"Podríamos decir que los hondureños, ahora mismo, vivimos en medio de un despelote”. Con estas palabras describe la coordinadora general del COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), Bertha Oliva, la caótica realidad en la que está instalado su país, donde los asesinatos, las torturas y la censura contra quienes tratan de denunciar que las recurrentes violaciones de derechos fundamentales por parte de las autoridades competentes son delitos cada vez más habituales.
Al igual que sucedió en países como Argentina, Uruguay o Brasil, los hondureños durante los años 80 también fueron víctimas de la Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos, con la particularidad de que las torturas y las desapariciones forzadas se dieron mientras transitaban hacia la democracia. “Eso es lo peor que le puede pasar a un país como Honduras –explica Oliva-. Mientras había una declaratoria de guerra en otros países latinoamericanos, en Honduras había una guerra no oficial. Y eso es lo que ha fortalecido la impunidad”. Este es el motivo por el que tanto a las víctimas sobrevivientes como a sus familiares les costó tanto que el Estado reconociera que estaba cometiendo prácticas ilegales y crímenes de lesa humanidad.
Los obstáculos con los que tanto COFADEH como el resto de asociaciones en defensa de los Derechos Humanos se han encontrado –“trabajamos en un entorno de desconocimiento generalizado, por lo que la preocupación o la solidaridad de la comunidad internacional nunca iba dirigida a Honduras”- es lo que, según relata Bertha Oliva, ha llevado al país al colapso en el que se encuentra en la actualidad. “Los impunes de los años 80 son los mismos que están ahora gobernando el país”, señala. Este hecho ha provocado que, según describe Oliva, la realidad actual de Honduras resulte estremecedora.
“Están instaurando el terror para poder paralizar a la sociedad. Y eso el Estado lo ha venido logrando durante los últimos cinco años, después del último golpe militar, con las ejecuciones arbitrarias y sumarias, con las torturas”. La coordinadora general de COFADEH cuenta que lo que la ONU define como “ejecuciones arbitrarias y sumarias” son, en realidad, “asesinatos con motivaciones políticas”. Unos asesinatos que, tal y como denuncian diversas organizaciones pro-derechos humanos, son cometidos por “grupos paramilitares, empresas privadas, las mismas fuerzas de seguridad internas y las fuerzas militares extranjeras. El nivel de impunidad es tal que andan por la calle, te patean, te detienen y si es posible te disparan porque saben que no les va a pasar nada”.
Para ilustrar esta impunidad, Bertha Oliva pone dos ejemplos. El primero tiene que ver con el expresidente Manuel Zelaya, actual diputado por el Partido de Libertad y Refundación (Libre), quien fue víctima del golpe de Estado de hace cinco años. El pasado 13 de mayo se iba a discutir en el Congreso el nombramiento y elección de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. “El Gobierno dio orden a la policía de que no dejaran entrar a nadie de Libre. Cuando Zelaya, junto con otros diputados, quisieron pasar al Congreso, la policía los golpeó. Fue algo público y, sin embargo, no ha pasado nada”.
El segundo de los ejemplos que pone ocurrió unos días antes de que Oliva emprendiera su viaje a Bruselas, donde había sido invitada por la Unión Europea a un foro por los diez años sobre las directrices de DDHH para hablar como ponente sobre ejecuciones arbitrarias y sumarias y la desaparición forzada. El director de una ONG que trabaja con personas en riesgo de exclusión social publicó, a principios de mayo, un informe en el que denunciaba que mensualmente son asesinados 80 jóvenes de entre 14 y 22 años. “Estas cifras se limitan a las personas en riesgo de exclusión, no abarca el resto de jóvenes del país, si no el número de asesinatos sería muchísimo mayor”, destaca.
Como consecuencia de la publicación de este informe “las fuerzas militares y policiales lo detuvieron y le dieron una gran golpiza para después detenerlo ilegalmente. El día que vine a Europa aún estaba en cuidados intensivos de un centro hospitalario. La excusa que dio la policía es que lo detuvieron porque conducía ebrio. No era verdad porque yo estuve con él toda esa noche, pero si hubiera sido cierto, no justifica que las autoridades se conviertan en un peligro mayor que el que puede generar una persona que conduce ebria”. Este contexto es lo que lleva a Oliva a concluir que “lo que se vivió en los días del golpe de Estado fue grave, pero lo que está sucediendo ahorita lo es aún más, porque es la consolidación de una dictadura disfrazada de democracia, que es lo peor que le puede pasar a un país”.
Las asociaciones en defensa de los Derechos Humanos hondureñas han denunciado que es el mismo Gobierno el que está generando inseguridad. “La inseguridad y la violencia las usan para justificar la presencia de los militares en las calles y, en algún momento, justificar también la intervención estadounidense en el país”. Un régimen del terror que recuerda, tanto en el modo de implantarse como en el objetivo, a lo sucedido en Latinoamérica durante los años 70 y 80 y que Naomí Klein definió como la Doctrina del Shock. “Su principal interés es preservar los negocios de los grandes inversionistas. El subsuelo de Honduras es muy rico y van a tratar de explotarlo sin ningún proceso de consulta, sin respeto a la voluntad popular. Han sustituido, mediante la fuerza, la voluntad popular por sometimiento y han impuesto el terror como forma de vida para que se vayan cerrando los espacios de solidaridad y de exigencia que se han estado generado desde el golpe”, denuncia Oliva.
Desde su punto de vista, fueron varios los motivos por los que decidieron dar el golpe de Estado en Honduras. “No fue solamente producto de las actuaciones del gobierno de Zelaya sino de la geopolítica. Lo escogieron porque tanto Estados Unidos como sus halconcitos en el país, sus aliados económicos, creyeron que sería donde más fácilmente iban a someter a la gente e instalar su verdad”. Para Bertha Oliva, “la empresa privada jugó un papel importantísimo y determinante en el golpe. Pero sin el respaldo y la estrategia de EEUU, no hubiera podido cuajar”.
El objetivo prioritario del gobierno estadounidense, según Oliva, era detener todo lo relacionado con el Alba, un proyecto que impulsó la Venezuela de Chávez. “Pensaron que sólo habría tres días de protesta en las calles, porque nos iban a meter represión, y una semana de reclamaciones. Pero ahí hicieron un análisis muy malo. La rebelión del pueblo hondureño, con esa convicción de no-violencia pero sí con mucha indignación, no la esperaban. Y es donde se dieron cuenta de que no les funcionó la cortina de humo que había planificado para que la comunidad internacional no se viera obligada a reconocer que se había dado un golpe de Estado”.
Como suele ser habitual, el rol que desempeñaron los medios de comunicación tanto en este momento crucial para Honduras como en la actualidad, es vital para que se puedan seguir vulnerando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. “Jugaron un papel fundamental a favor de la barbarie. Se convirtieron en voceros. Primero negaron que estuvieran dando un golpe de Estado y, cuando fue demasiado evidente, lo defendieron, igual que justifican lo que está ocurriendo ahora. Para colmo, son lo suficientemente cínicos como para dar lecciones de transparencia y de buenas prácticas cuando todos sabemos que son el caldo de cultivo para someter al pueblo”. Durante los meses previos al golpe de Estado, “crearon una imagen distorsionada de la realidad. Fabricaron un clima adverso para el presidente Zelaya; iniciaron una campaña de odio, de desprestigio y de descalificación llamativa”.
Fue, precisamente, a partir de este momento cuando Honduras pudo profundizar en las reformas que estaba buscando cuando, instigados y apoyados por Estados Unidos, las fuerzas militares y las empresas privadas dieron el golpe de Estado. “Se han aprobado leyes que solamente benefician a los inversores extranjeros y a los intereses de la oligarquía local”. Un ejemplo de ello es el tratado de Libre Comercio que firmaron con Canadá –“que deja a Honduras en una situación de profunda indefensión frente a sus abusos”- o la Ley de las Ciudades de Desarrollo. “En la práctica es la entrega de nuestros territorios a inversionistas internacionales. Van a crear su propio modelo de ciudad bajo sus propias leyes, y van a despojar a las comunidades de sus pertenencias, de sus recursos”.
Para tratar de impedir que las asociaciones en defensa de los DDHH denuncien lo que se vive actualmente y reivindiquen memoria y justicia, y dado que no tienen acceso a los medios, el Gobierno ha decidido censurar las comunicaciones. Bertha Oliva cuenta que, recientemente, ha aprobado una ley que permite que, en nombre de la seguridad nacional, puedan llegar a dejar sin comunicación a los ciudadanos. “Pueden intervenirnos el teléfono o la computadora, todo el sistema de comunicación que tenemos por medio de las redes. Pueden declarar que ponemos en peligro al país y espiar nuestros correos electrónicos o nuestros contactos e, incluso, dejarnos sin comunicaciones. Y no podemos reclamar que están violando nuestro derecho a la intimidad porque la seguridad del país está por encima del individuo”.
A pesar de las dificultades con las que se llevan encontrando desde hace ahora 30 años, los miembros de COFADEH no han dejado de trabajar. “Iniciamos procesos de capacitación, de organización, de creación de redes de DDHH, de procuradores y comunicadores y lo articulamos a nivel nacional. Creamos conciencia sin que el Estado se diera cuenta y logramos tener tanta influencia que colocamos en su agenda la problemática de los DDHH. Creo que esto es algo muy positivo para rescatar”. Una vez conseguido esto, su próximo objetivo es que las instituciones públicas pasen de la teoría a la práctica. “Por ahora no se está haciendo nada respecto al tutelaje de los DDHH. Es el momento en el que estamos ahora: hay un Gobierno impune por un lado, y una sociedad reclamando sus derechos. El Estado ya vio la necesidad de desarticularlo en sus reivindicaciones y en sus demandas, que es lo que está instalado ahora”, relata Oliva.
Pero va a ser complicado que puedan conseguirlo sin el apoyo de la comunidad internacional. “Si no actúan ya, puede que luego sea demasiado tarde. Si no hay respeto de los DDHH en la práctica, que no colaboren con ellos. Los gobiernos internacionales gastaron mucha plata (que no es suya, sino de los ciudadanos) para la seguridad interior y las fuerzas militares y los resultados no se ven. Pero además invirtieron plata para proteger los DDHH y lo que se está viendo es un repunte en la vulneración de esos derechos. ¿Cómo puede ser que a pesar de ello los sigan apoyando?”, concluye.
La Marea
