Hay muchas cosas sospechosas en torno al caso Zamora. Pero quizá la más inexplicable sea la cantidad de veces que la Guardia Civil, el cuerpo policial responsable de que a Patxi Zamora lo echaran de Iberia, ha cambiado de versión.
Desde 2017, año en el que comenzó la pesadilla del periodista y auxiliar de vuelo navarro, la Guardia Civil ha sostenido, al menos, cuatro versiones: del primer "apto" de noviembre de 2017 al "no apto" de diez días después, pasando por el informe de dos líneas en el que se le vincula con "entornos potencialmente peligrosos" y la respuesta del Gobierno de España, que en marzo de 2021 dijo que el informe negativo está motivado por la participación de Zamora en unas listas electorales de la izquierda abertzale en 2017. Un vaivén de versiones, todas ellas llenas de incongruencias cuando no ilegales –nunca un juez democrático admitirá una causa política como razón para denegar un permiso de trabajo–, que hacen pensar lo peor: que la causa contra Zamora no tiene una verdadera justificación laboral, sino que responde a una venganza instigada desde alguna esfera de poder.
El volteretón de noviembre de 2017 –ese cambio de apto a no apto en diez días– estuvo sucedido por el despido de Iberia. La Guardia Civil es la responsable de acreditar a los trabajadores de las aerolíneas, y sin la tarjeta de vuelo –que Zamora renovó durante tres décadas sin problema– la aerolínea española despidió al navarro. Era enero de 2018. A Zamora le costó diez meses y varios procesos en el juzgado conocer los motivos: en octubre, la Guardia Civil reconoce en un informe de dos líneas que el periodista navarro es cercano a entornos "potencialmente peligrosos", y ahí lo deja.
El punto de inflexión se produjo hace bien pocos. El Gobierno de España reconoce, en una respuesta a una pregunta escrita formulada por el PNV en el Congreso, que el despido de Zamora se produce porque el navarro participó, en 2007, en las listas electorales de ANV. Es decir, por su adscripción ideológica, algo expresamente prohibido por la Constitución. Un apunte para la reflexión de los propios creadores de la coartada: el Gobierno se remonta a 2007 para justificar el despido. Más de diez años en los que Zamora trabajó sin ningún problema y sin representar ningún peligro. Y, si bien no es propiamente un cambio de versión, que la Guardia Civil se escude en que no tiene por qué permitirle a Zamora consultar su propio expediente habla poco de la voluntad de transparencia en un errático proceso que va camino del escándalo.
A. Irisarri, en Diario de Noticias
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