Más folletín que novela de suspense, el último trayecto hasta la fecha límite del estado de alarma ha bordeado las lindes del disparate. Lejos de haber conseguido doblegar al covíd-19, el responsable máximo de la gestión sanitaria, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, decidió no prolongar ni un día más la excepcionalidad que para frenar la pandemia autorizaba coartar derechos fundamentales. Pero no hay que perder de vista que la decisión de Sánchez no se ha debido a la victoria sobre el coronavirus, ni mucho menos, sino a su urgencia por quitarse de las manos la patata caliente y no exponerse a las arremetidas de la oposición si la prolongación del estado de alarma se llevase al Congreso. Y si a ese temor se le añaden las presiones del lobby hostelero, los tours operadores y los poderes económicos, el presidente español se hizo a un lado.
A ningún gobernante le viene bien anunciar o decidir circunstancias negativas, y Pedro Sánchez ha derivado la imposición de restricciones a las respectivas autoridades autonómicas y que ellas se coman el marrón. El lehendakari Iñigo Urkullu ha demandado hasta la extenuación a Sánchez que prolongase el estado de alarma, pero como si oyera llover, que quien se quiera mojar allá él, que a lo más que estaba dispuesto a llegar era a poner el Tribunal Supremo a disposición de los gobiernos autonómicos por si a la rana le crece pelo y el alto tribunal pudiera frenar los previsibles autos denegatorios de los tribunales autonómicos. La solución Sánchez ha sido lavarse las manos y salga el sol –o el covid- por donde quiera. Vistos los antecedentes descabellados del juez Garrido cuando aún se contaba con el paraguas de la alarma y el pronunciamiento negativo de la fiscalía, estaba cantada la decisión del TSJPV.
El lehendakari Urkullu ya advirtió que no está dispuesto a recurrir al TS; para qué persistir en la incertidumbre, para qué permanecer al albur de los predecibles recursos de fiscalía, para qué seguir de tribunal en tribunal, de señoría en señoría, instalados en la inseguridad mientras se escapa de las manos el control de la pandemia. Urkullu no ha podido ir más lejos y ha decretado con el LABI una normativa de máximos, no sin el recelo de que cualquier señoría pueda echarla atrás. Siempre habrá algún sector que se crea perjudicado y presente su recurso, y siempre habrá alguna señoría que lo admita a trámite. Y así estamos, en el caos, porque el marrón que se ha quitado de encima Pedro Sánchez anda de tribunal en tribunal y, para colmo, no todas sus señorías deciden lo mismo.
La realidad es que a partir de las cero horas de hoy esto puede convertirse en un desmadre de reprimidos que estaban ya preparando la parranda a partir de las 24 horas del sábado, de bares que abren a media noche, de domingueros contenidos de viajar por viajar, de fiestas multiplicadas al infinito imposibles de vigilar... Sus señorías mandan, han mandado, y sólo nos queda invocar por enésima vez a la sensatez y la responsabilidad de las personas solidarias, que son la mayoría pero que hasta ahora no han podido evitar la suma diaria de contagiados y de muertos. Y, de paso, continuará la condena a reclusión perpetua de los usuarios de residencias, confinados en sus cuatro paredes mientras no se reduzcan los índices de la pandemia. Pero esto, este triste panorama, no es cosa de sus señorías. Lo suyo es la ley.
Pablo Muñoz, en Diario de Noticias
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