LAS PARADOJAS DE LA TOLERANCIA

 Que alguien llegue al poder a través de cauces democráticos no hace de ese alguien un demócrata. Un partido puede llegar a las instituciones a través de los cauces democráticos y, una vez dentro, comenzar a erosionar la democracia.  

Una de las herramientas que la democracia tiene para defenderse es que los partidos realmente comprometidos con la democracia y con el Estado de derecho apliquen un cordón sanitario al partido o los candidatos que tengan intención de acabar con esos valores.

¿Qué pasa cuando no se hace? “Quienes han estudiado el fenómeno de la quiebra de las democracias, sobre todo en los años veinte y treinta del siglo pasado, han llegado a la conclusión de que las democracias se vinieron abajo, en buena medida, por no establecer un cordón sanitario a la extrema derecha.” Esto escribía Ignacio Sánchez-Cuenca en este medio hace un par de años. 

El 6 de enero, los reyes nos trajeron un momento histórico: lo que Estados Unidos lleva financiando y haciendo tantos años en países que califican como “políticamente inestables” o “atrasados y poco educados”, ocurrió en Washington D.C., concretamente en el Capitolio, símbolo de la democracia y la libertad. 

Un grupo de seguidores de Donald Trump, disfrazados de no se sabe qué y con más armas que cerebros consiguieron entrar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Mientras tanto, el todavía presidente repetía que había habido fraude electoral y que había que luchar por la “democracia”.

Miles de kilómetros al este, los principales líderes de la oposición española corrían a comparar lo sucedido con las manifestaciones que tuvieron lugar en España hace unos años. “La izquierda lleva años dinamitando instituciones, controlando medios”, decía Abascal. 

“Condenamos el asalto al Capitolio, como todo ataque jaleado en España por el populismo. Los que rodearon el Congreso en 2016 (...) los radicales que hoy gobiernan”, decía Teodoro García Egea. “Grupos radicales”, les llamaba Arrimadas.  

No, ni Podemos lo hizo en 2016, ni el PSOE lo hizo en 2019; en todo caso, lo hizo Tejero en el 81. 

Durante el último año hemos escuchado en repetidas ocasiones a la derecha y extrema derecha de este país hablar de gobierno ilegítimo, criminal e incluso dictatorial. Hemos visto a las radios, las televisiones y los periódicos invitar a sus platós a los representantes de esos partidos a repetirlo una y otra vez mientras les animaban a aplicar un cordón sanitario a Podemos. El poder mediático y la información libre es otro de los mecanismos de defensa democrática. Lo irónico en este país es que es la extrema derecha quien veta a los medios y no viceversa.  

Hace justo un año, Abascal hacía un llamamiento a la movilización ante “el repugnante fraude electoral de Sánchez”, a un “levantamiento popular contra el Gobierno traidor, ilegítimo y enemigo de la soberanía nacional”. El Partido Popular decidió entonces gobernar con ellos y gracias a ellos.

Algunos dirán que en una democracia todos tienen derecho a opinar y a tener un altavoz en los medios de comunicación, que qué pasa con la libertad de expresión. Pues bien, puede que todo el mundo tenga derecho a opinar, pero eso no significa que todas las opiniones sean respetables. Desde luego no lo son aquellas que se traducen en coartar derechos de las mujeres o los inmigrantes, las que ponen en duda unas elecciones (perfectamente) democráticas o una moción de censura cuando no les gusta el que las gana, ni las que desean ilegalizar partidos independentistas y califican de criminales o terroristas a movimientos y partidos nacionalistas o antifascistas. 

Esas opiniones están fundamentadas en datos falsos y plagadas de xenofobia, machismo, clasismo y homofobia, y no, no son respetables. “Tenemos por tanto que reclamar, en el nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia”, decía Karl Popper. 

Los partidos comprometidos con la democracia y los medios de comunicación tienen el deber de poner en duda esas opiniones, tienen la responsabilidad de rebatir sus falacias y evitar por todos los medios que esas posturas se traduzcan en medidas políticas. En cualquier otro país europeo, los partidos tradicionales de derechas lo hacen: Manuel Valls rompió con Ciudadanos por no hacerlo. 

Hay que tener presente que en el Congreso de los diputados de España hay, por lo menos, 52 diputados y diputadas que apoyan y respetan a Trump, que repiten y defienden lo que dice y otras 98 señorías que respetan y pactan con esas 52.  

Lo que sucedió ayer en el Capitolio es el resultado de cuatro años de intoxicación de la opinión pública, de fake news, de un continuo desprestigio a los medios de comunicación y de la fanatización de un presidente autócrata que lideró la insurrección. Un asalto por la fuerza justificado en otra mentira, en una rabieta por no ganar.

No podemos permitir que esto se compare con manifestaciones pacíficas (en las que la policía no dudó en reducir a los manifestantes) que simbolizaron una crisis real de representación y el rechazo a una era de corrupción y de maltrato a los ciudadanos.

Aquellos que en España tienen como referente a Donald Trump y plagian sus argumentos, gobiernan en algunas comunidades autónomas y han conseguido que su discurso negacionista y antidemocrático cale en una parte de la sociedad. Sin embargo, los medios de comunicación, el Partido Popular y Ciudadanos están a tiempo de abrir los ojos y hacer algo al respecto. 

Podrían dejar caer los gobiernos que comparten, dejar de blanquearlos y de darles altavoz a todas horas; podrían empezar a demostrar su compromiso con la democracia y sus valores y a desenmascarar sus mentiras. Podrían, en resumen, empezar a comportarse como sus análogos europeos. Si no lo hacen, lo que ocurrió en Washington podría ocurrir en España. Y ellos, como Trump y muchos republicanos que prefirieron mirar hacia otro lado, serán los responsables.

Elisa Mora, en CTXT