpula del Poder Judicial que "permite nombrar a jueces de por vida en el Tribunal Supremo". Y que "un Poder Judicial en funciones, con el mandato vencido, siga ascendiendo a jueces en nombre de una soberanía popular que caducó". Y con maniobras de fuerte repercusión: "Hay tres nombramientos que están al caer y que preocupan enormemente al Partido Popular. Tres plazas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la que pasan todos los casos de corrupción, la que decidirá todas las denuncias contra el Gobierno por la pandemia, la que juzgaría –si es que ese milagro ocurre– al rey emérito por corrupción", escribe Escolar. Y mucho más. Con la cuidada selección previa, vemos a jueces y fiscales que más parecen arietes de una cruzada.

Los muertos del armario no son siquiera del pasado. Esas obscenas cartas son alimento para que pervivan en perenne intoxicación de la vida de los españoles. Parecen advertir que la democracia que nació tutelada por todo el aparato del franquismo y sus derivados corruptos, lo sigue estando. ¿Qué quieren ocultar con tanto ahínco y por tan largo tiempo? ¿Qué más de lo que por las evidencias y consecuencias se ve? Sea lo que sea, lo que no pueden es seguir cargando a la sociedad española del siglo XXI con sus miserias. O sí pueden, de hecho. Evidentemente se les deja hacerlo. Una vez más.

Rosa María Artal, en su blog

UNA MONARQUÍA PATRIMONIAL

A comienzos del siglo XX, bajo el título Economía y Sociedad, vieron la luz de manera póstuma algunos de los escritos más penetrantes del sociólogo alemán Max Weber. En ellos, Weber distinguía diferentes formas de dominación en el ejercicio del poder: la tradicional, la carismática, la burocrática. Entre estas, evocaba una a la que no siempre se le ha prestado atención: la patrimonial. El propio Weber la vinculaba a algunas formas de Estado, como la Monarquía, y resulta muy actual en relación con los actos de corrupción atribuidos a Juan Carlos de Borbón.

Según Weber, el poder patrimonial se caracterizaba por la amplia esfera de arbitrariedad que se atribuía a quien lo ejercía. El alcance de este poder dependía al menos de dos factores. La fuerza y el “temor militar” que el monarca fuera capaz de generar, y el aparato administrativo que tuviera detrás. Pero había algo más. Para Weber, la dominación patrimonial del Rey radicaba en su autoridad doméstica. Es decir, era, además de patrimonial, patriarcal. La función de la familia del monarca era dar cobertura organizada a sus necesidades sexuales y económicas para facilitar su dominación. El Rey, así, podía exigir la complacencia de su familia. Pero también de sus súbditos, el resto de miembros libres de la sociedad que, sin pertenecer a su familia, se encontraban bajo su dominio político. Con una salvedad. Solo podía esperar su conformidad en “circunstancias socialmente favorables”.

Hasta aquí, Weber. Estos textos son de inicios del siglo XX. Pero resuenan con fuerza indiscutible si se cotejan con la realidad de la Monarquía borbónica hoy. Pensemos en Juan Carlos I, cuyo papel es inescindible de la fuerza y del “temor militar” a los que puede apelar. Investido por el dictador Francisco Franco, reconocido como Jefe de las Fuerzas Armadas por la Constitución, y reforzado como máxima referencia militar tras el 23-F de 1981, está lejos de ser un simple símbolo sin capacidad de actuación.

Por el contrario, es ese poder reafirmado tras su encumbramiento como “salvador de la democracia” el que a la postre le permitiría utilizar la institución en beneficio propio. Y sobre todo, el que le permitiría hacerlo rodeado de privilegios, al margen, a menudo, del refrendo de los representantes de la voluntad popular, y a salvo del escrutinio público.

Es así como Juan Carlos I se acostumbró a actuar como el jefe de una Monarquía que dejaba amplio un margen para sus caprichos y negocios privados. Esta concepción patrimonialista de la Monarquía contradice abiertamente la idea de Monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución española. E implica no solo al Rey, sino al conjunto de la Familia Real.

Una aproximación patrimonialista y patriarcal al llamado “juancarlismo” ayuda a entender mejor los escándalos que involucraron a Iñaki Undargarin, yerno del Rey, y a su propia hija, Elena de Borbón. O la increíble proximidad física a la Zarzuela de la propia Corinna Larsen, compañera sentimental y de negocios del ex monarca durante más de una década.

Muchas de estas actuaciones de la Casa Real fueron aceptadas o toleradas mientras hubo “circunstancias sociales favorables”, como diría Weber. Sin embargo, la profundización de la crisis, con sus graves efectos económicos, las ha vuelto inaceptables para la mayoría de la población. Aunque le pese a algunos, será cada vez más difícil que la sociedad acepte las sanciones desmesuradas que el Código Penal impone a las críticas a la Corona. O que se admita que la inviolabilidad del Rey se utilice como excusa para no investigar delitos graves que perjudican a terceros. O simplemente que se presente como una suerte de licencia para enriquecerse, valiéndose de información privilegiada y de las ventajas sociales que el cargo entraña.

Y lo que resulta inaceptable tratándose de Juan Carlos I, también lo será en relación con Felipe VI. El actual Rey ya comenzó mal intentando generar su propio “temor militar” con el discurso del 3 de octubre de 2017. Aquella intervención pudo granjearle el aplauso de los sectores más recalcitrantes del nacionalismo español. Pero le enajenó, de manera acaso irreversible, el apoyo de una parte considerable de la ciudadanía en Catalunya, pero también fuera de ella. Y no solo eso. Es ingenuo pensar que el comunicado de la Casa Real reconociendo la existencia de negocios opacos de Juan Carlos de Borbón vaya a eximir de sospechas al Rey actual. Por el contrario, los asuntos denunciados por la propia Zarzuela son tan graves que es imposible no preguntarse si Felipe VI estaba al tanto de lo que ocurría. Sobre todo, teniendo en cuenta que los actos hoy investigados se produjeron cuando el actual monarca era un hombre hecho y derecho, consciente de que heredaría el trono, y no un simple chiquillo que rondaba por los pasillos del Palacio Real.

La pretensión de echar un velo sobre el tema con el argumento de que genera “inestabilidad” tampoco parece realista. Ante una emergencia económica y social sin precedentes, lo verdaderamente desestabilizador sería no esclarecer lo ocurrido ni establecer medidas inequívocas para que no se repita. Consentir la impunidad no solo supondría normalizar graves actos de corrupción cometidos desde las más altas esferas del Estado. Sería avalar una concepción patrimonial de la Monarquía que el propio Weber, con buena lógica, situaba más cerca del ejercicio despótico del poder que de las monarquías consideradas parlamentarias. Razón suficiente para que, después de cuarenta años, la ciudadanía pueda pronunciarse sobre su continuidad.

Gerardo Pisarello, en ara.cat

MARTÍN VILLA, LOS EXPRESIDENTES Y ARTURO RUIZ, ENTRE OTROS

Volvemos a recordar a Arturo Ruiz con motivo de la carta de apoyo al exministro Martín Villa que han remitido los cuatro expresidentes del Gobierno de España a la jueza argentina María Servini, instructora de la causa penal por posibles delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. En memoria de Arturo Ruiz, y sin ánimo de que los expresidentes que apoyan a Martín Villa recuerden a la víctima,  recuperamos el artículo publicado el pasado 27 de enero en este DdA y en El Salto: 

Recuerdo especialmente aquel crimen porque tuvo lugar en una de las zonas que yo frecuentaba a menudo, por residir no demasiado lejos del lugar. Fue uno más de los atentados que el terrorismo de ultraderecha -entonces muy activo- perpetró en aquellos agitados años que querían abrir el camino de la Transición. Se cometieron en no pocos casos con la connivencia de la policía tardofranquista y algunos de ellos quedaron impunes. El pasado jueves se cumplieron 43 años de la muerte en el centro de Madrid de Arturo Ruiz, un joven estudiante granadino de 19 años.

Ocurrió el domingo 23 de enero de 1977, con motivo de la manifestación convocada en pro de la amnistía que no había sido autorizada por el ministro de Gobernación Martín Villa, con Juan José Rosón como responsable del Gobierno Civil de Madrid. Miles de personas se dieron cita en los alrededores de la Plaza de España, dando lugar a una violenta intervención de la Policía Nacional que dispersó a cientos de asistentes por las calles próximas a la Gran Vía (avenida de José Antonio entonces) y la Plaza de Callao. En la intercesión de las calles Silva y Estrella, varios grupos de pistoleros ultraderechistas se apostaron para provocar verbalmente a los manifestantes y hacer uso después sus armas. Arturo Ruiz cayó fulminado por dos disparos de pistola por la espalda.

Los hermanos de Arturo están seguros de que “fueron a por mi hermano, quizás le reconocieron por su físico y porque le conocerían de otras….ocasiones”. El autor material y el grupo acompañante huyó del lugar, sin ser identificado ni detenido por la policía antidisturbios que, sin embargo, sí destruyó un “sencillo señalamiento con ladrillos en forma de cruz en donde se apreciaba un gran charco de sangre”, según leemos en una reciente información publicada por el diario El Independiente de Granada. 

Iniciada la investigación policial por presunto asesinato -y descartada la primera versión oficial del Gobierno Civil que hablaba de “enfrentamientos con agentes policiales o de enfrentamientos entre grupos de manifestantes y contra-manifestantes”-, se identificará como autor de los disparos a un tal José Ignacio Fernández Guaza, alias El Posturas, de 29 años, integrante del grupo ultraderechista Triple A, y conocido pistolero muy reputado en las cloacas de la seguridad del Estado. El Posturas pasó en menos de 24 horas del País Vasco a Francia y de aquí, presumiblemente, a Argentina -según el citado periódico-, sin que se volviera a saber de su paradero. Sin embargo, la hermana del presunto asesino habría manifestado en la instrucción judicial que “trabajaba para la Guardia Civil o la Policía;…. realizaba funciones que la Policía no podía hacer”. Hoy, si vive, tendría 72 años. 

Como cómplice de Fernández Guaza fue detenido Jorge Cesarsky, líder de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A, que fue condenado a 6 años por delito de terrorismo y tenencia ilícita de armas (prestó su pistola para que Fernández Guaza efectuara los disparos), pero sólo cumplió uno al beneficiarse precisamente de la amnistía que demandaba el propio Arturo Ruiz en las calles. 

El de Arturo Ruiz fue el asesinato que daría paso a la llamada semana negra de enero de 1977, sobre la que el director Juan Antonio Bardem realizó dos años después el documental Siete días de enero. Un día más tarde de la muerte de Ruiz, otra estudiante, María Luz Nájera, perdía la vida como consecuencia del impacto de un bote de humo disparado por la policía para dispersar a los manifestantes que protestaban en el mismo lugar donde la ultraderecha mató al estudiante granadino. Fue también esa misma noche cuando un grupo de matones de la ultraderecha asesinó a cinco personas de un despacho laboralista de la calle Atocha, militantes de Comisiones Obreras y el Partido Comunista, un hecho que por su impacto popular y mediático, y también por la ideología de las víctimas, difuminó los dos asesinatos anteriores, olvidados a lo largo de décadas. Todavía hoy se está a la espera de que Brasil extradite a Carlos García Juliá, condenado en 1980 a 193 años de cárcel por haber sido uno de los autores materiales del atentado terrorista de Atocha. García Juliá se encuentra prófugo desde que en 1994 obtuvo la libertad condicional y huyó a América Latina. Se le había perdido la pista hasta que fue arrestado en diciembre de 2018. 

El pasado jueves, medio centenar de personas se reunieron en la plaza Soledad Torres Acosta para recordar a Arturo Ruiz. En esa plaza, la anterior corporación municipal del Ayuntamiento de Madrid logró colocar una placa conmemorativa in extremis, el último día de su gestión. La placa está en el respiradero de un garaje subterráneo porque ninguna de las comunidades vecinales de los edificios próximos al lugar exacto del crimen, entre los números 23 y 25 de la calle Silva, dio el correspondiente permiso. Puede que en esas comunidades la memoria democrática de este país no cuente, les sea indiferente o se le tenga la misma aversión que dejó patente la actuación de la actual corporación municipal eliminando las lápidas con los nombres de los republicanos fusilados por la dictadura en el cementerio de La Almudena. 

Durante la Transición se produjeron en España 700 víctimas mortales, de las que 512 corresponden a acciones terroristas de ETA y GRAPO, y 188 se deben a las Fuerzas de Orden Público y aparatos del Estado en connivencia con grupúsculos de la extrema derecha. No fue, por lo tanto, una Transición modélica, tal como se nos vendió. Recordaba en un reciente artículo Rafael Gil, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, que en estos días una misión del Parlamento Europeo ha visitado España para conocer los motivos por los que 379 asesinatos cometidos por ETA (de un total de 883) aún están por resolver, aunque consten como iniciadas las causas y procedimientos respectivos. Sin embargo, apunta Gil, los hermanos de Arturo Ruiz García deben acudir a instancias de la Justicia Universal* porque la justicia de nuestro país no garantiza sus derechos a la verdad, justicia y dignidad de quien forma parte de esas 188 víctimas de los aparatos del estado y la extrema derecha. 

Fue en 2015 cuando los hermanos de Arturo Ruiz llevaron su asesinato a la Querella Argentina, la única causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura y la Transición. Su testimonio es uno de los que ha servido de base para la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa como máximo responsable de las Fuerzas del Orden Público entre julio de 1976 y abril de 1979. Manuel Ruiz estuvo en Buenos Aires prestando declaración. Lo hizo ante la jueza María Servini y, al día siguiente, ante el fiscal del caso.

Las palabras verdad, memoria y justicia están inscritas en recuerdo del estudiante granadino abatido en las calles de Madrid en 1977 por querer para su país un tiempo nuevo de libertad. Solo la segunda de esas palabras se cumple, aunque sea en el respiradero de un garaje, pero como señala Manuel, uno de los siete hermanos Ruiz, quedan pendientes las que corresponden a la verdad y la justicia, 43 años después de que Arturo fuera víctima de la dictadura que murió tal como había nacido: matando.

Félix Población, en Diario del Aire

LOS EXPRESIDENTES DEL GOBIERNO, AL RESCATE DE LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Los cuatro expresidentes del Gobierno español vivos: Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP), José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP); cuatro ex secretarios generales de los dos sindicatos españoles mayoritarios: Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo de CCOO y Nicolás Redondo Urbieta y Cándido Méndez de UGT; los dos ‘padres de la Constitución’ vivos: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca… Son los principales prebostes del régimen del 78 que han escrito textos de apoyo a Rodolfo Martín Villa, que este jueves declarará ante la juez argentina María Servini, instructora de la causa penal por posibles delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Escritos de apoyo a Martín Villa dirigidos a Servini, a la que el exministro ya ha entregado esos textos, según ha revelado ‘elDiario.es’.

Fuentes jurídicas consultadas por LUH han enmarcado esos escritos no en una defensa jurídica de Martín Villa sino en una “defensa a ultranza del inicio de la Transición y de la Ley de Amnistía” de 1977 que “toda esa gente tiene que haber consensuado”. “Esos escritos no tienen nada que ver con la concreción de los hechos delictivos que se le imputan a Martín Villa, la enjundia es que la juez argentina investiga el periodo protegido por la Ley de Amnistía, en un momento en el que se está poniendo sobre la mesa el papel de la Ley de Secretos Oficiales o de la propia Ley de Amnistía y en el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está diciendo que la impunidad de los crímenes del franquismo no casa con su concepto de Derechos Humanos, lo que abre una puerta peligrosa para el régimen producto de una Transición que los firmantes de esos escritos realmente creen que fue modélica”, han manifestado. “Consideran que no se puede abrir un debate sobre la Transición –y menos ahora que puede estar abriéndose otro sobre monarquía o república– y están intentando salvar su régimen echando un cerrojo sin importarles ni lo que pasó ni las víctimas, un cerrojo como el de la propia Ley de Amnistía, que se aprobó precisamente porque se sabía que habían pasado cosas muy graves”, han añadido las mismas fuentes. En este sentido, el propio Zapatero ha calificado en su escrito la Ley de Amnistía de “elemento central del Pacto de Transición”, un pacto que “sólo se entiende a la vista de nuestra accidentada y muchas veces violenta historia política precedente” y al que Martín Villa contribuyó con “convicción y eficacia”.

Martín Villa declarará por posibles delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad durante la Transición, relacionados con las muertes de Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda –todos ellos, trabajadores en huelga– en Vitoria-Gasteiz; Vicente Antón en Basauri y Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona, Normi Mentxaka en Santurtzi, Josu Zabala en Hondarribia, Arturo Ruiz en Madrid, Rafael Gómez en Orereta, José Luis Cano en Pamplona, Francisco Javier Núñez en Bilbao, Germán Rodríguez en Pamplona y Joseba Barandiaran en Donostia, muertes sobre las que Servini investiga si son “hechos puntuales” o delitos cometidos “en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”.

Antonio Gutiérrez llega a darle “las gracias”

Martín Villa ha enviado a Servini los escritos de González, Aznar, Zapatero, Rajoy Gutiérrez, Fidalgo, Redondo Urbieta, Méndez y otros prebostes del régimen del 78 junto a otro texto firmado por él para “defenderme, pero sobre todo defender que en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio”. En sus escritos, Felipe González o Antonio Gutiérrez van más allá que Zapatero: González llega a decir que el comportamiento de Martín Villa como ministro del Interior –cargo que ocupó de 1976 a 1979 y por el que ha pasado a la historia como ‘la porra de la Transición’– fue “impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho, su preservación y su desarrollo”, mientras que Gutiérrez da “las gracias” al exministro, del que asegura que evitó “la violencia siempre que pudo” y que imputarle delitos como los relacionados con la muerte de cinco trabajadores el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz es “una sarcástica e insostenible tergiversación” de “su trayectoria” y de “todo el proceso de Transición a la democracia”.

González –que dirigió el PSOE de 1974 a 1997–, Aznar –que dirigió el PP de 1990 a 2004–, Zapatero –que dirigió el PSOE de 2000 a 2012– y Rajoy –que dirigió el PP de 2004 a 2018– presidieron el Gobierno de 1982 a 2018, es decir durante 36 de los 42 años que van de régimen del 78. Por su parte, Redondo Urbieta y Méndez dirigieron UGT de 1976 a 1994 el primero y de 1994 a 2016 el segundo, mientras que Gutiérrez y Fidalgo dirigieron CCOO de 1987 a 2000 el primero y de 2000 a 2008 el segundo. Por su parte, Herrero y Rodríguez de Miñón y Roca son los dos únicos ‘padres de la Constitución’ vivos, tras la muerte de Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura y Manuel Fraga. También han firmado cartas de apoyo a Martín Villa otros ‘pesos pesados’ del régimen del 78 como Rafael Arias-Salgado, Josep Borrell, Marcelino Oreja o Eduardo Serra.

Javier Leizaola, en La Última Hora