lunes, 3 de septiembre de 2012

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE NO DEBIERON EXISTIR


El escenario de la crisis ha facilitado que las voces del nacionalismo españolista se cuelen progresistas, siempre con los inefables tertulianos todólogos, impulsado por políticos de tirón publicitario, como Esperanza Aguirre o Rosa Díez, y tantos otros, e incluso escritores de best seller, lo cierto es que el reaccionario nacionalismo español se aventura a hablar sin medias tintas sobre la necesidad de acabar con los comunidades autónomas,  volviendo a centralizar el poder en Madrid. Y su calado tiene, gracias a la abundancia de impresentable personal político que trepa por aquí y por allá, en esta monarquía parlamentaria hecha a medida del oportunismo político a la carta.
En los argumentos de la vuelta al estado central no andarían del todo descaminados los abanderados del españolismo, si al menos tuvieran la decencia de reconocer que el invento de las diecisiete autonomías fue una propuesta de ellos mismos, en el momento de la transición, para rebajar el contenido político de las nacionalidades que entonces reclamaban su derecho a gobernarse en razón a su naturaleza nacional. Sólo Galiza, Paisos Catalans, Euskal Herria, Andalucía y Canarias reclamaban su derecho de autodeterminación y su intención de constituirse en naciones políticas.
El españolismo entonces inventó lo que en la época se llamó el café para todos. Consistía en disimular los problemas del estado plurinacional escondiéndolos en una descentralización administrativa de diecisiete regiones, que pudiese ser presentada ante los sectores ultras, sobre todo al ejército, como una nueva vertebración de la irrompible unidad de destino en lo universal que era la nación española.
Ahora, en épocas de vacas flacas, se han dado cuenta que el remedio fue peor que le enfermedad. El asunto es que han propagado, con el experimento de las diecisiete autonomías, una corrupción política generalizada a la sombra de los poderes regionales. Los intereses materiales originados entorno a las administraciones autonómicas son difíciles de disolver, bajo pena de percibir como se le rebela gente de sus mismos partidos y confesiones. Queriendo solucionar un problema terminaron creando dos. El que ya tenían al no querer reconocer la naturaleza plurinacional del estado español. Y el de las tramas de intereses regionales que han inflado, y que han devenido en una nueva casta política, que no está dispuesta a dejar de disfrutar de sus áreas de poder subestatal.
La reforma del estado central conduce a racionalizar las administraciones. Supresión del senado, delegaciones del gobierno y diputaciones, concentración de ayuntamientos, control sobre personal asesor, entre otras medidas. Disolución de las comunidades autónomas que nunca debieron existir -las 12 restantes no citadas aquí- y recentralización del conjunto de la nación española en una comunidad autónoma. Así se tomaría el camino de la cordura tras tres décadas de disimulo identitario. El estado español debería de asumir alguna vez que es un estado complejo en el que hay seis naciones político-culturales con derecho a autogobernarse.

Domingo Gari, en Canarias Semanal

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