Es significativo que entre las últimas acciones de gobierno de Donald Trump, acusado formalmente de instigar un ataque violento al Capitolio por una multitud enardecida de sus seguidores, reintegrase a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Recordemos que Trump frenó el proceso de normalizaciones de relaciones diplomáticas cubano-estadunidenses, iniciado en 2014, por Barack Obama y Raúl Castro, y profundizó el criminal embargo con medidas punitivas contra personas y países que participen en intercambios comerciales y financieros con la mayor de las Antillas e, incluso, prohibió que sus ciudadanos se hospeden en hoteles cubanos, además de activar, por primera vez, el apartado III de la Ley Helms-Burton (1996), que permite a ciudadanos estadunidenses entablar demandas contra entidades o personas de terceros países que utilicen propiedades que les fueron nacionalizadas por el Estado cubano, conforme a derecho, tras el triunfo revolucionario.
Resulta paradójico que el país que ha apoyado innumerables golpes de Estado para imponer cruentas dictaduras en América Latina y otras regiones del mundo, que ha utilizado el terrorismo en repetidas ocasiones en la salvaguarda de sus intereses geoestratégicos, y brindado protección e impunidad a terroristas confesos, como Luis Posadas Carriles, considere a Cuba como culpable de ese crimen de lesa humanidad.
Ya hace más de tres décadas, el colega A. Grachiov, a partir de un recuento de las operaciones militares abiertas y encubiertas realizadas por Estados Unidos, país que entre 1945 y 1975 empleó la fuerza en 215 casos, designó estas acciones como terrorismo global de Estado, más criminal aún porque se apoya en el gigantesco poderío bélico y el aparato subversivo ramificado del más grande Estado capitalista. (pág. 109) Grachiov consideró que Estados Unidos había elevado el terrorismo al rango de política de Estado, señalando a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como el órgano fundamental del gobierno para tareas sucias: “organizar y realizar acciones subversivas y de saboteo contra otras naciones, atentar contra estadistas extranjeros, preparar fraudes y divulgar calumnias. De este modo cumple la función de terrorista profesional al servicio de la Casa Blanca […] A las operaciones secretas de responsabilidad directa de la CIA, cabe añadir su estrecha cooperación con otros servicios secretos de regímenes reaccionarios, […] de modo que Estados Unidos es tácito cómplice de operaciones de los servicios terroristas secretos de otros estados”.
Ciertamente, la CIA, desde su fundación, en 1947, ha sido el órgano fundamental para la guerra sucia, aunque no el único, que no puede ser caracterizada más que como “terrorismo“, si tomamos la definición del propio Buró Federal de Investigaciones (FBI) como el uso ilegal de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a gobiernos, a la población civil o un segmento de la misma, en la persecución de objetivos sociales o políticos.
Retomando a Grachiov, y a partir del análisis de la contrainsurgencia planetaria de Estados Unidos durante las respectivas administraciones presidenciales, republicanas y demócratas, he propuesto el concepto de terrorismo global de Estado para definir esta política de violencia perpetrada por aparatos estatales imperialistas en el ámbito mundial contra pueblos y gobiernos con el propósito de infundir terror y en violación de las normas del derecho nacional e internacional. En el estudio y análisis del terrorismo se ha enfatizado el terrorismo individual y el de grupos clandestinos de todo el espectro político, obviando y dejando a un lado el papel del imperialismo estadounidense y los estados capitalistas en la organización del terrorismo interno y en el ámbito internacional. El terrorismo global de Estado violenta los marcos ideológicos y políticos de la represión legal (la justificada por el marco jurídico nacional e internacional), y apela a métodos no convencionales, extensivos e intensivos, para aniquilar la oposición política, la protesta social y la insurgencia a escala mundial, así como agredir a gobiernos, que, como el de Cuba, no se someten a los designios de Estados Unidos y sus aliados.
Por su parte, el Capítulo México de la Red en Defensa de la Humanidad expresó su más enérgico rechazo a la ilegítima e ilegal inclusión de Cuba como país promotor del terrorismo, destacando que es el terrorismo de Estado, fomentado por el gobierno estadounidense, el que debiera ser condenado por la comunidad internacional, y no Cuba, que promueve la paz y la solidaridad con el envío de médicos a decenas de países para colaborar en la lucha contra la pandemia de Covid-19.
Gilberto López y Rivas, en La Jornada
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