El último informe del Observatorio fiscal de la Unión Europea (EUTAX), Have European banks left tax havens? Evidence from country-by-country data, ha colocado a dos bancos españoles en el punto de mira por una creciente evasión fiscal. Se trata del Banco Santander y el BBVA, cuya presencia en paraísos fiscales ha duplicado el beneficio de ambas entidades en tan solo unos años. Entre 2018 y 2020, el Banco Santander obtuvo un 1,3% de sus ganancias de los paraísos fiscales frente a al 0,5% en el anterior período —de 2014 a 2016—. Por su parte, dicha práctica aportó al BBVA el 1,9% de sus beneficios desde 2018 hasta 2020 frente al 0,9% previo.
La noticia no resulta sorprendente, ya que en noviembre de 2020 la organización Oxfam Intermón denunciaba la presencia de al menos 740 filiales de las empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales, entre las que se encontraba el Banco Santander —a la cabeza con 176 filiales— y el BBVA. La presencia en territorios offshore habría aportado a las dos entidades un ahorro de 134 millones de euros en impuestos, según estiman desde infoLibre. Un dinero que, por ende, no ha sido tributado en España y no ha podido emplearse en los servicios públicos e infraestructuras —los principales perjudicados de la evasión fiscal—que garantizan el bienestar del conjunto de la población.
El Banco Santander presenta, además, una gran peculiaridad al ser uno de los accionistas del Grupo PRISA. Pese a poseer poco más del 4% de las acciones, la entidad bancaria tiene un gran poder sobre el conglomerado de medios —del que forman parte medios informativos tan consolidados en España como El País o Cadena SER—. Como ya publicó LÚH, la familia Polanco —que en 2009 controlaba el 71% de las acciones— mantuvo su participación alrededor del 8% gracias a la entidad, que le concedió un crédito de 39 millones de euros cuya garantía eran las propias acciones del grupo. El poder del Banco Santander también está vinculado a su presidenta, Ana Botín, cuya relación con figuras de peso como Felipe González le otorgan una importante capacidad de influencia sobre otros accionistas que evita, en gran medida, la publicación de informaciones de puedan afectar al banco.
Por otro lado, el BBVA se ha situado en el foco de la polémica en los últimos meses por su presunta participación en el escándalo del excomisario Villarejo, al que podrían haber contratado desde la entidad para trabajos de espionaje. Una investigación que, el pasado mes de junio, llevaba al juez de la Audiencia Nacional a imputar a Joaquín Gortari, actual responsable de Auditoría Interna. Días más tarde, la Fiscalía Anticorrupción atribuía un delito de administración desleal a Francisco González —presidente del BBVA desde 2000 hasta 2018— que se sumaba a los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos por los que ya se le imputaba en relación a Villarejo. A mediados de julio, el juez hacía suya la petición de la Fiscalía e imputaba también al responsable de Comunicación de BBVA, Pablo García Tobin, por participar en la trama. Actualmente, la investigación se encuentra en la fase final y en 2022 se decidirá qué imputados serán finalmente llevados a juicio.
A la sombra que acecha a ambas entidades cabe añadir los ERE de los que han sido ejecutores. El Expediente de Regulación de Empleo del BBVA supone la salida de 2.935 trabajadores —dejando así la plantilla en mínimos desde su creación con el drástico recorte y cerrando 480 sucursales— pese a obtener unas ganancias que alcanzaron 1.305 millones de euros el año anterior. Por su parte, el Banco Santander —que ya podría tener previsto otro ERE para 2022— prescindía este año de 3.572 empleados a través de los despidos colectivos. A dicha polémica se suma el informe con el que la organización británica ShareAction señalaba a las dos entidades y CaixaBank por no cumplir en acción climática y de sostenibilidad mediante estrategias integrales.
Lorena Gómez, en La Última Hora
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