Nasuvinsa todavía pelea por quitarse de encima la millonaria carga que le dejó hasta 2015 la gestión de UPN en la Ciudadl del Transporte. Y, de momento, los tribunales le van dando la razón. De hecho, la Audiencia Provincial de Navarra ha ratificado los incumplimientos de contrato por parte de la UTE adjudicataria de la Ciudad del Transporte de Pamplona, una resolución fruto de la denuncia en 2018 por parte de Nasuvinsa y que permite a Navarra evitar la pérdida de 23,7 millones de euros.
Lo explicó ayer en el Parlamento de Navarra el vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, en una comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai para exponer el contenido de la sentencia.
El fallo, emitido el 16 de febrero, desestima el recurso presentado por la UTE Sanco a la instancia del 2019 que daba la razón a Nasuvinsa en su petición de rescindir el contrato de la Ciudad del Transporte por incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria, que había dejado de abonar el canon y que, además, tampoco comercializaba los terrenos sobre los que tenía derecho de uso.
Según explicó el consejero, si Nasuvinsa no hubiera denunciando en 2018 el incumplimiento del contrato de la explotación de la 3ª fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona en Imárcoain, suscrito con Sanco “el 1 enero 2022, los ciudadanos navarros hubieran tenido que abonar a la UTE 23,7 millones de euros como consecuencia de las condiciones pactadas en aquel contrato”.
Así la empresa podía elegir en esta fecha si mantener el derecho de superficie por más tiempo y seguía gestionando este espacio u obligaba a la Administración a comprar esos activos a un precio establecido muy superior al de mercado. Esto era, explicó Aierdi, “un ejercicio de irresponsabilidad” por parte del entonces Gobierno de UPN.
COBRANDO YA ALQUILERES Además, según dijo “Nasuvinsa ya está cobrando 330.000 euros de ingresos por los alquileres de las naves construidas que hasta hace cuatro días percibía la UTE” y la valoración de los peritos de la empresa pública han establecido que la UTE, además de entregar los activos, debe pagarle entre 2 y 4 millones de euros por su “inacción y falta de dinamismo”.
A su juicio no se puede responsabilizar a la UTE por lo ocurrido debido a que “es una empresa privada que busca las mejores condiciones para su propia actividad”. La clave, subrayó, está en “el fracaso del modelo elegido” que dejaba al mercado actuar “por sí mismo sin ningún tipo de control” eliminando el riesgo empresarial y traspasándoselo al conjunto de la ciudadanía, al obligar al Ejecutivo a recomprar.
“Priorizar el beneficio empresarial frente a ese interés público parecía el objeto de un procedimiento y un concurso de estas características”, insistió Aierdi, señalando que ya en aquel momento existían sociedades públicas como Nasuvinsa o la Agencia Navarra del Transporte y la Logística (ANL) que “estaban gestionando los desarrollos industriales del conjunto de la comunidad”.
La sentencia de 2022, señaló, incide en que se modificaron las condiciones del procedimiento de tal manera que se daba valor a la estrategia de la empresa, que “busca mantener en el tiempo esas parcelas sin vender en contradicción con el interés público” para cobrar a un precio superior.
Porque el contrato, firmado en pleno boom económico (2006) no establecía mecanismo alguno para evitar que la Administración se viese obligada a adquirir los terrenos a un precio elevado, sino que la “facilitaba”. Como quiera que la UTE dejó de pagar el canon de explotación, el nuevo Gobierno que surgió de las elecciones de 2015 decidió en 2015 resolver el contrato y evitar así el pago de una millonaria compensación por parte de Nasuvinsa.
Juan Ángel Monreal e Iñaki Porto, en Diario de Noticias
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