La pregunta es muy simple y el hecho de que no tenga respuesta es muy revelador: ¿qué día se terminó la dictadura en España?
Si hacemos la misma pregunta en Portugal la respuesta es clarísima: el 25 de abril de 1974. Si la hacemos en Sudáfrica nos dirán que el 17 de junio de 1991, cuando el parlamento abolió la ‘Population Registration Act’ y las demás leyes del ‘apartheid’, tres años antes de la victoria electoral de Nelson Mandela. Si hablamos de Estonia deberíamos ir a parar a la ‘Declaración de Soberanía’ del 16 de noviembre de 1988, cuatro años antes del reconocimiento de la independencia, cuando se rechazaron las leyes soviéticas y las instituciones del país se transformaron de arriba a bajo. Y así podríamos continuar por todo el mundo. Incluso en las circunstancias más difíciles ha habido un momento en que el nuevo régimen ha roto completamente con el pasado para poder hacer ‘borrón y cuenta nueva’. Y en la mayor parte de casos no sólo se ha roto con el pasado dictatorial sino que se lo ha juzgado y condenado. En España esto no ha pasado nunca.
Y es a partir de esta anomalía como a Pablo Iglesias los postfranquistas le envolvieron ayer, jugando hábilmente, hasta que él cayó de bruces en la trampa. Su padre fue militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), una organización armada comunista que luchó contra el franquismo hasta 1978, aunque nunca ha comunicado oficialmente la disolución. Tres de los militantes de la organización, Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, formaron parte, con dos miembros de ETA, del último grupo de presos políticos fusilados por Franco, el 27 de septiembre de 1975. De manera oficial, al FRAP se le atribuyen entre cinco y ocho muertos en atentados, todos policías. Pero la organización combinaba la lucha armada con el activismo político en la calle y en 1973, en una detención de miembros de este grupo que repartían panfletos -no hacían ninguna actividad armada-, fue detenido el padre de Pablo Iglesias, Francisco Javier Iglesias. Nunca fue condenado porque la ley de amnistía hizo que lo liberasen y se cerró la causa.
Haber sido del FRAP en los años setenta no hace de nadie una persona mejor o peor hoy: Rafael Blasco, consejero valenciano del PP encerrado por corrupción, también había sido del FRAP. Pero haber sido miembro del FRAP en los años setenta sí certifica un compromiso con la lucha democrática en un momento dificilísimo, que nadie puede menospreciar y que habría que honrar en todo momento.
Sin embargo, ayer Cayetana Álvarez de Toledo usó esta honorable militancia para desatar un ataque brutal y perfectamente intencionado contra Pablo Iglesias en el Parlamento español, ataque que forma parte de este movimiento golpista que llevamos describiendo hace días. Presentó a Iglesias como el hijo de un terrorista, a partir de una lógica difícil de rebatir, vistos los errores que todos estos decenios han cometido los partidos demócratas, y que ayer dejó en una posición muy incómoda a Iglesias y a Meritxell Batet. Según Álvarez de Toledo, si el FRAP se considera una organización terrorista, entonces el padre de Iglesias, por más que fuera detenido porque repartía octavillas contra una dictadura, no es ningún luchador por la libertad sino un terrorista. Y pensamos qué significa esto en el Estado español, y aún más en la situación actual.
Una comparación puede explicarlo bien. Se podría decir también que Nelson Mandela era un terrorista. Fue el dirigente y fundador de ‘Umkhonto we Sizwe’ (‘La lanza de la nación’) considerada desde 1961 como una organización terrorista por el gobierno de Sudáfrica. Las cifras oficiales le atribuyen 130 muertos en acciones armadas, treinta de los cuales policías y el resto civiles, mayoritariamente negros. Pero, sin embargo, es evidente que no hay nadie en el mundo que defienda que Nelson Mandela deba ser considerado un terrorista. Luchó por la democracia y la libertad de su país utilizando, durante varios años, la violencia. Pero esta violencia era una respuesta justificada a la violencia de la dictadura y por lo tanto a nadie se le pasa por la cabeza que se pueda equiparar al concepto de terrorismo que se utiliza hoy. Ni a Cayetana Álvarez se le ocurriría decirlo.
¿Cuál es la diferencia, pues? Que en Sudáfrica no hay confusión alguna en esta cuestión, porque el corte entre la dictadura y la democracia es limpio. En cambio, este corte es inexistente en el Estado español. Como no hubo ningún corte y el régimen se perpetuó con un cambio de formas, cada vez que al régimen le interese estará en condiciones de hacer pasar gato por liebre. Y así Fraga, que formaba parte del Consejo de Ministros que dio el visto bueno a la ejecución de Julián Grimau, es un constitucionalista que hay que ensalzar, mientras que el padre de Iglesias, que luchaba por la libertad, es un terrorista que no sólo hay que condenar sino que condena a su hijo. Simplemente, los franquistas mantienen el control del relato porque nunca nadie, especialmente los socialistas, ha visto seriamente la necesidad de revisar el pasado, de reescribirlo, de honrar a los luchadores por la democracia, de castigar a los cómplices de la dictadura y hacer justicia. Y por eso pasa todo esto que pasa.
Tercer jefe de la Guardia Civil apartado o destituido, no se sabe, ayer. Busquen en un diccionario la palabra ‘cuartelazo’, que es de esos que el español ha regalado a todas las lenguas del mundo…
Vicent Partal, en vilaweb
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