UNA MONARQUÍA PATRIMONIAL

A comienzos del siglo XX, bajo el título Economía y Sociedad, vieron la luz de manera póstuma algunos de los escritos más penetrantes del sociólogo alemán Max Weber. En ellos, Weber distinguía diferentes formas de dominación en el ejercicio del poder: la tradicional, la carismática, la burocrática. Entre estas, evocaba una a la que no siempre se le ha prestado atención: la patrimonial. El propio Weber la vinculaba a algunas formas de Estado, como la Monarquía, y resulta muy actual en relación con los actos de corrupción atribuidos a Juan Carlos de Borbón.

Según Weber, el poder patrimonial se caracterizaba por la amplia esfera de arbitrariedad que se atribuía a quien lo ejercía. El alcance de este poder dependía al menos de dos factores. La fuerza y el “temor militar” que el monarca fuera capaz de generar, y el aparato administrativo que tuviera detrás. Pero había algo más. Para Weber, la dominación patrimonial del Rey radicaba en su autoridad doméstica. Es decir, era, además de patrimonial, patriarcal. La función de la familia del monarca era dar cobertura organizada a sus necesidades sexuales y económicas para facilitar su dominación. El Rey, así, podía exigir la complacencia de su familia. Pero también de sus súbditos, el resto de miembros libres de la sociedad que, sin pertenecer a su familia, se encontraban bajo su dominio político. Con una salvedad. Solo podía esperar su conformidad en “circunstancias socialmente favorables”.

Hasta aquí, Weber. Estos textos son de inicios del siglo XX. Pero resuenan con fuerza indiscutible si se cotejan con la realidad de la Monarquía borbónica hoy. Pensemos en Juan Carlos I, cuyo papel es inescindible de la fuerza y del “temor militar” a los que puede apelar. Investido por el dictador Francisco Franco, reconocido como Jefe de las Fuerzas Armadas por la Constitución, y reforzado como máxima referencia militar tras el 23-F de 1981, está lejos de ser un simple símbolo sin capacidad de actuación.

Por el contrario, es ese poder reafirmado tras su encumbramiento como “salvador de la democracia” el que a la postre le permitiría utilizar la institución en beneficio propio. Y sobre todo, el que le permitiría hacerlo rodeado de privilegios, al margen, a menudo, del refrendo de los representantes de la voluntad popular, y a salvo del escrutinio público.

Es así como Juan Carlos I se acostumbró a actuar como el jefe de una Monarquía que dejaba amplio un margen para sus caprichos y negocios privados. Esta concepción patrimonialista de la Monarquía contradice abiertamente la idea de Monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución española. E implica no solo al Rey, sino al conjunto de la Familia Real.

Una aproximación patrimonialista y patriarcal al llamado “juancarlismo” ayuda a entender mejor los escándalos que involucraron a Iñaki Undargarin, yerno del Rey, y a su propia hija, Elena de Borbón. O la increíble proximidad física a la Zarzuela de la propia Corinna Larsen, compañera sentimental y de negocios del ex monarca durante más de una década.

Muchas de estas actuaciones de la Casa Real fueron aceptadas o toleradas mientras hubo “circunstancias sociales favorables”, como diría Weber. Sin embargo, la profundización de la crisis, con sus graves efectos económicos, las ha vuelto inaceptables para la mayoría de la población. Aunque le pese a algunos, será cada vez más difícil que la sociedad acepte las sanciones desmesuradas que el Código Penal impone a las críticas a la Corona. O que se admita que la inviolabilidad del Rey se utilice como excusa para no investigar delitos graves que perjudican a terceros. O simplemente que se presente como una suerte de licencia para enriquecerse, valiéndose de información privilegiada y de las ventajas sociales que el cargo entraña.

Y lo que resulta inaceptable tratándose de Juan Carlos I, también lo será en relación con Felipe VI. El actual Rey ya comenzó mal intentando generar su propio “temor militar” con el discurso del 3 de octubre de 2017. Aquella intervención pudo granjearle el aplauso de los sectores más recalcitrantes del nacionalismo español. Pero le enajenó, de manera acaso irreversible, el apoyo de una parte considerable de la ciudadanía en Catalunya, pero también fuera de ella. Y no solo eso. Es ingenuo pensar que el comunicado de la Casa Real reconociendo la existencia de negocios opacos de Juan Carlos de Borbón vaya a eximir de sospechas al Rey actual. Por el contrario, los asuntos denunciados por la propia Zarzuela son tan graves que es imposible no preguntarse si Felipe VI estaba al tanto de lo que ocurría. Sobre todo, teniendo en cuenta que los actos hoy investigados se produjeron cuando el actual monarca era un hombre hecho y derecho, consciente de que heredaría el trono, y no un simple chiquillo que rondaba por los pasillos del Palacio Real.

La pretensión de echar un velo sobre el tema con el argumento de que genera “inestabilidad” tampoco parece realista. Ante una emergencia económica y social sin precedentes, lo verdaderamente desestabilizador sería no esclarecer lo ocurrido ni establecer medidas inequívocas para que no se repita. Consentir la impunidad no solo supondría normalizar graves actos de corrupción cometidos desde las más altas esferas del Estado. Sería avalar una concepción patrimonial de la Monarquía que el propio Weber, con buena lógica, situaba más cerca del ejercicio despótico del poder que de las monarquías consideradas parlamentarias. Razón suficiente para que, después de cuarenta años, la ciudadanía pueda pronunciarse sobre su continuidad.

Gerardo Pisarello, en ara.cat