UN BALANCE NECESARIO

Parece inevitable que cuando un Gobierno inicia su andadura lo haga con cambios entre sus componentes, lo que provoca en los medios de información una especial agitación entre la curiosidad y el morbo. Constituido el nuevo Ejecutivo vasco, hubo más de una sorpresa no prevista en las quinielas y una de ellas fue que el área de paz, convivencia y derechos humanos que durante los últimos ocho años estaba ubicada bajo la dependencia directa del lehendakari pasa a gestionarse desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que encabeza la consejera Beatriz Artolazabal. Una medida que aparejaba su ración de morbo: Jonan Fernández dejará de estar al frente de estas políticas. Por fin, para sus empecinados detractores ubicados en sectores políticos de todos los extremos y para los medios que han prodigado ya titulares indisimuladamente perversos.

Por encima del morbo que provoca la nueva ubicación de la Secretaría que fue primero de Paz y Convivencia y luego de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, lo que interesa es discernir qué hay en el fondo de estos cambios, su significado y su mensaje. Como primera apreciación, entender que se ha cumplido un ciclo cuyo balance de gestión abarcó las relaciones con las víctimas y asociaciones de víctimas del terrorismo que se encauzaron y consolidaron en clave constructiva, las múltiples iniciativas de educación para la paz y presencia de las víctimas en las aulas. Se ha creado y consolidado el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora. Se han desarrollado innumerables actuaciones en relación con la memoria histórica y la memoria reciente. Se ha materializado un estudio único en el mundo en materia de tortura. Se ha aprobado una ley para reconocer y reparar a víctimas de la violencia del Estado que ha sido recientemente refrendada por el Tribunal Constitucional. Se han presentado propuestas muy concretas a los gobiernos español y francés sobre acercamiento de presos y reinserción. En el desarme y disolución de ETA, el Gobierno vasco jugó un importante papel a la hora de asegurar su carácter unilateral, incondicional, irreversible y definitivo, especialmente —pero no sólo— a través de mediadores internacionales. Y un dato fundamental y definitivo: ETA ha desaparecido de nuestras vidas. Existen por tanto, argumentos suficientes para considerar que se ha cubierto un ciclo de balance positivo que explica este cambio en las políticas de paz y derechos humanos del Gobierno vasco.

Son muchos los avances de estos últimos ocho años; pero eso no significa que todo esté hecho. Quedan flecos pendientes. Básicamente, tres: completar las políticas de reconocimiento y reparación de víctimas, alcanzar un acuerdo sobre memoria crítica del pasado y la cuestión de la política penitenciaria. Son, sin duda, temas importantes. Sin embargo, es indudable que las políticas sobre víctimas, memoria histórica y política penitenciaria han perdido centralidad para las generaciones jóvenes porque este es un problema antiguo, y para los más maduros porque tienen otras preocupaciones más acuciantes. La mirada hoy de nuestra sociedad a los derechos humanos es ya mucho más amplia.

El tiempo pasa de manera inexorable. La sociedad cambia y avanza de modo imparable. En este contexto, hay determinadas posiciones que están en riesgo de quedar atrapadas en lo anacrónico si no son capaces de moverse y adaptarse. En primer lugar, determinados discursos vindicativos sobre las víctimas pueden terminar desconectándose de la sociedad si no entienden que memoria y convivencia deben potenciarse y no enfrentarse. En segundo lugar, el parsimonioso cambio de una política penitenciaria inaceptable puede terminar castigando en Euskadi a sus gestores actuales, y al PSE-EE, si no reaccionan a tiempo. Y, por último, la incapacidad de la izquierda abertzale de hacer una seria reflexión crítica desde los derechos humanos sobre lo que ETA supuso para esta sociedad y el empecinamiento en su justificación, puede anclarle tanto al pasado como a aquellos posfranquistas que, muchos años después, seguían sin condenar la dictadura.

En estos ámbitos, y arremangado, ha trabajado infatigable Jonan Fernández. Para quienes valoran su ingente labor de décadas en favor de la paz y los derechos humanos, queda la convicción de que seguirá en ello desde sus nuevas funciones dentro de Lehendakaritza.

Pablo Muñoz, en Grupo Noticias