La brutal limpieza política desatada en Navarra desde el 19 de julio de 1936 acabó con la vida de más de tres mil personas. Según nuestros cálculos, uno de cada seis simpatizantes de la izquierda de género masculino fue asesinado. A los asesinados habría que añadir que varios miles de ciudadanos considerados como desafectos fueron encarcelados desde los primeros momentos y que hubo también muchas otras variedades de castigos, desde las multas a los rapados.
Esa limpieza política tuvo un carácter sistemático y científico y respondía a una estrategia de control, anulación y amedrentamiento generalizado de los adversarios políticos. Las listas de elementos a neutralizar se basaban en los informes policiales y de la Guardia Civil, en las relaciones de detenidos en los episodios conflictivos anteriores y en la documentación incautada en los registros de sedes de partidos y de sindicatos y en los registros en los domicilios particulares.
Los golpistas implantaron en Navarra desde el primer momento una dinámica implacable, asentada sobre la disyuntiva amigo/enemigo, propia de los ejércitos de ocupación. Tal y como recuerda Peter Anderson (¿Amigo o enemigo? Ocupación, colaboración y violencia selectiva en la guerra civil española, Granada, Comares, 2017, pp. 1-13), el proceso de dividir a la población ocupada entre amigos o enemigos fue el principal proceso mediante el cual los golpistas, tanto los militares como sus aliados civiles, tomaron el control de la población y dominaron a la sociedad. Ese proceso "facilitó el castigo o la recompensa de forma meticulosamente calculada", siendo para ello necesario contar con información pormenorizada del pasado de gran parte de la población que solo pudo ser recabada gracias a la crucial colaboración de los vecinos de los sujetos investigados. Por lo tanto, los carlistas y falangistas navarros, a las órdenes de los militares, habrían actuado como ocupantes en relación con los considerados como enemigos dentro de la propia Navarra y habrían desarrollado su labor de eliminación de desafectos a partir de la recogida de cantidades ingentes de información sobre los represaliados para arrasar cualquier resistencia.
La Junta Central de Guerra Carlista, que gestionó la limpieza política por parte carlista, creó un archivo de desafectos. Así lo explicitó el propio José Martínez Berasain, presidente de facto de la mencionada Junta Central, el 29 de mayo de 1937 en un documento en el que recalcaba al gobernador militar que no se había completado todavía la "función depuradora" y ponía "a disposición de los Tribunales competentes todos aquellos informes, debidamente especificados en su archivo, para que mediante esos elementos de juicio se complemente el conocimiento de los casos a los Tribunales mencionados y su actuación pueda ser la más acertada".
Los carlistas ubicaron la Jefatura de Requetés en el colegio de Escolapios. Allí estaban también su policía secreta; el Tercio Móvil o unidad de castigo de cincuenta miembros especializada en sacas, y una cárcel con decenas de celdas. Esta estructura represiva estuvo dirigida por Esteban Ezcurra Arraiza (con rango de capitán) y sus lugartenientes Benito Santesteban Martínez y Vicente Munárriz Sanz de Arellano (tenientes). Jaime del Burgo Torres sustituiría al primero, durante una decena de días, en octubre de 1936, coincidiendo con la saca de Monreal.
A sus órdenes trabajaban tres policías secretas del Requeté: Jaime Larrea Zufía, Ángel Sagardia Carricaburu y Miguel Goñi Aparicio. El primero de ellos, tras la unificación de abril de 1937, dirigió el Servicio de Información e Investigación de la FET de las JONS, siendo el autor y firmante de incontables informes sobre numerosísimos militantes izquierdistas y nacionalistas. Los informes generados por Larrea se cumplimentaron con datos recabados mediante aportaciones de los responsables locales del partido, del clero y de vecinos corrientes. Los responsables de la Sección de Investigación e Información de la Falange, según un artículo publicado en Arriba España el 21 de julio de 1938 por Lucio Arrieta sobre la historia de la Falange en Navarra, eran Ángel Lostao Itúrbide y Francisco Uranga Galdiano. Lostao era procurador de tribunales y falleció en diciembre de 1937. Francisco o Paco Uranga era ingeniero agrónomo desde 1928 por la Universidad de Madrid y profesor en la Escuela de Peritos Agrícolas de Villava. Hijo del terrateniente Miguel Uranga Esnaola, representó a la Federación Católico-Social Navarra en diversas organizaciones agrarias durante la República, siendo entre 1936 y 1943 vicepresidente de la Federación Agro-Social de Navarra. Formaba parte en 1932 del consejo de administración de la empresa editora de Diario de Navarra, figurando como secretario. Fue uno de los primeros falangistas en Navarra, con el carné número 2, participando en las primeras reuniones que, para la constitución de la Falange, se hicieron en la sede de dicho periódico en el verano de 1933, con algunos jonsistas, afincados en Tierra Estella, y colaboradores o personas importantes del organigrama de Diario de Navarra, como el sacerdote Fermín Izurdiaga, Jesús Irujo y Pedro Uranga. En ellas, decidieron impulsar un movimiento de tipo fascista pero genuina y esencialmente católico y español. En noviembre de 1933, constituida oficialmente la Falange, Francisco Uranga participaría en otras reuniones en las mismas oficinas de Diario de Navarra, con el estellés Julio Ruiz de Alda, número dos del partido a nivel estatal, y a las que también asistieron Izurdiaga y Pedro Uranga, y Luis Ortega, persona importante en el staff empresarial y editorial del periódico.
En los primeros meses de 1937 fue secretario provincial de Falange y ocuparía importantes cargos en el franquismo.
La dinámica represiva fundamentada en la confección de listas de los golpistas navarros se extendió posteriormente a Gipuzkoa y a Bizkaia. En una carta enviada por José Moreno Díaz, jefe provincial de la Falange en Navarra, el 18 de agosto de 1936 a Fermín Sanz Orrio, jefe local de la Falange en Tolosa, se ordenaba que tras entrar en San Sebastián los falangistas "no destrocen nada que nos pueda ser útil, y menos ficheros y documentos, puedan luego servir para el desbroce que necesita hacerse en el campo de los que militan en el frente o en la retaguardia de la anti-España".
DOCUMENTOS PARA LA REPRESIÓN
Tras la toma de Bilbao por las fuerzas franquistas se puso en marcha un servicio de recuperación de documentos con fines represivos que actuaría en las zonas que iba ocupando el ejército franquista. Puede pensarse que en su génesis participó Marcelino de Ulíbarri y Eguílaz, uno de los miembros de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, y que asumió desde mayo de 1937 varios puestos en el nuevo estado franquista para la represión de la masonería y el comunismo, dirigiendo desde 1938 la dirección de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. Ulíbarri escribió a Franco, de quien era muy amigo, una carta el 4 de agosto de 1937, mes y medio después de entrar en Bilbao, en la que expresaba la necesidad de asentar sobre bases sólidas el recién estrenado servicio de recuperación de documentos y en las que se marcaban las pautas por las que debía regirse y las relaciones que había de mantener con la Auditoría del Ejército de Ocupación. Asimismo, en una carta dirigida a Serrano Suñer el 24 de enero de 1938 Ulíbarri subrayaba la importancia de hacer requisas de documentos en los domicilios de los simpatizantes de las formaciones y sindicatos opuestos al golpe de Estado. Tras el verano de 1937 se aplicaría la misma mecánica de incautación de documentos en todas las zonas conquistadas, con lo que se completaría el Archivo de Salamanca que para agosto de 1938 contaba ya con un fichero de más de un millón de fichas. En ese archivo, trabajaron muchos navarros de confianza de Ulíbarri: de sus 397 trabajadores hasta 1944, 88 eran de Navarra y el 53,6% de afiliación conocida, carlistas. Varios navarros formarían parte de la media decena de las Brigadas de Recuperación de Documentos en las zonas conquistadas.
La aplicación de los castigos a partir de esa metodología represiva sería llevada a cabo en Bizkaia, entre otros, por Benito Santesteban, un destacado genocida carlista navarro. Tras la toma de la capital vizcaina sería nombrado, a instancias de la autoridad militar y de la Junta de Guerra Carlista de Vizcaya, presidida por don José María Oriol Urquijo, comandante jefe de las Milicias de Segunda Línea de Vizcaya, que tenía a su cargo, entre otros cometidos, la custodia de todas las prisiones de la provincia de Bizkaia, siendo designado al propio tiempo como afecto al Servicio de Orden Público del Gobierno Civil de dicha provincia. El mismo Santesteban confesó a Marino Ayerra su participación en miles de asesinatos en Navarra, en San Sebastián, en Bilbao y en Santander. A un pariente suyo le dijo en Bilbao en el verano de 1937: "Cuando termine esto, habrá que meterse en una pila de agua bendita del Vaticano, pero no habrá agua bendita que me limpie".
Fernando Mikelarena, en DEIA
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