Miguel Sanz, Yolanda Barcina y Álvaro Miranda disponían de la información necesaria para discernir los riesgos que entrañaba la fusión de Banca Cívica. Durante las dobles y triples reuniones de la Comisión Permanente y la Junta de Entidades Fundadoras recibieron la información desagregada que confirmaba la peor calidad del activo y por lo tanto la mayor morosidad de las entidades con las que, a partir de 2009, decidió asociarse Caja Navarra. Estos datos dejaron de ser publicados en el momento de abordar la fusión, un hecho que dificultó el análisis de la idoneidad de los socios escogidos.
A pesar de ello, las actas entregadas a la juez no reflejan que ninguno de los tres integrantes de la permanente -a la que se incorporó posteriormente Enrique Maya- mostrase objeción alguna al proyecto. De hecho, en sus declaraciones públicas, los tres cargos de UPN se movieron entre el apoyo explícito al proyecto o la elusión de responsabilidades bajo el argumento de que Caja Navarra y Banca Cívica eran entidades privadas. En esa época (2010 y 2011) los tres habían abandonado el consejo de administración y la comisión de control de Caja Navarra, pero seguían cobrando dietas abundantes de la entidad merced a su presencia en la comisión permanente de la Can, hoy en los tribunales.
Sanz, entonces presidente del Gobierno; Miranda, vicepresidente y consejero de Economía (con competencias directas sobre la entidad) y Yolanda Barcina, alcaidesa, disponían de datos esenciales que dejaron de ser publicados cuando Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos crearon Banca Cívica a finales de 2009. Se trata de los datos de morosidad de la propia Caja Navarra, que mostraban un mejor comportamiento de la entidad foral frente a sus socias de Banca Cívica. A mediados de 2010, justo antes del suspenso en los test de estrés, la morosidad de Caja Navarra era del 3,43%, frente a una media del 4,51% en el conjunto de Banca Cívica. Teniendo en cuenta el tamaño de Can y el de sus socias, cabe suponer que tanto Caja Canarias como Caja Burgos superaba ya entonces el 5% de mora.
Los tres eran conscientes además -los directivos de la caja se habían encargado de repetirlo en los meses anteriores- de que la morosidad, junto a la solvencia, era un dato clave, que iba a marcar el futuro de las entidades, al obligar a consumir los recursos propios. De éstos, además, Caja Navarra no estaba sobrada: si Banca Cívica se movía en un 9,6% de solvencia, Can apenas rozaba el 9,3%. Estos datos son comunicados a la Junta de Entidades Fundadoras en su reunión del 23 de julio de 2010.
Pese a ello, el rumbo de la entidad sigue sin ser cuestionado en los meses siguientes. Ni siquiera cuando en el otoño de 2010 se anuncia la entrada en el proyecto de Cajasol, una entidad de la que no llegan sino malas noticias y que, a finales de 2009, último periodo del que comunica datos, reconoce ya una morosidad del 4,8%. La solvencia de la entidad andaluza en este momento, medida en términos de core capital, se quedaba en el 7,7%, casi un punto por debajo del de Banca Cívica y la propia Caja Navarra.
Solo tres meses después, el 1 de marzo de 2011, los miembros de la comisión permanente vuelven a ser informados de la situación económica de Banca Cívica y de Caja Navarra. En esa sesión conocen que la tasa de morosidad de Caja Navarra es de apenas el 3,18%, cuando la de Banca Cívica supera ya el 5,74% impulsada por la entrada de la entidad financiera andaluza y por las otras dos cajas, que tampoco ofrecen datos individualizados pero que superan ya ampliamente el 6% de media. Esto se refleja asimismo en los datos de solvencia, que también son datos a conocer a los miembros de la Permanente mientras son ocultados a la opinión pública. Mientras Banca Cívica cierra en apenas el 8,05%, Can ronda el 9,31%.
Todo esto lo conocen los miembros de la permanente en los meses previos al traspaso del 100% del negocio a Banca Cívica y la posterior salida a Bolsa. Es el punto de no retorno definitivo y crecen las voces que alertan de la gravedad del paso, entre ellas la de Lorenzo Riezu, anterior director de la entidad. Ni Sanz, ni Barcina ni Miranda, que tenían capacidad reconocida para elaborar informes dentro de la Junta, muestran la menor duda sobre el rumbo emprendido.
Diario de Noticias
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